Cisnes blancos

Los responsables del orden público, pendientes de los acontecimientos que pudieran producirse tras la sentencia del Tribunal Supremo, consideraban la hipótesis que los expertos han dado en llamar “a aparición de un cisne negro”: un hecho cuya gravedad e impacto desbordan todas las previsiones, situando el conflicto en una dimensión de crisis mayor y descontrol. Hasta ahora, por fortuna, no hemos avistado a ese pájaro de mal agüero. Pero, en algún momento hemos tenido la sensación de que sobrevolaba las atribuladas calles de las capitales catalanas. Ha habido heridos graves, manifestantes y policías. Barcelona ha sufrido destrozos. Existen fundados motivos de inquietud. Cada día que pasa se hace más urgente salir del bloqueo en que nos encontramos y recuperar la acción política, si no queremos que la situación se envenene de modo irremediable.

La publicación de la sentencia en un contexto electoral no facilita las cosas. La simplificación de mensajes y la exacerbación de discrepancias, propias de la contienda, contribuyen a polarizar una situación que ya lo está en demasía. Y es que, como no podía ser de otro modo, el fallo del alto tribunal ha desatado todas las pasiones. Para la derecha española, deseosa de un castigo ejemplar, la sentencia resulta tibia. Para el independentismo, supone un acto de venganza. Lo cierto es que la sentencia es muy severa y dicta elevadas penas de prisión. Y no lo es menos que parece discutible por cuanto se refiere al encaje de los hechos probados con los supuestos que concurren en un delito de sedición. Tanto más si consideramos la discordancia entre la dureza de las condenas y la consideración, por parte del propio Tribunal Supremo, de que el auténtico propósito de los encausados no era el de hacer efectiva la independencia, sino forzar una negociación con el Estado. No deja de ser muy relevante, sin embargo, que la acusación de rebelión – y, con ella, la existencia de una violencia instrumental – hayan sido desestimadas e incluso ampliamente rebatidas por el Supremo. También lo es que haya rechazado la petición de que los condenados vean restringido su acceso a los beneficios del régimen penitenciario, susceptibles de atemperar el cumplimiento de las penas.

La sentencia, recibida en Catalunya entre dolor, indignación y protestas, parece alejar cualquier salida. No obstante, convendría retener una consideración, sin duda capital, que hacen los propios magistrados: no incumbe a la justicia resolver un problema cuya naturaleza es eminentemente política. Cierto. Estamos donde estamos tras un cúmulo de errores y despropósitos. Alguno tan lamentable como la prolongada prisión provisional de los dirigentes hoy condenados, que sólo ha traído sufrimiento personal y crispación social.

Pero, si bien es verdad que la judicialización del conflicto resulta del fracaso de la política, a ella corresponde asumir sus consecuencias y hacerse cargo de una situación que se torna cada vez más delicada. Los hechos de estos últimos días indican que hay urgencia. El pacifismo ha presidido una vez más las legítimas y esperadas manifestaciones de rechazo a la sentencia. Pero los altercados y enfrentamientos entre jóvenes y policías han encendido la noche. La atmósfera se está cargando de electricidad. Y las declaraciones altisonantes de algunos responsables políticos tampoco contribuyen a serenar los ánimos.

Hemos vivido una seria alteración del orden público; pero la cuestión planteada no se reduce a ello. Se ha instalado una angustiosa división en el seno de la sociedad catalana; pero el problema no es sólo de convivencia. No. Estamos ante la crisis política y territorial más grave que afronta España desde la transición democrática. Resolverla requerirá sin duda cambios legislativos, acaso constitucionales, para dar pleno acomodo a su diversidad lingüística y nacional y dar salida a las aspiraciones de autogobierno. Nadie puede ignorar el hecho de que dos millones de catalanas y catalanes anhelan la independencia. Ni que la otra mitad del país rechaza esa perspectiva. Hará falta tiempo, debates, propuestas… También la construcción de pactos y consensos. Al final, sea cual sea el proyecto que se abra paso, la ciudadanía deberá pronunciarse para refrendarlo.

Tal es el camino de la política: largo y nada fácil de transitar. En Catalunya, al igual que en toda España, padecemos una crisis de liderazgos que nos mantiene en un bloqueo desesperante. Seguramente habrá que ir también a unas elecciones catalanas para despejar el panorama. Pero, por encima de todo, las fuerzas políticas deben entender la necesidad de restablecer el diálogo, poniendo fin a una etapa, estéril y desastrosa para la sociedad, de enfrentamientos institucionales. Para ello será necesario gestionar con inteligencia el escenario que nos deja la sentencia. No será posible establecer ese diálogo al margen de la ley, ni reactivando fracasadas estrategias unilaterales. Tampoco podrá fructificar mientras una parte de los interlocutores permanezca en la cárcel. He aquí el desafío que debe encarar la política: buscar, desde el respeto al Estado de Derecho, pero también social y democrático según la Constitución, una solución airosa para esas situaciones penales… y empezar a recuperar el tiempo perdido.

A la sociedad civil corresponde multiplicar iniciativas y espacios de encuentro, generando un clima de distensión civil y de exigencia ciudadana para que así sea. Si algunas aves deben anidar entre nosotros, que sean cisnes blancos.