Andalucía posterga la emergencia por sequía pese a tener tres provincias con reservas por debajo de Cataluña

El Gobierno de Juan Manuel Moreno sopesa declarar la emergencia por sequía en Andalucía –como acaba de hacer Cataluña– pero ha postergado la decisión hasta el verano. Esta determinación está siendo cuestionada por todos los partidos de la oposición, porque los embalses de las cuencas hidrográficas de tres provincias gestionadas por la Junta –Almería, Málaga y Cádiz– están ya por debajo del 16%, umbral que ha activado las restricciones más duras en Cataluña.

La situación más crítica está en Almería, con los embalses al 8,93%. Las reservas en Cádiz están al 15,32% y en Málaga al 15,75%. Muchos de los municipios de estas provincias, y de otras como el valle de Los Pedroches en Córdoba, ya están sufriendo restricciones desde hace semanas (unos cinco millones de andaluces ya conviven con algún tipo de corte en el suministro, de una población de 8,5 millones de personas).

La reserva media de los pantanos en Andalucía sigue siendo superior a la de Cataluña –en torno al 21%–, con Huelva y Sevilla con los embalses más abastecidos: 37,08% y 34,46% respectivamente. La declaración de emergencia que ha dictado la Generalitat implica, entre otras medidas, prohibir bajo pena de sanción económica un consumo superior a 200 litros por habitante y día en una primera fase –180 litros si empeora la situación y 160 litros en la fase más crítica (en este parámetro se encontraría ya Almería)–; y bajar la presión de los grifos en los municipios con mayor consumo, algo que ya han anunciado algunas ciudades andaluzas, como Sevilla.

Junto a las restricciones en los hogares, la Generalitat ha limitado el uso del agua al 80% en la agricultura de regadío, un 50% en la ganadería y un 25% en la industria. El impacto de estas medidas en el PIB andaluz sería “catastrófico”, avisan en el Ejecutivo autonómico, conscientes de que la economía de la región se sustenta en dos patas: el sector agroalimentario y el turismo. Los recelos de la Junta a generalizar las restricciones en el consumo del agua –a todos los niveles– tienen mucho que ver con la preocupación que han transmitido los agricultores –pérdidas en los cultivos programados– y empresarios, hoteleros y hosteleros, que temen ver dinamitada la temporada turística de primavera y verano.

La Generalitat ha paralizado también todos los proyectos previstos que precisen de un uso intensivo del agua, desde granjas hasta hoteles o grandes urbanizaciones en ciernes. Las piscinas y los centros deportivos sufrirán restricciones de distinto nivel y, en la fase más crítica, deberán inutilizar las duchas. En algunas playas de Málaga y Cádiz ya se han retirado las duchas públicas.

Un mapa desigual de la sequía andaluza

La foto fija de las reservas de los embalses por provincias en Andalucía es relativa: por ejemplo, algunos embalses que abastecen a Sevilla están ubicados en la provincia de Huelva. También depende de la capacidad de los mismos, no es lo mismo el pantano del Gergal, en el municipio sevillano de Guillena, con 35 hectómetros cúbicos, que el de Melonares con 186 hectómetros cúbicos. La distribución de la sequía en el territorio andaluz es muy desigual, de ahí que la Junta esté retrasando el escenario más duro con cortes generalizados para toda la comunidad.

El Ejecutivo andaluz aprobó la semana pasada el cuarto decreto ley de medidas contra la sequía. Moreno, tras reunirse con el comité de expertos que analiza la crisis hídrica en Andalucía, anunció cortes en los hogares de las grandes capitales para este verano, señalando concretamente las ciudades de Málaga, Sevilla y Córdoba. 24 horas después, el presidente andaluz quiso rebajar su propio mensaje de alarma, asegurando que el abastecimiento estaría garantizado en las fiestas de la primavera, la Semana Santa y la Feria de Sevilla, dos de los grandes eventos de la temporada turística en Andalucía, que movilizan cientos de millones de euros.

