Obras sin licencia y decibelios a tope: Dreambeach, el mayor festival de electrónica, cumple 10 años con sus nuevos vecinos en contra

Si todo va como está previsto, a medianoche del próximo sábado David Guetta se subirá al colosal escenario principal del Dreambeach, 20 metros de alto y 60 de ancho, alzará los brazos al cielo y dará comienzo, en comunión con el público, una de las ceremonias laicas de electrónica amable que le han hecho célebre. Se espera que unas 25.000 almas le acompañen en la liturgia. También podrán seguir el show los vecinos de El Toyo desde sus balcones, a tiro de piedra de los límites del recinto del festival.

El Ayuntamiento ha suspendido sus “objetivos de calidad acústica” del 1 al 4 de agosto: esos días, la norma que se aplica el resto del año no regirá en El Toyo, donde se celebrará este festival, el mayor de los dedicados a la música electrónica en España, en horario de 19.30 a 7.00 en tres escenarios: EDM/ Mainstream/Hardstyle, Techno, Breakbeat y Drum & Bass.

Tras nueve ediciones en la playa de Villaricos, Dreambeach celebrará la décima junto a esta urbanización de la capital almeriense, donde viven unas 350 familias, en torno al millar de personas en total. Muchas se han agrupado en torno a la Asociación no Al Dreambeach en El Toyo, que lleva meses denunciando presuntas irregularidades en la preparación del evento y temiendo el momento en que los altavoces empiecen a atronar.

El Ayuntamiento ha validado el informe acústico de la promotora. “Son 416.000 watios. En la ubicación anterior las viviendas más cercanas estaban a 700 metros y los cristales vibraban”, advierte la portavoz de la asociación Rocío Quero, una sevillana que compró su casa de El Toyo precisamente por la ubicación: a medio camino entre Almería y Cabo de Gata (a cuyas puertas se queda), es un lugar tranquilo junto a la playa del Retamar, donde además de una urbanización residencial hay un hotel y abundante superficie hasta ahora en desuso, catalogada como terreno forestal.

“Nos hemos separado lo máximo posible. Podemos medirlo: digo al 100% que hay 400 metros lineales”, replica Francisco Toro, responsable de Hermanos Toro, la promotora. Los vecinos lo acortan a 50. Toro asegura que con la tecnología de sonido que tienen, las molestias serán mínimas, y resta peso a la asociación. “Aquí todo son problemas, están en el todo no”, dice: “Lo más importante no tiene que ser generar riqueza, pero tampoco puede ser dormir 24 horas”.  

La otra cuestión es la seguridad. El Ayuntamiento ha anunciado que más de 1.000 efectivos, entre policías, bomberos y Protección Civil, velarán por la seguridad “por tierra, mar y aire”. Será un puzle: la Unión de Policías Locales y Bomberos de Almería asegura que la mayoría de trabajadores se niega a hacer horas extra, y a una semana del evento solo se habían registrado 17 y 15 solicitudes para viernes y sábado, los días fuertes del festival.

Grupo Hermanos Toro organiza otros eventos en Andalucía como Weekend Beach (Torre del Mar), Zaidín Rock (Granada) o Puro Latino (Torremolinos, El Puerto de Santa María, Sevilla y Almería).

Montaje sin licencia

En teoría, Dreambeach obtuvo al fin la licencia municipal el pasado 19 de julio, quince días antes del evento. Así lo publicó Ideal el 22 de julio. En todo este tiempo, el principal escollo ha sido la autorización que debe emitir la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Gobierno central, por tratarse de un terreno sujeto a servidumbre en el que están previstos varios escenarios y potentes instalaciones lumínicas. Hasta una noria aparece en el cartel.

Este medio ha pedido al Consistorio confirmación oficial de que Dreambeach ya tiene licencia, sin obtenerla. AESA tampoco confirma que haya emitido la autorización. “Teníamos el compromiso de que el informe sería favorable. Nos dijeron que contactáramos con los técnicos del ayuntamiento, porque la administración es lenta, y a lo mejor el documento llega 24 horas antes”, dice Toro, quien insiste en que todo está en regla.

En cualquier caso, la promotora empezó a levantar el escenario sin esperar. “Como cualquiera que se pone a montar cualquier estructura u obra sin licencia, se le abrirá el correspondiente sancionador”, aseguró la concejala Sacramento Sánchez durante el Pleno del 16 de julio. Ya existe otro por el incumplimiento de la licencia de limpieza y desbroce.

El juzgado de instrucción 6 de Almería investiga desde hace semanas todo lo ocurrido alrededor del festival, según un escrito de Fiscalía en contestación a las denuncias de Verdes-Equo y la asociación de vecinos.

Un festival con apoyo público

Dreambeach es una marca consolidada y la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y el Ayuntamiento estampan su sello en la cartelería oficial, pero a cinco días del evento, ninguna ha publicado los contratos o patrocinios suscritos con la promotora, Dreambeach 2024 AIE (Agrupación de Interés Económico).

