Los ecologistas que pintaron El Algarrobico en 2014 se enfrentan a un año de cárcel: “La ilegalidad es la del hotel”

En la mañana del 11 de mayo de 2014, un centenar de personas se presentaron con monos naranjas, brochas largas y pintura negra en la playa de Carboneras, en el extremo oriental del Parque Natural de Cabo de Gata. Entraron en un mastodóntico edificio a medio construir, pintaron la fachada con un círculo de 8.000 metros cuadrados y dejaron en blanco algunas zonas para que desde el mar y la playa se apreciara una leyenda escrita sobre fondo negro: “Hotel Ilegal”. A mitad de tarea, los identificó la Guardia Civil.

Diez años después, ese punto negro sobre El Algarrobico, el más simbólico de los puntos negros de la costa mediterránea, los va a llevar al banquillo de los acusados. 28 activistas que participaron en aquella acción de Greenpeace se enfrentan este viernes a un juicio penal en el que se pide una condena de un año de cárcel para cada uno y 4.320 euros de multa, y el pago de 187.600 euros (en total) en concepto de responsabilidad civil.

Los activistas afrontan una posible condena por los presuntos delitos de desobediencia y daños en un edificio en estado ruinoso enclavado en un parque natural y en dominio público marítimo terrestre.

La acusación la ejerce Azata, la promotora del hotel, hoy un fantasmagórico edificio inacabado de 20 plantas y 411 habitaciones a pie de playa que, a pesar de las sentencias que lo declaran ilegal, se sostiene gracias a una maraña de papeles y recursos.

“Esa construcción invade el espacio público”

“El Algarrobico es un ejemplo de destrucción a toda costa: es un derecho y un deber luchar contra algo como eso”, opina Mamen, una de las acusadas, que viajará el jueves desde Málaga para estar presente en el juicio. Recibió la citación hace poco más de un mes.

“Yo tengo la conciencia tranquila: estaba en una zona no urbanizable y de especial protección según el Plan de Ordenación de Cabo de Gata, y que según la Ley de Costas es dominio público-marítimo terrestre”, se defiende Juande Fernández: “No invadí ningún espacio privado; esa construcción sí invade el espacio público”, dice el activista, que asegura que no hubo desobediencia a la Guardia Civil, y sí una identificación “cordial”.

A Almería llegarán activistas desde todos los puntos de España y hasta desde Bruselas. Su abogada quiere evitar cualquier incidencia que posponga nuevamente la celebración de un juicio que ya se suspendió en marzo del año pasado por la huelga de funcionarios de justicia. La vida de casi todos ha cambiado en una década. Hoy, con los plazos de instrucción, sería casi imposible juzgar en 2024 unos presuntos daños de 2014.

Aunque todos fueron identificados en el interior del edificio, ninguno admitirá ser autor material de la pintada, a la que supuestos vecinos de Carboneras dieron la vuelta apenas dos días después de la acción de Greenpeace para que se leyera “Hotel Legal”.

Fiscalía pidió el archivo y defendió el componente simbólico

Será un juicio de Azata contra los ecologistas, porque Fiscalía pidió el archivo de las actuaciones al concluir la instrucción. Según el escrito de conclusiones de la fiscal, al que ha tenido acceso elDiario.es, la “intencionalidad” de los activistas acusados “no era dañar la propiedad ajena, sino una forma de protestar por lo que ellos, como un amplio sector de la población, consideran que es un grave atentado al medio ambiente y a los recursos naturales”. Además, subrayaba que era imposible identificar a los autores materiales de la pintada.

El Ministerio Público defiende que aquí debía primar el componente “simbólico” de la acción sobre el material, sobre todo cuando los presuntos desperfectos de la pintada están condenados a la desaparición cuando se cumplan las sentencias que declaran la ilegalidad del hotel, por la que abogan han abogado múltiples cargos públicos de diversas administraciones.

“Están pidiendo daños en una ruina que deberían tirar. Ese hotel ni se está usando ni se va a poder utilizar, porque lo que dicen los tribunales es que nunca se debió construir”, subraya Inés Díez, del equipo jurídico de Greenpeace, quien cree que el único interés de Azata es económico. La constructora no ha respondido al intento de elDiario.es en Andalucía por recabar su valoración.

