El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo en su primer mensaje a la nación ante el pueblo peruano que “en el año 2021, año del bicentenario, nuestro país será reconocido en el mundo como una democracia en donde se respetan los derechos humanos”. Poco favor ha hecho para cumplir con este compromiso al indultar, a puertas de la noche buena del año pasado, a Alberto Fujimori, quien cumplía 25 años de cárcel por su participación como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y la Universidad de la Cantuta, considerados crímenes de lesa humanidad, además de otras condenas por secuestro agravado y actos de corrupción.
Este anuncio dejó fue una bofetada para las familias de las víctimas
de los casos mencionados, quienes pedían ser recibidas por el Presidente desde el mes de julio del año pasado, cuando por primera vez hiciera declaraciones sobre un posible indulto. Sin embargo, nunca fueron recibidas. Si lo hubiese hecho, el Presidente habría escuchado a Carolina Oyague -cuya hermana fue desaparecida en la Universidad de la Cantuta- decir que le ha costado muchos años perdonar, pero que eso no significa olvidar y mucho menos estar a favor de la impunidad. Habría escuchado a Rosa Rojas, quien perdió a su hijo Javier de 8 años en la matanza de Barrios Altos, gritando que es injusto que se burlen de su dolor, que podrán indultar a Fujimori pero que ella nunca olvidará a su hijo asesinado.
El juicio a Alberto Fujimori, con una aplicación impecable del debido proceso, fue un ejemplo a nivel mundial sobre cómo juzgar en el propio país a un ex presidente por graves violaciones a los derechos humanos. Hoy, este triunfo del estado de derecho sobre la impunidad ha sido fulminado por la concesión del indulto y de la gracia presidencial.
Poco se ha hablado sobre la medida de gracia adoptada en la misma resolución presidencial, esta medida no sólo invalida los efectos de la pena impuesta, sino que impide que continúen los juicios que Alberto Fujimori tiene pendientes.
Este viernes 26 de enero se revisa en la sala penal nacional si Alberto Fujimori, quien tiene un proceso pendiente por el asesinato de seis campesinos en la localidad de Pativilca el 29 de enero de 1992, puede ser juzgado por estos hechos. Si la medida de gracia otorgada por el presidente Kuczynski se aplica, se negaría el derecho a la verdad, la justicia y reparación de los familiares y de todo el pueblo peruano. Es clave para el Perú que Fujimori sea juzgado por los crímenes que se le imputan.
Es importante recordar que el proceso del indulto está sembrado de dudas sobre su transparencia, objetividad y el respeto a las reglas del debido proceso. Por un lado vino acompañado de múltiples declaraciones contradictorias por parte del gobierno; por otro lado, se produjo solo tres días después de que el Presidente Kuckzynski estuvo a punto de ser destituido por el Congreso y se salvó por los votos de diez parlamentarios fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo del indultado.
El proceso del indulto ha sido acelerado y con serias dudas sobre la gravedad de la salud de Fujimori. De hecho, si Alberto Fujimori tuviera una enfermedad terminal, nadie, ni las propias víctimas se opondría a que se le otorgaran medidas humanitarias, como el arresto hospitalario o domiciliario para cuidar su salud.
Esta decisión no ha dejado indiferente a la comunidad internacional. Además de Amnistía Internacional, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han rechazado el indulto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya anunció que revisará a inicios de febrero el cumplimiento de su sentencia por los casos Cantuta y Barrios Altos a raíz de estos hechos. Pero la mayor oposición ha venido de la ciudadanía peruana con manifestaciones multitudinarias encabezadas por los familiares de los desaparecidos y asesinados en Barrios Altos y la Cantuta.
El indulto ha sido una bofetada a la memoria y a la lucha por lograr verdad y justicia en Perú. En otras palabras, un verdadero insulto a los familiares que durante más de 25 años no han cesado de luchar contra la impunidad. El presidente Kuczynski, incumpliendo su promesa de campaña, demuestra que las víctimas de violaciones a los derechos humanos no importan a su gobierno. Queda pendiente conocer este viernes 26 de enero la decisión del colegiado B de la Sala Penal Nacional si acata el derecho de gracia otorgado a Alberto Fujimori o lo declara inadmisible en el caso Pativilca y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de Perú con sus obligaciones internacionales en DDHH.
La lucha contra la impunidad en Perú tiene para rato.
Sobre este blog
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