En 2023, recibió 100.000 euros de patrocinio de la Junta de Andalucía (el 80% con cargo a fondos europeos FEDER), a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte, con la que el Gobierno de Moreno articula este tipo de patrocinios discrecionales. Un portavoz de la Consejería confirma que Turismo patrocina el evento, “como muchos otros”, sin aclarar la cuantía o cuándo se ha aprobado el patrocinio, que hasta el viernes 26 no aparecía en el buscador de la Junta de Andalucía.

“La única ayuda es testimonial, de la Junta. Todavía no la han comunicado formalmente, pero es menor a la del año pasado”, dice Toro. ¿Por qué entonces aparece el logo de la Diputación y el ayuntamiento? “Todos los ayuntamientos de España quieren poner su logo en un festival. Y la Diputación lo pone porque siempre ha tenido interés en ayudar a Dreambeach. Si hay buena predisposición y es justo, podré recibir alguna ayuda”.

Denuncias ambientales

Las posibles molestias durante el festival serían el colofón a una relación mal avenida. Los vecinos llevan meses denunciando el recorrido del evento de la mano del Ayuntamiento de Almería, que empezó a promocionarlo en Fitur en febrero. Por entonces ni siquiera había registrado nada ante el Consistorio, pero vendía entradas desde diciembre, como ya contó este medio.

En estos meses, los vecinos han interpuesto denuncias ante la Delegación de Medio Ambiente por el daño a la vegetación autóctona (pitas y arbustos que paliaban la desertización del terreno) y el polvo, que hacía que durante horas el aire fuese “irrespirable”. “Nos han notificado, se ha personado la Policía y levanta acta. En varias ocasiones. Yo lo asumo. Porque hay polvo, por ejemplo. Pero es fuerza mayor: yo paso una máquina, echo agua, pero se evaporaba superrápido, y por eso eché chinos”, dice el promotor, que dice que tanto él como el ayuntamiento han sido “cautelosos” para minimizar las molestias, y niega afecciones ambientales. “Son bulos. No he podido desbrozar más porque hasta el 15 de julio no se podía por si anidaba algún pajarito. Pase por allí, a ver si ve pajaritos”.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente confirman que se ha abierto expediente sancionador, entre otros motivos, por “enterrar restos vegetales”, y añaden que está próximo a resolverse. “Tienen obligación de dejar el espacio como estaba cuando se vayan, y eso habrá que verlo a posteriori”.

Unos terrenos vendidos por la Junta de Andalucía

Por su parte, el Ayuntamiento siempre ha alegado que se trata de una parcela y una promotora privadas. La parcela fue adquirida en julio de 2023 por el empresario Turki Abdul Muhsen Al-Sheikh, y la alcaldesa María del Mar Vázquez acudió a un acto público para celebrar la compra, en el que también estuvo Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Medio Ambiente y hasta hace dos años alcalde de Almería. Hasta su venta, era propiedad de la Junta de Andalucía, quien la recibió del Estado como pago de la deuda histórica, y la adjudicó a Al Turki en subasta pública por 11,2 millones de euros.

La parcela tiene 270 hectáreas en las que el empresario, también dueño del Unión Deportiva Almería, plantea construir viviendas en unas 87 hectáreas. Desde mayo de 2023, el titular es Rozam Real Estate, S.L., de la que Al Turki es socio único, según la documentación registral en poder de este medio. Cuando la compró, anunció también que la destinaría a una ciudad deportiva para el club, que nunca ha sido dueño del terreno, a pesar de que la alcaldesa así lo ha dado a entender en varias ocasiones.

De momento, ha “cedido” parte del suelo, unas 25 hectáreas, a la promotora del festival. Según el documento de cesión, que este medio ha podido consultar, todo queda supeditado a un convenio entre la propiedad y el ayuntamiento, que niega que tal documento exista.

El acuerdo entre Al Turki y Hermanos Toro no recoge contrapartida económica por la cesión del suelo: Hermanos Toro entrega 200 pases VIP, 300 abonos generales, aparcamientos y 40.000 euros para contratar dos DJs en un local del Puerto, a cambio de prestar el suelo del 1 de julio al 11 de agosto de 2024 y del 14 de julio al 10 de agosto de 2025.

Esto indica que los promotores cuentan con celebrar al menos dos ediciones del Dreambeach en los terrenos de El Toyo.

Cartas al ministro y al presidente de la Junta de Andalucía

Los vecinos denuncian la opacidad de todo lo que rodea al festival. Para acceder al expediente público tuvieron que acudir al Consejo de Transparencia. “Somos lo más sinceros posible”, le dijo la concejala a Rocío Quero en el Pleno.

Tras interpelar a la alcaldesa, interponer denuncias ante la Delegación de Medio Ambiente, recabar firmas y escribir al Defensor del Pueblo y hasta al Parlamento Europeo, el último intento de la asociación pasa por la presión epistolar. En la última semana, han dirigido cartas al ministro de Transportes, Óscar Puente (advirtiéndole de la posible vulneración de la normativa de seguridad aérea) y a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Hasta ahora, todo en vano. “Sentimos impotencia viendo lo que se está haciendo allí impunemente”, lamenta Quero. En el Pleno, solo logró una breve respuesta de la alcaldesa: “Estamos trabajando con las administraciones públicas para que este evento, que seguimos considerando que va a ser objetivamente bueno para la ciudad de Almería y la provincia, tenga el impacto menos negativo para los vecinos”.