Tampoco la jueza instructora vio inicialmente delito en la acción de los ecologistas: el juzgado de instrucción 1 de Vera archivó la investigación en enero de 2015, pero la Audiencia Provincial de Almería ordenó la reapertura, argumentando que los daños estaban comprobados, y que no importaba la situación de ilegalidad del hotel, cuyas obras paralizó un juez almeriense el 23 de febrero de 2006 cuando estaban al 80% de ejecución.

Declarado ilegal en 2016

En mayo de 2014, cuando Greenpeace organizó la acción, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acababa de dar un vuelco al caso con dos resoluciones que abrían la vía a la legalidad del hotel, pero esas sentencias fueron luego revocadas por el Tribunal Supremo. Hoy, el hotel parece condenado, aunque nadie sabe cuándo se ejecutará su condena. Desde 2006, no se ha tocado un ladrillo de El Algarrobico, y van y vienen los papeles de tribunal en tribunal, acumulándose un total de 42 resoluciones que confirman la ilegalidad del edificio, según las cuentas de los ecologistas.

Pese a todo, El Algarrobico sigue en pie, cual boxeador sonado, porque el trámite de revisar la licencia municipal de obra concedida en 2003 (válida a día de hoy) está atascado en el ayuntamiento de Carboneras desde que lo ordenó el TSJA en 2018. Hace apenas dos meses, el propio TSJA anuló el acuerdo para declarar que los suelos de El Algarrobico son no urbanizables, apuntando que la intención del ayuntamiento con ese acuerdo había sido eludir la literalidad de las sentencias, lo que abriría la puerta a una posible indemnización a la promotora.

Las últimas noticias son de esta misma semana: el TSJA ha dado al consistorio un plazo de diez días para que certifique que el suelo de El Algarrobico es no urbanizable, tal y como lleva exigiéndole desde 2016. En cambio, ha rechazado multar al alcalde con 700 euros por las reiteradas dilaciones en cumplir con sus sentencias.

Cuando se constate que el PGOU clasifica el suelo como no urbanizable (algo que ya es por estar en dominio público y en el parque natural), quedará abierta al fin la vía para revisar (y anular) la licencia de obras concedida a Azata en 2003.

Mientras, la Junta de Andalucía escenificó este pasado martes su compromiso con la demolición del Algarrobico. Anunció que tiene la intención de personarse en el proceso en el que se trata de ejecutar la orden de revisar la licencia, y su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, dijo que es uno de los grandes objetivos del Gobierno andaluz: “Ya es hora de acabar con ese ejemplo de urbanismo salvaje y de devolver a los ciudadanos un paisaje acorde al espacio natural en que se ubica”.

La demolición del Algarrobico fue asumida como un compromiso personal de Juan Manuel Moreno y la Junta de Andalucía llegó a destinar en 2021 una partida presupuestada para su derribo, pero hoy ese escenario sigue viéndose lejano.

“Quieren que te lo pienses dos veces”

“Estoy convencido de que la ilegalidad es la del hotel y no lo que hicimos los activistas”, dice Juande Fernández, quien cree que el objetivo de un juicio como el de esta semana es amedrentar a los colectivos ecologistas. “Quieren que te lo pienses dos veces: a nivel familiar, esto es un terremoto a nivel emocional”, dice quien se ha visto envuelto en situaciones parecidas, pero siempre ha salido indemne. “Lo seguiría haciendo, no me arrepiento”.

Para Mamen es la primera vez ante un juez. Ella admite su nerviosismo: “La puesta en escena ya me inquieta”. Aunque mantiene su compromiso ecologista, ya no milita en Greenpeace, y las posibles consecuencias le hacen dudar de si volvería hacer lo que hizo hace diez años. “No lo sé, pero tengo claro que mi día a día es la lucha por el medio ambiente”.

“Hicimos una protesta en contra de una aberración, icono de la destrucción de la costa en España, con numerosas sentencias que determinan su ilegalidad. Fue pacífica, no generó daño y no fuimos violentos: solo pedíamos que se protegiese el medio ambiente”, zanja Fernández, a pocos días de que le juzguen por los supuestos daños que un punto negro causó hace una década sobre un edificio ilegal condenado a la demolición.