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El Tribunal de Cuentas reprocha a Protección de Datos que se quede con el dinero de sus multas

Fachada de la sede de la Agencia Española de Protección de Datos, en Madrid

Carlos del Castillo

3 de enero de 2024 22:22 h

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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no debería utilizar como parte de su presupuesto el dinero que recibe del pago de las multas de privacidad que ella misma impone. Es la recomendación que el Tribunal de Cuentas hizo como parte de un informe de fiscalización de las instituciones independientes que tienen potestad sancionadora y reguladora, como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Seis años después, la petición sigue sin cumplirse.

Así se desprende de un análisis de seguimiento de las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hizo a estos cuatro organismos en el ejercicio 2017 para mejorar su gestión y transparencia. Según este documento, que el organismo ha publicado recientemente, de las 19 medidas del informe inicial (7 a la CNMC, 4 al Banco de España, otras 4 a la AEPD y 3 a la CNMV) la única que no se ha llevado a cabo es la relativa a las sanciones que impone Protección de Datos y el hecho de que este regulador sea también el único que las convierte en recursos propios.

La Agencia almacena el dinero de las multas en dos cuentas. Una está en una entidad privada que no revela (se trataría de Caixabank, a la que la entidad adjudicó la gestión de sus cuentas corrientes por última vez en 2019) y en ella tiene cuatro millones de euros. Todo lo que excede esa cifra lo envía a otra cuenta en el Banco de España.

En su memoria de 2022, la AEPD afirma que su cuenta en el Banco de España ascendía en el cierre del ejercicio a 18,8 millones. La Agencia ha logrado reunir esa cifra en menos de dos años, ya que en 2020 Hacienda le pidió que traspasara al Tesoro Público los 21 millones que almacenaba en ella para hacer frente a los gastos de la pandemia.

Fue precisamente en el ejercicio posterior (2021) cuando la AEPD marcó su récord histórico en la imposición de multas, llegando a recaudar 35 millones, un incremento de más del 300% respecto a los 8 millones que había ingresado en el 2020 o los 6,2 millones de 2019. En el 2022 la recaudación por las sanciones volvió a bajar hasta los 20,7 millones, a pesar de que el regulador impuso en ese ejercicio la multa más alta de su historia, de 10 millones de euros, a Google.

Al Tesoro, como las demás

“Las cuatro entidades son independientes en el ejercicio de sus competencias y tienen potestad sancionadora para el cumplimiento de sus funciones, y tres de ellas (incluida la AEPD) comparten la naturaleza de autoridades administrativas independientes. Sin embargo, únicamente los ingresos derivados de las sanciones impuestas por la AEPD en el ejercicio de su potestad sancionadora son recursos propios de la entidad”, refleja el informe del Tribunal de Cuentas.

El Banco de España, la CNMC y la CNMV transfieren el dinero proveniente de sus multas directamente al Tesoro Público. La financiación de estos tres organismos varía, pero procede principalmente del cobro de tasas a las entidades que supervisan (CNMV), de un conjunto de esas tasas y operaciones financieras, como intereses y comisiones derivados de su actividad (Banco de España) o por una partida específica de los presupuestos generales del Estado (CNMC). Protección de Datos es la única que recibe una asignación de los presupuestos (18,8 millones en 2023) a la que suma la cuantía de las sanciones.

La situación deriva en varios problemas, a juicio del Tribunal de Cuentas. El principal es que dificulta la claridad presupuestaria, ya que el regulador de la privacidad ajusta sus gastos a sus ingresos. Además debe dedicar “medios materiales y humanos a esta recaudación (en vez de al cumplimiento de sus funciones)”, cuando es una labor que podrían hacer otras instituciones públicas mejor preparadas.

Otro problema referido por el Tribunal de Cuentas en su informe de 2017, que se vio agravado con el contexto de crisis en aquel momento, es que “se puso de manifiesto la existencia de saldos de tesorería muy importantes e improductivos que la AEPD poseía en entidades de crédito privadas, al tiempo que el Tesoro Público se estaba financiando a costes muy elevados”.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas pidió entonces a la AEPD que promoviera un cambio en su sistema de financiación en la línea de los del Banco de España, la CNMV y la CNMC. Su informe fue ratificado por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que lo hizo suyo y pidió al Gobierno que promoviera este cambio de sistema para “mejorar la gestión de la tesorería, ajustar los gastos al presupuesto de ingresos y permitir una mejor economía de recursos públicos”.

La AEPD se niega

La AEPD se ha negado a seguir la recomendación del Tribunal de Cuentas, ya que considera que su actual sistema de financiación es adecuado. El regulador ha pasado incluso por una renovación de su Estatuto, que fue actualizado en 2021, pero no ha promovido que el Gobierno ni el Congreso desliguen su presupuesto del cobro de las multas de privacidad.

“La AEPD ha señalado, durante las actuaciones de comprobación del seguimiento de esta recomendación, que la opción de que la Entidad se financiara por medio de una transferencia de crédito de los PGE ha sido descartada al considerar que la alternativa actual es la más adecuada a la independencia funcional del ente, de acuerdo con su naturaleza como autoridad administrativa independiente”, recoge el informe del Tribunal de Cuentas.

elDiario.es ha contactado con la AEPD, que se ha referido a que su nuevo Estatuto recoge específicamente su financiación a través de las multas. No obstante, el regulador afirma que ha tomado medidas para impedir que esos fondos se mantengan improductivos cuando excedan los costes de su actividad, como afeaba el Tribunal de Cuentas en 2017.

La AEPD no ha realizado ninguna acción para instar a las autoridades competentes a modificar su actual sistema de financiación, como se había recomendado

Tribunal de Cuentas

Una de esas medidas fue la de imponer ese límite de cuatro millones de euros en su cuenta corriente privada. “Se realizan traspasos periódicos a la cuenta corriente abierta a nombre de la AEPD en el Banco de España por las cuantías que excedan de dicha cifra”, exponen fuentes del organismo.

“Tanto el Banco de España como la entidad bancaria adjudicataria del contrato ingresan intereses a favor de la AEPD por los fondos depositados en las cuentas bancarias a su nombre. Por tanto, los saldos de la AEPD (exceptuando esos 4 millones de euros) están depositados en el Banco de España, siendo productivos desde el punto de vista de la rentabilidad y proporcionando financiación al Banco de España”, añaden las mismas fuentes.

Reproche del Tribunal de Cuentas

La solución intermedia adoptada por la AEPD para seguir convirtiendo sus multas en recursos propios no ha satisfecho al Tribunal de Cuentas. “Estas actuaciones disminuyen algunos de los problemas derivados del actual sistema de financiación de la AEPD, pero no eliminan las causas por las que el Tribunal de Cuentas recomendó modificar su actual sistema de financiación”, expone.

“La AEPD no ha realizado ninguna acción para instar a las autoridades competentes a modificar su actual sistema de financiación, como se había recomendado”, le afea. “La recomendación se considera no cumplida”, asevera el Tribunal, que no da por zanjado el problema: “[La recomendación] se mantiene vigente ya que subsisten las causas que la motivaron”, concluye.

Cabe destacar que en este momento también se encuentra paralizada la renovación de la dirección de la AEPD, ya que la actual directora, Mar España, debería haber terminado su mandato en 2019. PSOE y PP pactaron el nombramiento de una nueva dirección, pero el Tribunal Supremo suspendió el proceso al entender que no se habían respetado “los principios de mérito, capacidad, competencia e idoneidad” que debe tener la elección de la cúpula de este organismo.

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