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Es la juristocracia, estúpido

Manuel Marchena en una entrega de premios en Madrid en junio

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Para no meterme en tecnicismos, fáciles de desmontar pero de gran poder en manos de los buleros, lo diré con un lenguaje más accesible: el Tribunal Supremo, de una manera u otra, iba a enganchar al Fiscal General del Estado, lo reconocen hasta los jueces más bienintencionados y no por ello menos cobardes. Está lo de los bulos, el gran bulo del palco de la corte, una instrucción tortuosa, como otras, que no pasaría un examen de procesal de primero entre mis mejores maestros, bastaría una sosegada lectura del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal pero daría igual, tiene  que caer el Fiscal General del Estado.

En la arena de significados del espectáculo, no deja de haber convidados inoportunos, y en ella, el portavoz popular Miguel Tellado, confesando que hay que tumbar al gobierno y su presidente como sea, no deja de ser una manifestación torpe de otra directriz mayor: el que pueda hacer que haga

Leen la partitura con levedad, entre el móvil, los argumentarios y las citas vespertinas y furtivas y, así, cantan vaporosos, como el tenor Elías Bendodo con lo de los presupuestos; unas afirmaciones que atascan los aliviaderos del plan urdido y concienzudo, para desesperación de los cerebros. En realidad, los torpes al irrumpir solo afirman la nerviosera de Feijóo porque no le pase lo que a su Casado.

Hasta ahora se habían dado a conocer contra las leyes, pero ahora van directamente contra las instituciones, en este caso el Ministerio Público

Pero es todo más serio, con bulos o no, es la juristocracia. La exuberancia y el exhibicionismo del poder de los jueces que niega el papel y relevancia democrática de la división de poderes y, singularmente, muestran una especial animadversión contra los poderes ejecutivo y legislativo.

Hasta ahora se habían dado a conocer contra las leyes, en la resolución de recursos, en autos y sentencias indefendibles, instrucciones pesqueras, en particular, arrastreras, pero ahora van directamente contra las instituciones, en este caso el Ministerio Público. Incluso hasta ahora no habían atacado de manera tan directa, su mirada era oblicua, como diría Francisco de Quevedo, que habló como nadie de las bizcas, la justicia tenía una mirada zurda y zamba. Y tiene su explicación.

La justicia emana del pueblo, aunque dicha emanación pretendan los jueces torcidos recibirla solo por unas oposiciones, pero el Ministerio Fiscal tiene otra relevancia, integrado con autonomía y personalidad jurídica propia en el Poder Judicial, un estorbo para los autócratas del derecho. Siguiendo el pensamiento anglosajón, que no nos es exótico porque puso las bases de la separación de poderes allá por el siglo XVII, y no el continental, es el pueblo.

A todo juristócrata y al sistema que pretende y representa le molesta no solo los demás poderes, que a diferencia de ellos son electos y puestos por el pueblo, sino el mismo pueblo

Obsérvese al menos en las películas estadounidenses, en donde el Ministerio Fiscal, que depende de un poder electo, es la mejor representación del  we the people de la Constitución estadounidense. Ergo, a todo juristócrata y al sistema que pretende y representa le molesta no solo los demás poderes, que a diferencia de ellos son electos y puestos por el pueblo, sino el mismo pueblo.

No es baladí para ellos que el Fiscal General del Estado, éste y otros, porque así lo dice el mandato constitucional, sea nombrado a propuesta del presidente del poder ejecutivo. Es caza mayor para un juristócrata. Es un conflicto largo ante el principio restaurativo y el principio electivo, pero ¿qué pretende restaurar la juristocracia?

La derecha tiene todo el derecho a gobernar y a ser una alternativa democrática feroz, legítima, pero servirse de los jueces contra la democracia es una traición a los valores y principios constitucionales que no puede tener recompensa sino reproche

Por todo, insisto, no es ya lo de los bulos, es la democracia. Resistirse a la juristocracia es un imperativo democrático. Demasiados acontecimientos demuestran ya la intención de los juristócratas a través de sus actos, de la guerra judicial, del lawfare, de la politización de la justicia a través de sus asociaciones, de unos partidos políticos, y su exigencia de detentación ilegítima del poder que manejan, porque se nutren entre sí, a una torpe derecha que, siendo utilizada por los juristócratas, cava su propia tumba democrática.

La derecha tiene todo el derecho a gobernar y a ser una alternativa democrática feroz, legítima, pero servirse de los jueces contra la democracia es una traición a los valores y principios constitucionales que no puede tener recompensa sino reproche.

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