La sequía es un problema estructural que compete a todas las administraciones de distinto signo político: la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno central, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, las diputaciones, las mancomunidades... El clima de tensión política preelectoral ha estimulado los encontronazos asiduos entre PP y PSOE, con un cruce de acusaciones entre el Gobierno de Moreno y el de Sánchez, reprochándose no estar haciendo lo suficiente en materia de gestión hídrica en Andalucía.

Gestión del agua por territorio vs por población

En este forcejeo se utilizan datos parciales. Por ejemplo, la Junta subraya que el 67% del territorio andaluz depende de una cuenca hidrográfica competencia del Estado, la del Guadalquivir. El Ministerio de Transición Ecológica, en cambio, apunta que las cuencas hidrológicas intracomunitarias –competencia de la Junta– abastecen al 60% de la población andaluza.

“Las personas cuyo sistema de abastecimiento depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir están cubiertas, por lo menos, entre dos y tres años sin cortes. Gracias a que llevamos tres oleadas de inversiones concretas en Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén, anticipándonos al ver que los embalses bajaban. Y esto cubre a una parte importante de la población andaluza [cuatro millones de personas]”, advirtió la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el pasado jueves en un acto en Sevilla.

“Pero el reverso de esta situación es que el 90% de las personas que pueden encontrar problemas en el abastecimiento viven en cuencas hidrográficas que no dependen del Gobierno central, sino de la Junta. Y de esto sabemos poco sobre lo que están haciendo”, añadió Ribera, con un discurso a medio camino entre el reproche a Moreno “por no ejercer sus competencias” y el ofrecimiento de ayuda institucional. Su intervención en Sevilla fue enseguida respondida en tropel por los consejeros andaluces de Agricultura, Medio Ambiente y Presidencia. Este último, Antonio Sanz, se preguntó que si lo que pretendía el Gobierno de Pedro Sánchez era “negar el agua a Andalucía”.

Pero la situación de sequía en España es tan crítica, que ni 24 horas después Ribera telefoneó a Moreno, hablaron durante una hora, y acto seguido ambas administraciones hicieron público un mensaje de conciliación y trabajo conjunto. Sus equipos técnicos se van a reunir estos días para diseñar “un principio de acción unitaria” contra la sequía –en palabras de Moreno– y a final de mes ambos mandatarios volverán a verse, una vez se clarifique el “cronograma” de obras hidráulicas prioritarias y medidas necesarias a corto y medio plazo.

La Junta no descarta ninguna posibilidad, ni siquiera el trasvase de agua en barcos desde los embalses de la Comunidad Valenciana hasta Andalucía, como se ha anunciado para Cataluña. “Tenemos que colaborar y trabajar juntos”, ha insistido Moreno este lunes durante un acto en Madrid, donde ha reivindicado “el principio de solidaridad interterritorial”. “Si Cataluña necesita agua, otra comunidad puede facilitársela. Necesitamos un pacto nacional por el agua, sin egoísmos ni particularidades”, ha dicho el presidente andaluz.

El objetivo de este futuro encuentro es programar acciones para “garantizar la normalidad en verano”, estación para la cual el propio Moreno ya anunció restricciones en el consumo para las capitales andaluzas. Asimismo, se intentarán establecer unas bases para “avanzar en la colaboración, cooperación y coordinación para sacar adelante los proyectos pendientes”, con el compromiso explícito además de que el Ministerio de Hacienda estudiará la fórmula para solicitar ante la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad.

Un día antes, Ribera había tildado de “sorprendente” esta solicitud que Moreno hizo en Bruselas, explicando que ese fondo “está pensado para catástrofes que no están contempladas en ningún programa, como un terremoto”. La ministra no se negó a estudiar la propuesta, pero consideraba que la fórmula elegida no era la correcta, lo que desató otro aluvión de críticas por parte de dirigentes del Gobierno andaluz. Algo similar ocurrió con la propuesta de la Junta para trasvasar agua desde el pantano más grande de Portugal, próximo a la frontera con España, una fórmula que el Gobierno central ve inviable porque el país vecino también está sufriendo restricciones por la sequía.