El Gobierno andaluz destina 37 millones de euros a seguir pagando ERE a jubilados tras la condena por malversación

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha iniciado una larga andadura en el desierto, con resultado incierto y “difícil”, para tratar de recuperar parte de los 680 millones de euros “defraudados” en la trama de los ERE, esto es, con el sistema “ilegal” que el anterior Gobierno socialista diseñó y usó durante una década [2001-2010] para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. El Consejo de Gobierno ha dado instrucciones este martes para reclamar por la vía civil ese dinero, tras estudiar la sentencia que condenó a 19 ex altos cargos de la Junta, incluidos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por delitos de prevaricación y malversación.

La determinación política del nuevo Ejecutivo choca con dos muros: el primero es que el gabinete jurídico del Gobierno de Susana Díaz decidió, en 2016, abandonar la acusación particular de la pieza política de los ERE, lo cual invalidó la vía penal para reclamar el dinero defraudado a los hoy condenados. El segundo es que la propia ley impide iniciar hoy la vía civil hasta que la condena sea firme. A la vez que se anunciaba el inicio de este procedimiento, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, admitía que no podrán iniciar la tramitación jurídica para el reintegro del dinero perdido hasta que la sentencia sea firme, es decir, después de que los condenados recurran el fallo al Tribunal Supremo y éste resuelva de forma definitiva. Entre dos y tres años, según fuentes jurídicas conocedoras del caso.

Entretanto, lo que sí está obligado a hacer el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla es a seguir abonando las ayudas a los 6.000 prejubilados que se beneficiaron de los ERE: la mayoría de ellos cobraron el dinero que les correspondía legalmente y 219 percibieron la ayuda de forma irregular, eran los llamados intrusos, personas que se beneficiaron del ERE de una empresa en la que nunca habían trabajado. De aquí a 2025 -año de la última póliza por prejubilación prevista-, la Junta tendrá que abonar 37 millones de euros a estos ex empleados, un dinero ya consignado en los Presupuestos de 2019 y 2020.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla concluyó, tras más de 1.700 folios, que el procedimiento que diseñó la cúpula del anterior Gobierno socialista para conceder las ayudas directas a empresas en crisis era “ilegal” y “fraudulento”. En teoría, eso exime de devolver el dinero a la mayoría de los trabajadores que cobraron su póliza de jubilación “de buena fe” por parte de esas compañías y a través de aseguradoras. El nuevo Gobierno se ha cuidado mucho de no exigir el reintegro a los empleados, sino a las empresas. De ahí se deriva la principal dificultad para recuperar las ayudas defraudadas, porque algunas sociedades han desaparecido, se han declarado en concurso de acreedores o han cambiado de nombre y titularidad.

La condena por malversación de los ex dirigentes socialistas obliga a la devolución de fondos a la Administración andaluza, pero exige la concreción de las cuantías a reintegrar, y ese montante aún no está calculado. La Consejería de Hacienda y de Empleo intentan desgranar ahora qué parte de los 680 millones defraudados pueden entenderse como sustraídos por malversación. Hoy la Junta no tenía esa cifra y ha emplazado a la semana que viene. La Administración anterior llegó a cifrar el fraude de los ERE en 135 millones de euros en octubre de 2018, y aseguró en su día que sólo se había recuperado 6,7 millones.

Lo que sí ha hecho Marín y el portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, es cargar la responsabilidad de la dificultad para recuperar el dinero en la ex presidenta Susana Díaz. “Se encargó de tejer una tela de araña para evitar la recuperación del dinero”, ha dicho Marín, para explicar que al abandonar la acusación particular del caso ERE, la anterior Junta impidió que hoy se pueda reintegrar parte de lo perdido con los embargos que los tribunales dictaron en su día a los bienes de los acusados: 4,2 millones de fianzas para Griñán, 6,2 millones de euros para el ex consejero de Empleo José Antonio Viera; otros 8,7 millones para el ex consejero Antonio Fernández; 3,7 millones para el ex consejero Francisco Vallejo.

El vicepresidente y consejero de Justicia también ha confirmado que el actual Gobierno de PP y Ciudadanos está obligado a pagar la representación legal de los ex dirigentes socialistas implicados en el caso ERE, ya que han sido condenados en el ejercicio de su función pública. No obstante, el gabinete actual negocia con sus abogados para ajustar sus honorarios al precio que establece el Colegio Profesional de Abogados. Por ejemplo, el letrado del ex consejero Gaspar Zarrías pidió inicialmente 200.000 euros de minuta, aunque finalmente ha llegado a un acuerdo para aceptar 18.000 euros. “Les pagaremos, pero una vez que la sentencia sea firme, porque recurrirán al Supremo, la Junta reclamará el reintegro de esa representación jurídica de los acusados si se confirma la condena”, ha advertido Marín.

Bendodo ha aportado pocos datos más, pero ha aprovechado para subrayar el “bochorno y escarnio de la sentencia que condena a un régimen socialista que durante muchos años creó un sistema clientelar para ganar elecciones”. “El daño que han hecho los socialistas a Andalucía es enorme e irreparable, el nombre de Andalucía queda manchado, y los culpables son de un partido político: el PSOE”, ha zanjado.