Una docena de empresarios de las VPO inacabadas de Sevilla Este insisten en que “hubo engaño”
Una docena de empresarios de la construcción que participaron en las VPO aún sin terminar de Sevilla Este (Promoción Isbylia) ha recurrido el archivo de la causa que se estaba investigando por presunta estafa continuada contra el exdirigente de la Conferederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero y otros miembros de la anterior cúpula directiva de la patonal.
“Debería aportarse toda la documental incluida en el expediente y tomarse declaración en calidad de peritos a los autores del informe aportado por el fiscal, con objeto de que puedan ratificarlo y contestar a las preguntas que se le puedan realizar en relación con el destino, no sólo del crédito concedido por Caja Madrid, sino de las cantidades abonadas por los compradores, pues este fue precisamente lo que ocasionó el engaño sufrido por mis representados”, argumenta uno de los recursos presentados, al que se han adherido otros contratistas.
Los empresarios que presentaron la denuncia presentan ahora recurso de reforma para que se declare la nulidad del auto, dejándolo sin efecto, porque siguen entendiendo que existen “indicios de criminalidad contra los imputados y procede reapertura y continuación de las actuaciones”, señalando que será necesario practicar una serie de diligencias como la declaración en calidad peritos de los autores del informe aportado por el Ministerio Fiscal y el informe de la SAREB“. Así consta en los escritos enviados ya al juzgado por los abogados Álvaro Pimentel e Inmaculada Torres, que representan cada uno a seis empresarios.
Los recurrentes insisten en que el objeto del procedimiento es “el engaño sufrido por mis representados, junto con otros contratistas, llevado a cabo por parte de los imputados que se embarcaron en una obra de una gran magnitud sin fondos suficientes para llevarla a cabo, debido precisamente a la gestión llevada a cabo por los gestores de la obra, con la aquiescencia de los dueños de la misma, los cuales dispusieron aleatoriamente no sólo de los fondos obtenidos del crédito concedido por Caja Madrid, sino de las cantidades que iban abonando los compradores”.
Los contrarios, que denunciaban los impagos y el presunto beneficio patrimonial ilícito de los gestores aprovechando el auge inmobiliario de VPO de hace unos años, argumentan que han tenido “un conocimiento completo de las actuaciones con el tiempo suficiente para preparar un recurso con las mínimas garantías que exige el derecho a la tutela judicial efectiva”. Según detalla esta parte, en las actuaciones “no se incluían ni el tomo 10 completo ni el 11, ni los informes aportados por el Ministerio Fiscal y SAREB, siendo entregados a esta representación procesal el 5 de marzo de 2015, una vez interesada la suspensión del plazo para recurrir”.
Por otro lado indican que “no se puede achacar a la crisis de Caja Madrid y la desastrosa gestión de todos los imputados, el perjuicio causado a mis representados”, insistiendo en que “hubo engaño y para ello se utilizó un entramado societario con la única finalidad de enriquecerse con esta promoción, pues, si bien es cierto que la construcción de VPO deja poco margen de beneficios, no ocurre lo mismo con los garajes de venta libre que los imputados construyeron para enriquecerse, auténtica finalidad de esta promoción y que posteriormente intentaron que los compradores los adquirieran a precio de mercado, como manifestó el presidente de la asociación de compradores”.
