Otro instituto de la Rey Juan Carlos tiene 700.000 euros en subvenciones sin justificar

El Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales, uno de los organismos asociados a la Universidad Rey Juan Carlos tiene pendientes de devolver 670.000 euros de los 770.000 que le concedió entre 2008 y 2011 la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) para llevar a cabo tres proyectos en Mauritania. 

Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, entre las partidas mal justificadas y los intereses de demora que carga la agencia pública, la AECID reclama al instituto de la Universidad Rey Juan Carlos, similar al que organizó el máster de Cristina Cifuentes, el 90% de los fondos que proporcionó para desarrollar programas de igualdad en ese país africano. Uno de los expedientes está ya en manos de los tribunales después de que el organismo dependiente de la Universidad haya acudido a la vía del contencioso-administrativo por discrepancias en la devolución de los fondos. 

La primera de las acciones que AECID subvencionó al Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales fue el Libro Blanco sobre la descentralización en Mauritania en el año 2008. El organismo de la Universidad Rey Juan Carlos lo justificó como “un diagnóstico de la realidad de las administraciones públicas mauritanas en relación con su población y su territorio con el objetivo final de que el mismo sirva de base firme para el desarrollo y puesta en marcha de políticas coherentes y efectivas en materia de descentralización, tanto por parte del Gobierno mauritano como por parte de acciones y programas internacionales”. El tiempo de aplicación era de 19 meses y 20 días y se estipulaba un presupuesto de 303.600 euros. 

Según la información de los expedientes en poder de eldiario.es, el instituto no justificó adecuadamente buena parte de los gastos y esas cantidades sumadas a los intereses han llevado a la AECID a reclamar la práctica totalidad de la ayuda. El instituto pleitea ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para evitar su devolución. 

También a Mauritania estaba dirigido el proyecto de “Fortalecimiento del Dinamismo Municipal de Brakna y Trarza” que contó también con ayudas públicas por 347.304 euros. El objetivo, tal y como lo definió el organismo de la Rey Juan Carlos, era “una intervención de refuerzo de las instituciones de las colectividades locales y de sus servicios” con la “finalidad última de favorecer y fortalecer el desarrollo de la descentralización en Mauritania”. Este expediente se encuentra “en fase de reintegro”, según fuentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional. La suma que se reclama en este expediente es de 300.000 euros, entre gastos mal justificados y atrasos. 

Todavía hay un tercer proyecto del Instituto en el que AECID detectó irregularidades en la justificación de fondos. Se trata de un plan sobre “Estado de Derecho y Mujer en Mauritania”, que buscaba “promover y fomentar la participación de mujeres en la escena pública y la vida política del país” con una duración estimada de 18 meses y un presupuesto de 120.000 euros. La agencia ha abierto otro procedimiento de devolución por 70.000 euros. 

Fuentes de AECID señalan que la política de ayudas de la agencia conlleva un trabajo de fiscalización en el que participa el personal de la red de 31 oficinas técnicas de cooperación “en contacto permanente con las instituciones que ejecutan los proyectos para hacer seguimiento de los mismos y efectúa visitas con regularidad para comprobar in situ la correcta ejecución de los proyectos”. Además, una consultora externa valora “la adecuada justificación [de los gastos] y emite un informe”. En los tres proyectos sufragados al instituto de la Universidad Rey Juan Carlos, la agencia ha iniciado otros tantos procedimientos. Uno de ellos se encuentra en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia Madrid.

Fuentes de AECID señalan a eldiario.es que “el inicio de un procedimiento de reintegro no significa que el proyecto subvencionado se haya gestionado mal, sino que falta documentación por justificar que puede ser desde comprobaciones de gasto en la parte económica hasta otros documentos como material gráfico o cuestionas técnicas”. 

Los 770.000 euros que recibió de AECID no fue el único dinero público que recibió el instituto. La Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Educación reconoce haber subvencionado al instituto con 261.115 euros entre 2006 y 2008 a través de tres “convenios para financiar proyectos de cooperación en Mauritania”. De esa cifra, Educación ha exigido y recuperado un 9% del total: 24.390,06 euros, “porque no se justificaron las cantidades” recibidas.

