El CGPJ exige al consejero de Justicia respeto a la instrucción de los ERE
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado insistir en la exigencia de respeto a las actuaciones judiciales y ha amparado la actuación de la jueza Mercedes Alaya en la instrucción del caso de los ERE fraudulentos. El acuerdo se adopta al hilo de las declaraciones del consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, quien, en una entrevista, opinaba que es “absolutamente imposible” imputar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en los ERE, criticando la “falta de imparcialidad” y “falta de profesionalidad muy seria” por parte de la jueza Alaya.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de hoy, ha adoptado por unanimidad un acuerdo que expresa que, “ante las declaraciones realizadas por el Sr. Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, y publicadas en el día de ayer por los medios de comunicación, referentes a la actuación jurisdiccional de la Magistrada del Juzgado de Instrucción Num. 6 de Sevilla en relación a la tramitación del caso de los ERE, el Consejo General del Poder Judicial, en reunión de su Comisión Permanente del día de la fecha, y sin perjuicio de la valoración que se haga de dichas declaraciones, no puede hacer otra cosa que reiterar –como ha hecho siempre- la exigencia de respeto a las actuaciones judiciales”.
El consejero ha reaccionado a este acuerdo del CGPJ señalando que “siempre ha respetado” las decisiones judiciales adoptadas y que “no es la primera vez que existen opiniones jurídicas diferentes sobre una decisión judicial”. También ha mirado al contrario y ha recordado que “el propio ministro de Justicia ha criticado en muchas ocasiones resoluciones judiciales, incluso del Tribunal Constitucional, y el CGPJ no ha dicho nada ni ha pedido respeto para la acción de la Justicia”.
El vocal del CGPJ Antonio Dorado había propuesto que la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces acordara algún tipo de respuesta institucional ante las manifestaciones del consejero, que consideraba “ataques” a la labor de la jueza.
La “falta de imparcialidad” a la que aludía De Llera el pasado lunes durante su entrevista con Europa Press respondía al hecho de que Alaya diera por sentado que Griñán conociera los informes de la Intervención respecto al uso de las transferencias de financiación para subvenciones sociolaborales. En concreto, Alaya preguntó al exinterventor general durante el interrogatorio si el consejero de Hacienda (entonces, Griñán) sometió la cuestión al Consejo de Gobierno al conocer el contenido de los informes definitivos de Cuentas Anuales y de Cumplimento.
Esta “intencionalidad por imputar” a Griñán, según ha dicho el consejero de Justicia, también ha sido comentada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno este martes. El portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha dicho que la posición de la jueza le deja a la Junta “una seria duda” acerca de la instrucción que desarrolla, solicitando a Mercedes Alaya “que instruya y no que prejuzgue”.
Vázquez ha aludido también a la “libertad de expresión” del consejero para efectuar dichas valoraciones, la cual “pueden compartir otras muchas personas”, y que son dichas “dentro de la corrección y dentro del conocimiento” del titular de Justicia e Interior de la Junta, abogando por no poner “la lupa en la anécdota”.
Las opiniones del consejero sobre Alaya
Al consejero de Justicia de Andalucía se le pregunta por el caso de los ERE cada vez que se pone a tiro. Es fiscal en excedencia, fue coordinador de la sección de delitos económicos en la Fiscalía de Sevilla y ahora lleva 14 meses al frente del departamento del Gobierno andaluz que aborda la modernización de la Justicia así como otras muchas competencias (seguridad, protección civil, políticas migratorias, etc.). Entre sus competencias no están las cuestiones de índole estrictamente judicial. Pero, bien por su carácter extrovertido o bien por sus conocimientos en la materia, suele ir más allá del 'respeto a las decisiones judiciales' de la mayoría de los políticos si se le insiste un poco.
Sus opiniones sobre el caso y su instructora vienen de lejos. No habían pasado tres semanas desde su toma de posesión en mayo de 2012 cuando se arrancó con un comentario sobre Alaya: “Es muy trabajadora; no sé de dónde saca tiempo para estudiar y llevar para delante no sólo este proceso sino otros más complicados. Y encima sigue guapa”. Aclaró poco después que había sido malinterpretado y que sus declaraciones no pretendían ser “machistas ni ofensivas”.
Pero inició así una senda de comentarios particulares sobre el caso de los ERE fradulentos que no han pasado desapercibidos. Ni para la prensa ni para el PP-A. Su vicesecretaria de Organización y Política Municipal, Ana Corredera, le tiene tomada la medida y sale al paso cada vez que el consejero opina sobre la jueza o sobre el caso. Ha tachado de “intolerables coacciones y amenazas” sus últimos comentarios, y también le preguntó anteriormente si tiene “información privilegiada” para saber que Griñán no será imputado.
De Llera también ha hecho valoraciones respecto a las personas que podrían ser imputados. Así, dijo hace tres meses que le sorprendía que Alaya no hubiera llamado a declarar a José Antonio Viera, exconsejero de Empleo, aunque aclaraba que no creía que tuviera responsabilidad. No fue el único miembro de la Junta que se expresó en similar sentido. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dijo en una entrevista en Canal Sur que tanto Viera como su sucesor, Antonio Fernández, tenían “responsabilidades políticas” en los ERE. Y con ratificación en el Parlamento.
No todo han sido declaraciones polémicas. En realidad, al comienzo de sus declaraciones, siempre ha valorado el trabajo y el esfuerzo de Mercedes Alaya (es “la que conoce de verdad” del caso; espera que la Justicia “cumpla con su deber” y “llegue cuanto antes al final de la instrucción”, etc.). Incluso le ha aconsejado, si fuera ella, que aceptara la ayuda de otros jueces y compartiera las 'macrocausas' que lleva adelante en su juzgado. Y alabó sus “rápidas” decisiones el mismo día en que se desarrollo la Operación Heracles el pasado marzo.
