Las familias desahuciadas “vuelven a estar en manos de la buena voluntad de un juez”, según la Junta
“Las familias afectadas por desahucios vuelven a estar en manos de la buena voluntad de un juez”, aseguran tajantemente fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda. La titular del departamento, Elena Cortés, considera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “en un claro abuso de sus prerrogativas, ha forzado la suspensión” del decreto ley para asegurar la función social de la vivienda, que cumplía este viernes tres meses en vigor y que ha sido suspendio al ser admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo central.
Según indican desde la Consejería, cuyos servicios jurídicos están estudiando ya la providencia del Tribunal Constitucional, los afectados “ya no tienen la tutela” de la Administración andaluza. “La expropiación de uso no ha culminado” y “el riesgo de desahucio vuelve a existir” ya que “el proceso judicial sigue su curso habitual”. Es el caso de siete familias que ya habían sido beneficiadas por el decreto, sobre cuyas viviendas la Junta ya había iniciado los trámites para la expropiación temporal de su uso de manos de las entidades bancarias que eran las propietarias.
La suspensión de la norma afecta a todos los procesos de desahucio en marcha o por venir en Andalucía, no sólo a los 12 expedientes de expropiación de uso de viviendas para evitar desahucios ya abiertos (los siete citados y otros cinco más recientes iniciados durante los primeros días de julio), sino a todos y cada uno de los procesos de desahucio que haya o vaya a haber en Andalucía, aclaran desde la Junta.
La incertidumbre creada en estas familias con la interposición del recurso por parte del Gobierno de Rajoy sufre un revés en contra ya que, según recoge la Constitución, el decreto queda suspendido hasta un máximo de cinco meses. “El riesgo de desahucio existe” y el proceso “sigue su curso”, insisten desde la Junta.
“Nunca bajaremos los brazos”, dice la consejera
A juicio de la consejera, en declaraciones remitidas a eldiario.es/andalucia, “el recurso del PP provoca desahucios, al ponérselos en bandeja a la banca, y encarece el acceso a la vivienda, al aplastar la opción del alquiler”, ha asegurado Cortés tras conocer la noticia. “El Gobierno andaluz seguirá trabajando para evitar desahucios y para promover la salida en alquiler asequible del inmenso stock de vivienda vacía de Andalucía”, ha indicado.
“Nunca bajaremos los brazos en el cumplimiento de nuestros compromisos con las víctimas de esta crisis-estafa que no han provocado y que el PP les quiere hacer pagar”, añadiendo que “la sociedad civil organizada, cuya lucha ha permitido este decreto ley, no permitirá retrocesos en la defensa del derecho a la vivienda”.
Cortés entiende que el Gobierno no recurre en defensa de la Constitución “sino de los intereses de una pequeña élite financiera y para lanzar el mensaje de que no hay alternativa a la política de recorte de derechos sociales y servicios públicos”, en una suspensión “forzada por las bravas” que “socava el poder de las víctimas de las crisis y refuerza la posición de privilegio de las entidades financieras”.
Según la consejera, “el Gobierno quita poder y recursos a la gente que no puede pagar su vivienda como consecuencia de una crisis que no ha provocado y se lo da a los bancos rescatados con dinero público que han provocado la crisis” ya que, con el decreto, “las entidades financieras sabían que forzar el desahucio suponía quedarse con una vivienda vacía susceptible de ser sancionada con 9.000 euros y cuyo uso podría ser expropiado”. “Ahora ya no tienen esa inhibición”, por lo que Cortés entiende que “el Gobierno del PP está provocando desahucios” y el PP-A, “que en su día garantizó a los andaluces que el decreto no sería recurrido, demuestra que es un cero a la izquierda”.
Desde la Consejería apuntan que el decreto también incluye medidas “que atacan la raíz del problema”, como es la acumulación de vivienda vacía. Además, la Consejería ha empezado a inspeccionar el parque de vivienda de Andalucía al objeto de detectar aquellas que estén vacías e incorporarlas al registro de inmuebles deshabitados, pudiendo sancionar a las personas jurídicas que las posean.
También ha recabado información sobre las viviendas protegidas que los bancos tienen en sus balances. Una veintena de ellos ya han contestado. La Consejería ha estado trabajando además en la orden de fomento de medidas en materia de alquiler y en el decreto de traspaso funciones a EPSA en materia de fianzas de arrendamientos y suministros. De cualquier forma, señala la Junta que el decreto ley sigue tramitándose como ley en el Parlamento andaluz, donde fue convalidado sin ningún voto en contra.
