La Comisión Europea quiere que las webs borren los comentarios relacionados con terrorismo en menos de una hora

24 horas. Es el plazo que quiere dar la Unión Europea a las “plataformas de Internet” para borrar los comentarios relacionados con el terrorismo que aparezcan en sus webs. Si una vez pasado ese tiempo no han eliminado las expresiones, y si esto ocurre repetidas veces, entonces se enfrentarán a sanciones “de hasta el 4% de su volumen de negocios mundial”, según la Comisión Europea. La norma también prevé que el contenido no pueda volver a subirse al sitio del que fue eliminado.

Todavía es una propuesta, pero si sale adelante lo hará en el mismo lugar donde este miércoles perdimos la batalla contra el canon AEDE y los filtros de contenido. De esta forma, tanto YouTube como el administrador de una página en WordPress tendrán que afrontar, en el mismo plazo de tiempo, el borrado de los comentarios “que incite a la comisión de delitos de terrorismo o abogue por ella, fomente las actividades de un grupo terrorista u ofrezca instrucciones técnicas para la comisión de estos delitos”, según Bruselas.

Este texto es la punta del iceberg, pero la cuestión viene de largo. En el 2017, la Comisión ya publicó un comunicado para borrar contenido ilegal de Internet. En marzo de este año hizo una Recomendación sobre esto mismo y ahora, según la Asociación de Derechos Digitales Europeos (EDRi), la propuesta ha cristalizado gracias a la presión de Francia y Alemania.

“En principio son medidas positivas y en las que el delito, aparentemente al menos, está justificado”, explica a eldiario.es Sergio Carrasco, abogado especializado en Internet y miembro del bufete de faseconsulting.es. La Comisión especifica que la eliminación de esas expresiones tenga que hacerse “en el plazo de una hora” desde que se publican, “franja crítica en la que se producen los mayores daños” según los parlamentarios. Será la policía de cada país quien avise a los dueños de las webs de que hay algo que deben borrar.

“Siempre se ha dicho que las primeras horas de difusión son las más fuertes, es cuando tiene esa repercusión más grande; y por eso han puesto este plazo de una hora, que es llamativo”, continúa Carrasco. Bruselas dice que es en este tiempo cuando el 33% de los links que incluyen contenido terrorista se expande en Internet. En las siguientes cuatro horas lo hace el 75% de los enlaces.

“Mal aplicada será censura”

La Comisión Europea no especifica cómo deben hacer frente estas “plataformas de Internet” a la medida. “No todos los prestadores tienen la misma capacidad”, continúa Carrasco, quien asegura que la norma “no distingue entre grandes y pequeños”. El abogado se refiere a las herramientas que cada medio, página web, red social o blog tenga disponibles para salvar el factor tiempo.

Bruselas obliga así a los webmasters y a los dueños de los blogs a estar permanentemente alerta por si alguien o algo (un bot programado a propósito, por ejemplo) hace apología del terrorismo en los comentarios de su sitio. A pesar de ello, Carrasco recuerda que “no es igual el riesgo que puede haber en un prestador grande que en uno pequeño: la difusión de contenido terrorista en Facebook no es igual que ponerlo en el blog de una persona que normalmente tiene 10 seguidores”.

La pregunta es qué pasaría si un enlace que lleva a los comentarios contenidos en un sitio pequeño se viraliza. ¿Cómo afrontaría el dueño de ese sitio el borrado de los comentarios si, por ejemplo, no se encuentra en su casa o se trata de un blog que abandonó hace años? Esos escenarios no están contemplados en la norma que próximamente prevé aprobar la Comisión.

“Esta norma, mal aplicada, podría llegar a suponer un acto de censura. Va a provocar que el prestador del servicio, ante cualquier tipo de petición, proceda a la retirada”, anticipa el abogado. La libertad de expresión está contenida en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se trata, según Carrasco, de “uno de los derechos más complejos que existen, por lo que en una hora es muy complicado discutir y analizar un contenido así”.

Sin expectativas de privacidad en las comunicaciones

No es el único apartado comunitario que la norma pretende volar por los aires. Como recuerda la EDRi, “la Comisión propone la posibilidad de la derogación explícita del artículo 15 de la Directiva sobre comercio electrónico, que impide a los gobiernos exigir a las empresas de Internet que controlen todo lo que digamos y publiquen en línea”.

Ese artículo garantiza la confidencialidad de las comunicaciones dentro del territorio europeo y previene ante lo contrario: “los Estados miembros deben prohibir cualquier forma de interceptar o vigilar esas comunicaciones por parte de cualquier persona que no sea su remitente o su destinatario salvo que esté legalmente autorizada”. Con la nueva norma, Bruselas se reserva el derecho a derogar este apartado “considerando los riesgos particularmente graves que entraña la difusión de contenidos terroristas”, según se refleja en el artículo 19 de la propuesta.

Las “plataformas de Internet” que no cumplan serán sancionadas por los Estados correspondientes. “Los que tengan medios irán a los tribunales de justicia y los que no, pues se verán afectados por esto”, dice Carrasco con cierto aire de resignación. Otra lectura que ofrece el abogado es que solo se apliquen las primeras multas a modo de sanciones ejemplares “para demostrar la fuerza de la norma” y que, según pase el tiempo, se la considere como “una sanción no ya solo disuasoria, sino también desproporcionada”.

Por si todo esto fuera poco, la propuesta también exige a las autoridades de cada país “detectar e identificar los contenidos terroristas” y les anima a “pedir órdenes de borrado y auditado” de los sitios que alberguen este tipo de comentarios. Los países de la UE también podrán pedir a las webs que les informen de las medidas que estén llevando a cabo. “Si tales medidas no se consideran suficientes, los Estados miembros deben tener la posibilidad de imponer determinadas medidas adicionales”, dice Bruselas. No lo olviden: será la policía de cada país la que denuncie y obligue a borrar cada comentario, no un juez.