El sindicato de trabajadoras sexuales se presenta oficialmente: “No hemos sido ilegalizadas y vamos a exigir derechos”
El sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS promete seguir en su empeño de autoorganizarse y esquivar la amenaza de ilegalización por parte del Gobierno. Así lo ha reafirmado en su presentación oficial en Madrid, donde varias integrantes han definido las principales líneas de actuación de la Organización de Trabajadoras Sexuales. Las trabajadoras han comunicado que ya cuentan con CIF, por lo que continúan con sus pasos previstos: “No hemos sido ilegalizadas”, han asegurado.
La presentación ha contado con varias trabajadoras sexuales –seis mujeres, entre ellas dos actrices porno, y dos hombres–, que han reivindicado su actividad como un trabajo. “Vamos a exigir nuestros derechos, denegados durante tanto tiempo por el moralismo imperante de una supuesta izquierda” a la que critican por permitir “un escenario que beneficia al empresariado” ante la “vulneración de los derechos laborales”.
El pasado 4 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluía la constitución del sindicato en una resolución de la Dirección General de Trabajo que ha motivado el cese de la directora que autorizó esta inscripción por parte del Ministerio de Trabajo. La noticia ha generado gran polémica en las últimas semanas y el departamento dirigido por Magdalena Valerio ha decidido iniciar los trámites para impugnar el sindicato tras reconocer que “me han metido un gol”.
Ante la habitual lentitud de este tipo de procedimientos, OTRAS continúa con su actividad después de que, tal y como ha confirmado la secretaria general, Conxa Borrell, la organización no ha recibido ninguna comunicación oficial o extraoficial por parte del Gobierno. Con quien sí ha mantenido diálogo es con Ciudadanos y Unidos Podemos, han comunicado las trabajadoras sexuales lamentando que el resto de grupos parlamentarios “ni siquiera hayan contestado a las cartas que les hemos enviado”.
Responden a las acusaciones
El sindicato ha aprovechado para denunciar la vulnerabilidad a la que suelen enfrentarse las trabajadoras sexuales, que aseguran ser “atacadas en las calles de nuestras ciudades con ordenanzas municipales”, explican señalando directamente a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. “Está siendo el pretexto perfecto donde se esconden el Gobierno y los ayuntamientos para perseguir a las mujeres migrantes”. Según datos del Ministerio de Interior, la policía usa esta norma para tramitar una denuncia diaria contra prostitutas por “exhibición obscena”.
OTRAS hace hincapié en que identifica el trabajo sexual con un concepto amplio del mismo, en el que incluye no solo la prostitución, sino también, entre otras, las actrices porno: “Estamos a la merced de productoras y directores, de la industria. Necesitamos un marco legal que permita que denunciemos situaciones de abuso y podamos trabajar en condiciones normales”, ha incidido la actriz Anneke Necro, presente en la rueda de prensa.
Sobre la polémica generada a raíz de la presencia de hombres como suscriptores de los estatutos, OTRAS insiste en que “hay hombres formando el sindicato porque hay hombres trabajadores sexuales”. Por otro lado, el sindicato ha respondido a las críticas vertidas sobre que uno de los firmantes sea Joaquin Pedro Donaire, vinculado a Aprosex, una asociación cuestionada por ofrecer cursos de formación para trabajadoras sexuales. “No tenemos nada que esconder. Simplemente alguien tenía que hacer la gestión ante el Ministerio de Trabajo y se ofreció. No creo que pase nada por que un hombre forme parte de un sindicato”, ha explicado Borrell.
“Respetamos lo suficiente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como para saber que ellos no permitirían que siguiésemos en libertad si tuviésemos que estar entre rejas”, matiza el sindicato, que ha puesto sobre la mesa la paradoja relativa a que los dueños de locales y clubes donde se ejerce el alterne sí puedan inscribirse en la Dirección General del Trabajo: “Intentan que no creemos un sindicato, pero no han tenido demasiados problemas con dejar que la patronal se asocie y haga lobby, que las personas que ejercemos trabajo sexual seamos explotadas laboralmente con el beneplácito de quienes pueden impedirlo y no lo hacen”.
Por último, han querido dejar claro su posicionamiento de condena frente a la trata de seres humanos y han reclamado una “clara diferenciación entre el libre ejercicio de la trabajadora y el tráfico y la trata”. “Ni le hemos colado un gol –mencionan en referencia a las palabras de la ministra Valerio– ni nos han ilegalizado, ni pueden hacerlo en base a la legalidad y ateniéndose a las reglas del juego legal, que no es lo mismo que el juego moral”, concluyen.