En 2006, el instituto recibió 50.140 euros para un proyecto relativo a la “Promoción de la Participación Política y del Estatuto Jurídico de las Mujeres en Mauritania”. Hubo una primera propuesta de reintegro que, según Educación, “se archivó” el 23 de diciembre de 2011, sin precisar las razones. 

Por el segundo convenio (2007) el instituto recibió 110.975 euros para un proyecto sobre “Estado de Derecho y Mujer en Mauritania. Fortalecimiento del Liderazgo y de las políticas de Base”. En este caso, sí hubo devolución de fondos no justificados: un total de 19.349,66 euros, de los que 14.154,27 euros corresponden al principal no justificado (gastos corrientes) y 5.195,39 euros, a intereses de demora, según la sentencia en la que el TSJM rechazó en 2016 el recurso del instituto contra la resolución que le obligaba a reintegrar esos fundos. La ayuda fue devuelta el pasado 13 de noviembre. Educación asegura que “al haberse pagado la deuda no ha cabido ningún tipo de recurso”.

El tercer proyecto, de 2008, se llamaba “Estado de Derecho y Mujer en Mauritania. Asistencia técnica municipal y fortalecimiento institucional con perspectiva de género”. Fue subvencionado con 100.000 euros de los que se reintegraron 5.040,4 euros en abril de 2015.

La consejería explica que estas subvenciones estaban aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y figuraban en una relación incluida en el Plan Anual de Cooperación correspondiente a cada año. Posteriormente, “la Intervención Delegada fiscalizaba dichos convenios, es decir, comprobaba que se ajustaban a la legalidad, en su forma y su contenido, tras el informe favorable del Servicio Jurídico, verificaba que la entidad beneficiaria y su representante cumplían los requisitos para la firma y daba vía libre a los pagos mediante la tramitación de los documentos contables”.

El director del instituto, Bruno Aguilera, explica a eldiario.es que en los trabajos desarrollados en Mauritania su organismo dedicó “hasta el último céntimo de las subvenciones” a los programas y se muestra satisfecho con la labor realizada: “Llegamos a Mauritania que en 2006 se encontraba en un proceso de democratización y nuestro cometido era desarrollar un programa de mujeres candidatas. A raíz de esa experiencia nos empezaron a llamar el ministerio del Interior de Mauritania y completamos tres programas financiados por la Comunidad de Madrid y otros tantos por AECID. No puede decirse que seamos una ONG pero hemos hecho una buena labor, hemos formado a alcaldesas y concejalas mujeres en zonas conflictivas de Mauritania. Nuestra gente se ha jugado la vida allí, había atentados yihadistas y golpes de Estado”.

Precisamente esa situación de inestabilidad que vivió el país africano es la que alega el instituto de la universidad pública madrileña para explicar los posibles fallos en la justificación de los programas y la burocracia que llevan aparejadas las ayudas públicas. El director de este organismo explica que los gastos estaban amparados por facturas pero que la situación de Mauritania hacía imposible cumplir con todos los requisitos que exigen las administraciones españolas. “Los programas de Comunidad de Madrid se justificaron, hubo algún problema y al final se abonó la cantidad que se nos pidió tras una sentencia en el contencioso administrativo. En Mauritania sufrimos un golpe de Estado y no siempre se podían obtener las facturas, los albaranes, como pedían las instituciones. Mantenemos discrepancias con AECID pero confiamos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y creemos que hay base para determinar que los procedimientos de reintegro están prescritos”.

Aguilera se queja de que los procedimientos de la Agencia Española de Cooperación “parecen pensados para sacar tajada de todo esto porque su decisión de retrasar al máximo el procedimiento de reintegro y dejar pasar años tras los proyectos les ayuda a cobrar después el mayor número de intereses”. 

El máximo responsable del instituto alega que su organismo no ha consumido ni un euro de la universidad Rey Juan Carlos, que su principal objetivo es formar a alumnos y profesores en el extranjero y que si al final acaban teniendo que pagar los 700.000 euros que le reclaman las distintas instituciones, lo harán “con fondos propios”.