La familia contra el Estado

El auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional se lee como un cuento. No es la narración incomprensible de la literatura judicial, se lee fácil y se agradece; es un cuento pero de terror, de terrorismo contra la democracia por lo que cuenta.

Al final, después de una narración prístina, el juez cita en calidad de investigados –los antes imputados– a María Dolores de Cospedal; a Ignacio López del Hierro –más compinche que marido–; a su director de gabinete, José Luis Ortiz; a Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior; y a José Manuel Villarejo, el superpolicía de la España más profunda y oscura. Como testigo, que no puede mentir, a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía.

El auto es demoledor, pone de manifiesto, a la espera del juicio de los jueces, presunción mediante de inocencia, unas conductas que no pueden sino ser comparadas con los peores tiempos de la mafia italiana que involucraba a políticos, policías, jueces y, por supuesto, imprescindibles, a periodistas y medios que los amparan.

A partir de este lunes tendremos más noticias de la idea y conocimiento judicial de que el PP es un partido corrupto, corruptor, una organización para el crimen como la propia justicia ha advertido en sus sentencias

A partir de este lunes tendremos más noticias de la idea y conocimiento judicial de que el PP es un partido corrupto, corruptor, una organización para el crimen como la propia justicia ha advertido en sus sentencias tiempo atrás a pesar de la amnesia de los medios de comunicación cómplices que siguen erre que erre, sin apenas perturbarse por la grave situación para la democracia que representa el Partido Popular.

En el caso del auto referido, queda de manifiesto que el Partido Popular, a través de su ministros, secretarios y secretarias generales y ministros del ramo ha colonizado, se ha apropiado del Ministerio del Interior cada vez que ha estado en el poder, es decir, en el Gobierno. El PP ha convertido el Ministerio del Interior, en particular a la Policía, en un somatén propio, orgánico, al servicio de sus problemas partidarios, no para perseguir el crimen y la corrupción sino para taparla y encubrirla.

Es muy grave, huele a pizza, orégano y porca miseria mafiosa. Su policía patriótica ha contribuido a asentar una sensación de inseguridad jurídica mientras el Estado, en plena amenaza terrorista, estaba inseguro ante el desmedido empleo de medios y esfuerzos al servicio del PP. Nos engañaban, el PP no luchaba contra la corrupción, luchaba por mandar en Interior –como en el CGPJ, el gobierno de los jueces– para encubrir y librar a sus criminales y sus crímenes contra la democracia. Gravemente, porque corrompían a policías y dejaban a la intemperie a policías honrados, honestos y defensores de la democracia.

Pablo Casado no ha dudado en organizar ruedas de prensa –como la extrema derecha– con clac, risas y aplausos enlatados, una visión ultraderechista de la libertad de expresión y manifestación

A esto, el máximo responsable del PP, ahijado de Cospedal, Pablo Casado, no quiere dar la cara. No conoce a Cospedal ni a ninguno de sus padres o abuelos políticos.

El espectáculo en Ceuta ha sido bochornoso. Además ha pretendido y quizá conseguido corromper el derecho a la información –que es del pueblo– y el derecho del periodismo digno a informar y controlar en democracia. Casado se ha negado, y sigue, a responder sobre la situación de su mentora Cospedal. Pablo Casado no ha dudado en organizar ruedas de prensa –como la extrema derecha– con clac, risas y aplausos enlatados, una visión ultraderechista de la libertad de expresión y manifestación, extraña desde los tiempos de Mussolini en Italia o Fraga Iribarne, su abuelo, en Palomares.

Todos tienen que responder ante la justicia, muy comprometida; el Gobierno, vistas las narraciones judiciales, señor ministro Marlaska, tiene el deber de tranquilizarnos y explicarnos que la Policía y el Ministerio del Interior no siguen contaminados de mafiosos. Por favor.

Pero la mayor responsabilidad es del pueblo soberano, que tiene que decidir si defender legítimamente su ideología, de derecha o izquierda, es compatible con la corrupción de la democracia, utilizando si cabe el Ministerio del Interior y la Policía de España.