Cs consuma su divorcio con Susana Díaz y fulmina la legislatura andaluza: “Han agotado nuestra paciencia”
Andalucía fue la primera comunidad donde se gestó un acuerdo de gobernabilidad entre un partido tradicional (PSOE) y una fuerza emergente (Ciudadanos), y también será la primera donde se rompa esa alianza. La formación naranja ha consumado este viernes su intención de finiquitar el pacto que firmó hace tres años y medio con los socialistas andaluces, en el que se sustenta el Gobierno de Susana Díaz.
El líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, ha propuesto al comité ejecutivo nacional del partido -reunido hoy en Málaga- romper dicho acuerdo, tras presentar un “balance de incumplimientos” de las medidas pendientes en ese documento. “No queríamos llegar a este extremo, pero el PSOE ha defraudado a los andaluces”, dice Marín. Los socialistas, con nulo nerviosismo e inquietud, entienden que sus socios han abierto la puerta a “un factor de inestabilidad que puede abocar a Andalucía a unas elecciones anticipadas” este mismo otoño. La quiebra se produce a siete meses de que expire oficialmente la legislatura.
Desde fuera, el resto de partidos de la oposición -PP, Podemos e IU- asiste a este divorcio con incredulidad e irritación. “Esto es un teatro. Ambos tienen pactado romper amigablemente para justificar un adelanto electoral”, dice el presidente popular, Juan Manuel Moreno. El pacto entre PSOE y Cs no se ha roto. Lo que pasa es que ahora el pacto es adelantar elecciones, porque le viene bien a los dos. Le viene bien a Susana Díaz porque, ironías del destino, el efecto Pedro Sánchez le beneficia“, apunta la coordinadora regional de Podemos, Teresa Rodríguez.
Ciudadanos y el PSOE llevan desde el lunes escenificando su ruptura. Los socialistas se han quejado, primero, del “intervencionismo exterior” y la escalada de presión de los líderes nacionales del partido, Albert Rivera e Inés Arrimadas. Ambos viajaron a Sevilla antes de verano y anunciaron, sin ambages, que pilotarían personalmente la campaña electoral en Andalucía. En julio se convocaron unas primarias exprés -de una semana- para ratificar al portavoz del grupo, Juan Marín, como candidato a la Presidencia de la Junta. Marín avanzó el miércoles su intención de romper el pacto con Susana Díaz, acusando a los socialistas de negarse a negociar dos medidas concretas de contenido más técnico que social: la reforma de la Ley Electoral andaluza y la eliminación de los aforamientos.
La primera no está recogida en el acuerdo -sólo se planteó la creación de un grupo de trabajo para estudiar dicha reforma, algo que sí se ha cumplido-; la segunda medida implica la reforma del Estatuto de Autonomía, previa convocatoria de un referéndum, y la ratificación posterior en el Congreso. El jueves, Albert Rivera, desde Córdoba, dio un ultimátum de 48 horas a Díaz para iniciar la tramitación de estas medidas, y los socialistas dieron por sentado que les estaban reclamando a gritos un adelanto electoral. La confirmación definitiva de la ruptura iba a anunciarla el propio Rivera este sábado, pero finalmente el partido ha cambiado de opinión y ha preferido que el anuncio lo haga hoy jueves el propio Marín junto al número dos de Cs, José Manuel Villegas.
De este modo se ha contado, casi por fascículos, el divorcio progresivo de Ciudadanos y PSOE, una fractura que muchos consideran táctica, puesto que las encuestas vaticinan que volverán a necesitarse para formar Gobierno en la próxima legislatura. Las malas relaciones políticas y personales de Susana Díaz y Teresa Rodríguez -virtual candidata de la confluencia Adelante Andalucía- hacen prácticamente inviable un pacto de izquierdas con Podemos e IU, similar al que Pedro Sánchez ha sellado con Pablo Iglesias en Madrid.
Leyes pendientes, sin peligro
A pesar de todo, la ruptura del acuerdo PSOE-Ciudadanos en Andalucía no conlleva necesariamente la convocatoria urgente de elecciones. Susana Díaz cuenta con unos Presupuestos aprobados hasta diciembre, y su partido no se muestra especialmente inquieto por la posibilidad de prorrogar las cuentas durante el primer trimestre de 2019, hasta que el futuro Gobierno recupere la estabilidad y puedan elaborarse unos nuevos Presupuestos. La dirección del PSOE andaluz ha sugerido a la presidenta que convoque a finales de noviembre, que no deje las urnas, en cualquier caso, para más allá del 28 de febrero (día de Andalucía). El objetivo es alejar las autonómicas lo más posible de las municipales (mayo de 2019), para que éstas no condicionen los pactos postelectorales, como ocurrió en 2015, cuando la formación de Gobierno estuvo bloqueada 80 días, hasta que Ciudadanos cedió sus votos a la investidura de Díaz.
“En Andalucía no hay ningún motivo para adelantar las elecciones”, ha dicho Marín en su comparecencia, a pesar de que Rivera reclamó la convocatoria con las urnas 24 horas antes. A priori, la ruptura del acuerdo tampoco va a poner en riesgo las leyes pendientes de aprobar que ambos grupos ya habían pactado, y que se encuentran en su fase final de tramitación parlamentaria: la reforma de la Ley de Igualdad, la ley integral de Formación Profesional, la ley de Emprendimiento y la ley de Agricultura (sólo las dos primeras están prácticamente terminadas). “Cs tiene un programa con el que se presentó y va a cumplir con su programa. Hay puntos que cuando vengan, del grupo que vengan, por supuesto que siempre vamos a arrimar el hombro. Cómo no vamos a aprobar esas leyes si son nuestras”, ha aclarado Marín.
Cuando le han preguntado por las críticas del resto de fuerzas que les acusan, junto al PSOE, de haber montado “un show o un espectáculo” para justificar las elecciones anticipadas a otoño, Marín ha replicado: “No hay ninguna razón objetiva que justifique el adelanto electoral, porque hay unos Presupuestos aprobados que pueden ejecutarse hasta el 31 de diciembre. Quien ha hecho el teatro es Susana Díaz para justificar ese adelanto electoral”, ha sentenciado el portavoz el grupo naranja, que cree que la verdadera razón para precipitar los comicios es “el miedo de la presidenta andaluza al calendario judicial” (en relación a la sentencia del juicio de los ERE, que sienta en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán).
