La sanidad pública, en manos de fondos de inversión y empresas que cotizan en bolsa
Cuando se habla de sostenibilidad del sistema público sanitario, ¿de qué se está hablando? Cuando alguien soporta una espera prolongada para operarse o realizarse una prueba diagnóstica, ¿dónde está el núcleo del problema? Al esgrimir los responsables políticos los “gastos sanitarios”, ¿A qué balances económicos se están refieriendo?
Este martes la corporación estadounidense Centene confirmó que se hacía con el 50% de la empresa española Ribera Salud (concesionaria de cinco departamentos sanitarios y cuatro hospitales en la Comunidad Valenciana, además del laboratorio central de la Comunidad de Madrid). Centene se dedica, sobre todo, a gestionar programas de salud de diferentes administraciones en Estados Unidos. Según esta empresa, serán “un accionista de referencia” pero “sin control”. El paquete de acciones que ha adquirido corresponde al que poseía Bankia. El otro accionista mayoritario es el Banco Sabadell. Tras conocerse la operación, Centene cerró su cotización en Wall Street el pasado lunes en 58,05 dólares (una bajada del 1,8%).
Ribera Salud ya se deshizo de sus acciones en otro hospital público madrileño (Torrejón de Ardoz) que colocó a Sanitas tras dos años de concesión por parte de la Comunidad de Madrid. Más tarde recibió el contrato para gestionar sanitariamente dos de los hospitales que Madrid pretendió privatizar y cuya adjudicación se frenó este año.
Sin beneficio, se pierde el interés...
Hace poco más de un mes, entre el 5 y el 18 de marzo de 2014, en Bruselas, el director general europeo de la Competencia, Alexander Italianer, firmó dos vistos buenos para que un fondo de inversiones entrara en la gestión de tres hospitales públicos de Madrid.
Con estas operaciones, grupos españoles constructores como OHL y Sacyr –dueñas de Phunciona y HC, adjudicatarias de la parte no sanitaria de esos hospitales– daban cabida a LBEIP BV, un fondo dedicado a “la gestión de fondos de pensiones” y “perteneciente a Lloyd’s Banking Group” –aliado estratégico del Banco Sabadell-, en la dirección administrativa de los centros del Sureste (Arganda del Rey), Infanta Cristina (Parla) y del Henares (Coslada). Era el remate en la aplicación de la lógica del mercado que inspiró la creación de estos hospitales.
La Comunidad de Madrid encargó en 2005 a estas constructoras levantar el edificio, y les encomendó su mantenimiento y los servicios administrativos a cambio de un canon anual. En 2010 el Gobierno decidió aumentar lo que les pagaba cada año. Entre los hospitales que vieron su canon aumentado de golpe estaba los del Henares (que vio su alquiler de 15 millones millones aumentado en 110.029 euros); Infanta Cristina (que sumó 236.385 euros a sus 14 millones por año) y Sureste (582.699 euros añadidos a los 10 millones iniciales).
La dinámica del beneficio siempre está presente en estos proyectos que mezclan lo público y lo privado, incluso en la sanidad. Un año después, las concesionarias pidieron por escrito un nuevo incremento global de 80 millones para evitar “el colapso”. Tres años después y antes de una década del encargo del Gobierno dirigido entonces por Esperanza Aguirre, algunos de los contratistas se retiran y dejan una buena parte de sociedad en manos del mencionado fondo.
Los fondos de inversión se han extendido en el negocio sanitario público. Además de esta nueva situación, uno de los mayores contratistas de servicios sanitarios a cargo de las cuentas públicas, IDCSalud, pertenece en última instancia a uno de estos fondos.
IDCSalud es el nuevo nombre que adoptó Capio Sanidad. Esta sociedad, que tiene detrás un entramado de empresas, pertenece al fondo holandés HC Investments BV que dirige el fondo de inversión riesgo estadounidense CVC (se da la casualidad de que el grupo al que Sacyr y Villar Mir han vendido sus participaciones, LBEIP BV, también tiene sede en los Países Bajos).
IDCSalud gestiona los hospitales de la red pública Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y Villalaba (éste aún sin funcionar por decisión del Ejecutivo regional, y en el que se gasta unos 900.000 euros mensuales por tenerlo cerrado).
