Suspendido in extremis el desahucio de una familia de Almería con una hija discapacitada

Desde el pasado febrero trataban de evitarlo y finalmente lo han conseguido: el juzgado ha suspendido el desahucio de una familia con una hija discapacitada, según ha informado Stop Desahucios Almería en las redes sociales. Estaba previsto para este mismo viernes 10 de marzo pero miembros de la organización se han venido concentrando todas las mañanas de los lunes, miércoles y viernes de cada semana ante unas oficinas de Cajamar, en la capital, exigiendo a esta entidad financiera que paralice el desalojo, algo que finalmente han conseguido.

La organización presionaba para que la entidad financiera volviera a negociar el caso de Rafael Marin, coordinador del movimiento 'Stop Desahucios', que recientemente había recibido una notificación judicial de desahucio de su vivienda, donde convive con su mujer, ambos parados y sin ingresos, y su hija, que padece una discapacidad funcional superior al 33%, cobrando una ayuda de 426 euros al mes.

La fuerte protesta callejera obligaba cada día a la caja a echar el cierre de la verja principal, boicoteando la entrada y salida de clientes e impidiendo la normalidad de la jornada laboral, ante una discreta pero continua vigilancia de la Policía Nacional. Una pequeña puerta lateral se mantenía abierta aunque de poco servía ante los manifestantes, que se apostaban en ella golpeando bidones metálicos, con pitos ensordecedores, bocinas, pancartas, megafonía y cancionero sarcástico.

Hay otro caso en la provincia en el que afirman que se detuvo la negociación sobre una vivienda salida a subasta, que afecta a un matrimonio con varios hijos en desempleo. Según Rafael Marín, la organización estaba negociando en ambos casos una alternativa, pero recientemente cambió la cúpula directiva territorial de Cajamar y, desde entonces, se han encontrado con una negativa absoluta al acuerdo.

“Mi hija tiene una discapacidad superior al 33%, que por ley imposibilita el desahucio, y cobra una ayuda de 426 euros. Ni mi mujer ni yo tenemos ingresos. Yo fui empleado de banca durante 35 años y estoy negociando la jubilación con la Seguridad Social porque tengo alguna deuda con ella. Mi hija es trabajadora social e intérprete de lenguaje de signos y tiene el único ingreso que entra en mi casa”, señala.

Amparo al Constitucional

“La Audiencia Provincial dictó una sentencia obligando a recalcular el importe por el cual Cajamar se adjudicó la vivienda por cláusulas abusivas, pero el juzgado se niega a revisar la sentencia, por lo que voy a solicitar amparo al Tribunal Constitucional”, denuncia el coordinador provincial de Stop Desahucios, considerando que “hay connivencia entre Cajamar y el juzgado”. Se da la circunstancia que en el escrito remitido a Marín se pide la salida de la vivienda y, si fuera necesario, con presencia de un cerrajero y con descerrajmiento de la puerta.

Por su parte, fuentes de Cajamar consultadas por eldiario.es Andalucía, aseguran que en ningún momento se han roto las conversaciones y “sigue la vía abierta de negociación con el cliente”. Insiste la entidad crediticia en no tener ninguna intención de poner en la calle a ninguna familia necesitada, habiendo logrado acuerdos en otros casos para evitar medidas drásticas.

Cajamar considera que si el grado de discapacidad de la hija de Rafael Marín impide legalmente el desahucio, en ningún momento el juzgado lo iba a llevar cabo, y reiteraba su voluntad de negociar. Además Cajamar mantiene una versión diferente a la de Marín. Según la caja, esta familia lleva sin pagar su hipoteca 11 años. La operación fue concedida en octubre de 2004 y entró en mora en abril de 2006, desde entonces se ha venido dilatando el procedimiento ejecutivo con continuos recursos de oposición y apelación por su parte.

La vivienda fue subastada en noviembre de 2010 y adjudicada en mayo de 2012. Y tras resolverse un incidente extraordinario de oposición y un posterior recurso de apelación, mediante diligencia de 17 de junio de 2016 se ordenó el desalojo voluntario de la vivienda. La familia presentó entonces un nuevo recurso de revisión, que no fue admitido por providencia judicial de 23 de septiembre, en la cual el juez instaba a Cajamar a solicitar el lanzamiento o archivaba el procedimiento. Cajamar solicitó el lanzamiento, que estaba fijado para este viernes 10 de marzo.

“Durante todo este tiempo Cajamar ha querido negociar permanentemente con la familia, ha tenido paciencia y ha mostrado su predisposición a alcanzar un acuerdo para que permanezca en la vivienda, ofreciendo distintas soluciones a las que la familia deudora no ha dado respuesta. Y cuando lo ha hecho, finalmente no ha cumplido lo acordado, ni en lo más básico, como es presentar la documentación económica para poder ofrecerle una solución a su medida”, añade Cajamar.

100 euros mensuales durante dos años

El pasado mes de febrero esta familia aceptó inicialmente una propuesta de Cajamar para continuar en la vivienda con un alquiler de 100 euros mensuales durante dos años, y 350 euros a partir del tercer año, haciéndose cargo Cajamar de los gastos del IBI y de la comunidad de propietarios (de un edificio que cuenta con piscina comunitaria). Sin embargo, finalmente la familia no ha dado respuesta a la oferta de Cajamar.

Por su parte, Marín matiza que “después de comunicarme el desahucio me han propuesto un alquiler social de 350 euros al mes, que no me parece nada social ya que solo tenemos los 426 euros de mi hija”, indicando que ha tenido que soportar “visitas de fondos de inversión que me ofrecían una miseria de dinero para que dejara la casa argumentando que ellos eran los dueños al comprarla a Cajamar”.

Stop Desahucios afirma que actualmente sus servicios jurídicos trabajan aproximadamente en unos 150 casos en toda la provincia, no solo hipotecarios, sino también desalojos por falta de impagos de alquileres y otros problemas.

Marín estima que desde que hace cinco años comenzó la andadura por el movimiento ciudadano de la vivienda de Stop Desahucios Almería, han logrado resolver más de 3.000 casos en la provincia “en los que hemos logrado salvar las casas evitando que las familias se queden en la calle gracias a la negociación. Los bancos más reacios son Unicaja, Cajamar, Santander y Cajasur, y quienes más colaboran para llegar a acuerdos son La Caixa, Sabadell y BBVA, pero vamos a tener que poner demandas a algunos por no cumplir el código de buenas prácticas bancarias, incumpliendo la ley y con muchos casos atascados cuya negociación no avanza, nos dan largas, nos dicen que volvamos a entregar la documentación porque se ha perdido, etc.”, denuncia Rafael Marín.