La 'insolidaridad' no es un delito

Escucho hablar de futuro y de nueva normalidad desde un presente distópico en el que ya se perciben las secuelas de esta crisis sanitaria en nuestros derechos, en nuestra salud democrática y en la cesta de la compra.

La COVID-19 deja secuelas que en breve serán amenazas si no se les presta suficiente atención desde una defensa de los derechos humanos. Esta crisis sanitaria nos deja muchas secuelas. Secuelas emocionales, económicas, también secuelas físicas y sociales. Todas ellas preocupantes, especialmente cuando todavía están por ver las secuelas que dejan en la escena política el insoportable clima de hostilidad que ha creado la derecha descentrada y al que se han entregado en cuerpo y alma sus votantes como si no hubiera un mañana.

En estas diez semanas de estado de alarma hemos normalizado demasiadas cosas que no lo son. Por ejemplo, actuar como si nuestros derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales estuvieran suspendidos hasta nueva orden. Algo que no ha sucedido en ningún momento por mucho empeño que le pongan algunos políticos a decir que vivimos en una dictadura constitucional (algo materialmente imposible).

Los derechos fundamentales, para quienes no lo sepan, no solo son universales, sino que también son irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles e inalienables. Aceptar, sin más, que nuestros derechos se han restringido y seguir la vida como si nada, es sencillamente incompatible. Sin embargo, sí existen limitaciones a nuestra libertad de movimiento y de reunión, pero por una única y exclusiva razón, porque frenar la vida social es la única forma que existe para poder controlar la pandemia.

Sin embargo, esta motivación de auto-regulación de nuestras propias salidas a la calle para preservar nuestra salud y la de los demás ha quedado muy desvirtuada, durante todas las semanas de confinamiento, por dos aspectos. Uno, la aplicación de la Ley Mordaza (ley que debía haber sido ya derogada por el margen de arbitrariedad con que se puede aplicar) y otro, por los mensajes estigmatizantes que se han ido dando desde el Ministerio del Interior en las ruedas de prensa diarias hacia los mal llamados “irresponsables o insolidarios”.

Las secuelas de ambas actuaciones son claras y preocupantes. Por un lado, hemos normalizado la aplicación de una ley que vulnera derechos y que Amnistía Internacional acaba de denunciar que se ha aplicado de forma no proporcional y sin seguir criterios objetivos y claros, incumpliendo con ello la normativa internacional de derechos humanos que compromete a España. Por otro, se ha naturalizado la idea de que sin la actuación de vigilancia y control policial es prácticamente imposible frenar la curva de contagios de la COVID-19.

De esta forma, y con la correspondiente contribución de la retórica hostil de la derecha, se va abriendo paso en el imaginario social el discurso de irritación hacia los conciudadanos y la necesidad de mano dura cuando realmente lo que está sosteniendo la vida en tantos y tantos barrios es la lógica de la corresponsabilidad, los cuidados y el apoyo.

En estas semanas, hemos visto como los niños, las familias, los runners, los jóvenes... se han ido convirtiendo en el nuevo perfil sospechoso del que desconfiar y al que señalar por 'irresponsables e insolidario'. En esta nueva normalidad vemos normal que se les sancione porque sí, sin matices ni historias personales que den un contexto.

Esta dinámica de pensamiento traducida a práctica social es sumamente peligrosa en estos tiempos. Todo apunta a que en pocas semanas la crisis económica nos irá estrangulando cada vez más mientras las confrontaciones políticas suben de tono y se busca no se sabe si justicia o ajusticiar al Gobierno por la vía judicial. Es más que posible que haya algún repunte de contagios y que cuando suceda, toda esa presión personal y social trate de canalizarse buscando nuevos chivos expiatorios a los que culpar de los nuevos contagios. Irresponsabilidad, falta de mano dura, pocas medidas de higiene...

Es justo ese el momento en el que corremos el riesgo de que la actual criminalización de 'la insolidaridad' dé pie al surgimiento de un movimiento neohigienista que, en su defensa de la protección de la salud, justifique nuevas políticas prohibicionistas y restrictivas de derechos. Medidas como la que ha adoptado el ayuntamiento de Marbella de entregar a la policía local las polémicas pistolas táser para evitar que sus agentes sean contagiados. Una decisión aparentemente higienista que, sin embargo, normaliza el uso de un arma peligrosa de dudosa legalidad.

No perdamos de vista que en la lógica de imponer 'medidas que garanticen el no contagio' son las personas que forman parte de los grupos sociales más vulnerables al estigma y a los prejuicios -las personas sin hogar, los inmigrantes, las putas, los pobres, los gitanos, las personas lgtbi, la gente racializada...- las más expuestas a que se vulneren sus derechos y libertades. Ejemplos tenemos ya unos cuantos. Ceder voluntariosamente nuestros derechos para frenar a los 'irresponsables e insolidarios' que no han cometido ningún delito es algo que, pensado en frío, no tiene ningún sentido. Estamos ante un problema de salud, no de orden público.