Los alcaldes andaluces piden subir el tope de gasto para contratos menores a dedo tras el “fraude de ley” en la Junta

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha aprobado una resolución sobre los contratos menores instando a la FEMP a plantear “una reforma legislativa para aumentar el límite de la contratación menor, no de forma desaforada, pero sí tener en cuenta que la vida ha ido subiendo, los precios suben, la inflación en los últimos años especialmente ha subido y el límite de la contratación sigue siendo el mismo”. Pese a ello siguen existiendo “los mismos 15.000 euros en los contratos de servicio y 50.000 euros en los de obra que se impusieron en la reforma legislativa que tiene más de diez años”, ha apuntado el presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP).

Así, ha expresado que “eso hace que a veces los procesos de contratación en los ayuntamientos, por contratos pequeños, haya que ir a procesos muy complejos”, de manera que “se estudie al menos la posibilidad de revisar al alza esos límites, adecuándolos a lo que ha subido el coste de la vida también en los últimos años y así seguir siendo más ágiles en los ayuntamientos”, ha planteado apenas unos días después de que elDiario.es Andalucía desvelara que la Junta fraccionó miles de contratos “en fraude de ley” con los que repartió a dedo 458 millones de euros.

Bellido ha reclamado a la Junta, en nombre de la Ejecutiva de dicha institución, que la recaudación del impuesto al vertedero, la nueva tasa implantada y que estiman en unos cien millones de euros en la comunidad, revierta a los ayuntamientos para hacer inversiones en instalaciones de gestión de residuos.

En una rueda de prensa con motivo de la reunión de la Comisión Permanente y la Ejecutiva de la Federación en Córdoba, Bellido ha explicado que el cálculo aproximado es de en torno a cien millones de euros “lo que en toda Andalucía se puede estar pagando por esa tasa”, por lo que han demandado que esos cien millones de euros vuelvan a los ayuntamientos porque “nosotros somos los que ponemos la tasa y recaudamos y luego se transmite a la Junta de Andalucía”.

Además, han pedido que “esa tasa vuelva a los ayuntamientos gestores de centros de residuos, no a todos los ayuntamientos, porque no tendría sentido”, así como a las diputaciones “que prestan el servicio y hagan las inversiones necesarias en sus instalaciones para dejar de depositar los residuos en el vertedero y a su vez dejar de cobrar esa tasa, que no deja de ser penalizadora por enterrar la basura”.

En este sentido, por unanimidad se hace un llamamiento a que la recaudación de la tasa llegue a los ayuntamientos, porque “es un impuesto que deriva primero de una directiva europea, que se aprueba y se transmite al ordenamiento jurídico español a través de una ley que aprueba el Congreso, y que, como consecuencia de esa ley, las comunidades autónomas son las encargadas de obtener la recaudación y somos los ayuntamientos los que tenemos que colocar la tasa”.

Según ha expuesto Bellido, “si nosotros somos quienes, por obligación legal, tenemos que poner esa tasa, que muchos ayuntamientos la están ahora implantando, o como es el caso de Córdoba, no poner esa tasa, sino tener que actualizar y subir los precios de la tasa de recogida de basura, pues que esa recaudación vuelva a los ayuntamientos desde la administración autonómica”.

El objetivo es que “sirva a su vez” a los ayuntamientos para “hacer las inversiones necesarias”, de manera que “se dejen de depositar los residuos en vertederos y, por tanto, se cumpla con la directiva europea y, a su vez, haya que dejar de pagar ese nuevo impuesto”. Cree que “es puro sentido común”, de ahí que “se apruebe por unanimidad” este punto.

También, ha defendido que a través de la FAMP y la FEMP se haga una guía, que se trabaja ya en ella, para que “la implantación de la tasa en los ayuntamientos se facilite, porque esto tiene también una posible derivada técnica compleja, que es que luego haya litigiosidad y conflictividad en cuanto a que algunas de las tasas sean recurridas y rechazadas por los tribunales”, ha advertido.

Entretanto, Bellido ha comentado que “se ha trabajado en estos meses el asunto relativo al nuevo sistema de tarjetas monedero, que desde los ayuntamientos, y por unanimidad, se trasladará a las distintas administraciones, tanto la Junta, como el Gobierno”, precisando que “es un sistema que tiene que mejorar para que no se quede nadie fuera, porque ha habido un cambio de sistema y hay gente que se queda fuera, porque ha pasado a trabajarse sólo familias con menores”.

Asimismo, ha señalado que se expondrán “las necesidades de tener más medios” por parte de los ayuntamientos, “para poder atender un trabajo que ahora revierte al 100% en los consistorios, y si no tenemos los suficientes medios, el problema puede ser que se retrasen las tarjetas monederos y que, por tanto, haya familias que tengan más dificultades en su día a día social”.

En cuanto al déficit energético, desde la FAMP piden a todas las administraciones que “la inversión en Andalucía sea equitativa con el resto de España, que haya una inversión para paliar el déficit eléctrico que hay en la comunidad, especialmente en algunas zonas --una de ellas precisamente el norte de la provincia de Córdoba--”, así como que “todas las administraciones, incluida la Junta de Andalucía, ayuden a paliar la situación de déficit con otras inversiones anexas en todas las provincias andaluzas”.

En relación al Observatorio de Sostenibilidad Turística para analizar la tasa turística, Bellido ha detallado que ha habido una primera reunión hace dos semanas con todas las partes y se han contratado los servicios de una consultora que va a hacer todo el trabajo de recabar los datos, de forma que “se va por buen camino”, ha aseverado.

De igual modo, ha destacado que se da “un avance importante y significativo” a la nueva sede en Sevilla, “que necesita la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y que el anterior presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, se dejó encauzado”, concretamente la Casa Paterri en San Bernardo, porque “las actuales instalaciones distan mucho de tener unas condiciones de trabajo adecuadas, fundamentalmente para los que están todos los días allí”.

Al respecto, en la ejecutiva de este jueves se traslada ya el contrato para la redacción del proyecto de remodelación de la casa, “que además va a suponer un beneficio también para la ciudad de Sevilla, porque se recupera un espacio importante en un barrio que está en el corazón de la ciudad”, a la vez que “se delega en la Secretaría General todas las facultades para la licitación de la obra, no sólo del proyecto”, por lo que espera que “en un año” estén ya trabajando en esa obra “para que en este mandato se quede ya trasladada la sede, aprovechando la generosa cesión del Ayuntamiento de Sevilla”.

Igualmente, Bellido ha indicado que además de la sede de la FAMP, “todos los alcaldes y ayuntamientos que quieran van a tener ahí un despacho multiusos para usar cuando necesiten hacer gestiones en Sevilla”, de modo que “no sólo sea una sede administrativa para la propia FAMP”.

Y se van a aprobar una serie de declaraciones institucionales, que tienen que ver con las próximas conmemoraciones que hay en Andalucía y algunas nacionales, como por el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres; otra sobre la mujer rural, que se celebra el día 15 de octubre, y sobre el Día de la Empresa, el 28 de octubre.