Las mujeres rurales reclaman la primera Política Agraria con perspectiva de género
La mujer rural no quiere descolgarse del feminismo y lo ha plasmado en Córdoba con una exigencia: la Política Agraria Comunitaria (PAC) debe incorporar la perspectiva de género. Una reclamación que ha salido de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), pero que han hecho suya el Gobierno de España y la Junta de Andalucía en la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, este 15 de octubre, pero que ha tenido un adelanto en Córdoba con la reunión de medio centenar llegadas de todo el país. La elección no es casual: el 90% de la superficie de Andalucía, la mayor comunidad autónoma por extensión, es rural, y la mitad de su población, de ocho millones y medio de habitantes, vive en ella.
Sin embargo, pese a la constatación de la mujer rural como clave para uno de los retos del siglo, como es la lucha contra la despoblación, o de su silenciado esfuerzo en las explotaciones agrarias que no termina de reconocerse por la fracasada Ley de Titularidad Compartida, por poner dos ejemplos, su realidad pasa desapercibida en la principal política de la UE en presupuesto e impacto. Y eso pese a que son un agente clave en la misma: el 40% de titulares de explotaciones agrarias que ha solicitado ayudas directas de la PAC para la campaña 2018-2019 en Andalucía son mujeres, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural: 88.530 de un total de 221.467.
Porque no se puede hablar de mujer rural sin hablar del sector agrario. Hoy día, tres de cada cuatro empleos los copan los hombres: tanto la agricultura como la ganadería, la silvicultura y la pesca son actividades muy masculinizadas. Pero no siempre ha sido así. Una mirada a lo ocurrido la última década en Andalucía, que es con diferencia la comunidad autónoma con más afiliados en el sistema especial agrícola de la Seguridad Social, resulta reveladora.
Basta con analizar las estadísticas que desde 2008 publica la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio sobre el mercado de trabajo en los distintos sectores. Pues bien, según el Informe del mercado de trabajo del sector agrario andaluz de 2008, entonces se repartían casi al 50% entre hombres y mujeres los contratos en el campo. Concretamente, ese año los contratos en el sector agrario en Andalucía sumaron 1.111.755, de los que 536.977 fueron para mujeres. Si se compara con el Informe del Mercado de Trabajo en el Sector Agrario de 2017, el último publicado, se ve cómo el equilibrio se ha roto: del total de 1.513.169 contratos del pasado año, sólo 458.065 para mujeres frente a 1.055.104 para hombres. Tras 10 años desde la crisis, hay más contratos en el campo pero menos para ellas.
El cambio se explica porque en los años de crisis -especialmente 2012 que fue considerado el peor momento- se experimentó una vuelta al campo de los hombres que estaban en otros sectores, principalmente la construcción, mientras que las mujeres entraron en los servicios o fueron expulsadas del mercado laboral. De este modo, pese a que en la última década el número de contratos en el sector primario haya crecido casi un 40%, la evolución en hombres y mujeres ha sido diametralmente opuesta: la contratación masculina ha crecido un 76,1% y la de la mujer ha caído un 5,5%.
De hecho, pese a la contribución de la mujer a la actividad económica y el empleo en Andalucía ha experimentado un notable aumento desde el inicio de la autonomía -en 1981 eran el 22,5% de la población ocupada y hoy suponen el 43,1%- hay sectores donde tienen menos protagonismo: la construcción (4,3% del valor añadido bruto es atribuible a las mujeres); la industria, tanto energía e industrias extractivas (14,2%) como manufacturera (20,5%); y el primario (23,8%).
En este contexto, la Ley de Titularidad Compartida marcó un hito hace siete años por el reconocimiento de los derechos de la mujer rural. Con la misma se busca que el trabajo de la mujer no sea considerado como una extensión de las labores domésticas, sino que la aportación de cada persona tenga igual valor. Entre las ventajas, los titulares de este tipo de explotaciones pueden beneficiarse de un descuento del 30% en las cuotas de la Seguridad Social, el reparto al 50% tanto de los rendimientos como de las ayudas agrarias y el acceso a pensiones contributivas por la cotización. Pero ha sido un fiasco: las inscripciones no llegan a medio millar, y la mayoría la copan Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Por el contrario, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la medida apenas ha tenido impacto en Andalucía, donde se acaba de aprobar un decreto con cambios en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales (Reafa), que se calculan en unas 300.000 en la comunidad autónoma y que a su vez incluirá el Registro de Titularidad Compartida. Pues bien, para el Registro de Titularidad Compartida sólo hay 18 solicitudes en Andalucía, que serán oficiales con la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) prevista el próximo 15 de octubre.
De todas maneras, desde el Gobierno de Andalucía destacan el esfuerzo “para la simplificación del procedimiento administrativo y facilitar de esta manera la inscripción en el Registro de Titularidad Compartida”. Y es que hasta la fecha, el sistema consistía en la presentación de una solicitud, mientras que a partir de ahora será un procedimiento de declaración responsable. “Esto supondrá una importante disminución de la carga burocrática, ya que se requerirá mucha menos documentación”, apuntan fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Masculinización y despoblación
Por otro lado, el mimo a la mujer rural se antoja también fundamental contra un preocupante fenómeno en este país: según el INE, más de 4.000 municipios, o sea prácticamente la mitad de los que hay en España, se encuentran “en riesgo más o menos severo de extinción a medio y largo plazo”. Para ello hay que evitar que se vayan, especialmente porque cada vez son más las jóvenes con formación superior dejan el mundo rural, en lo que se conoce como huida ilustrada. Es más, si se vuelven a mirar las solicitudes de ayudas directas a la PAC en Andalucía, pero atendiendo a la edad, se ve que las presentadas por las jóvenes no están cerca de la mitad (con ese 40% de mujeres sobre el total), sino por debajo de la cuarta parte (24,7%), porque tres de cada cuatro corresponden a hombres.
Esta emigración predominantemente femenina a los núcleos urbanos ha elevado el índice de masculinización del medio rural. Según datos del INE correspondientes a 2007, el índice de masculinización en el medio rural es del 103,42%, o sea, por cada 100 mujeres hay 103,4 hombres. Son seis puntos más que el índice de masculinización en el conjunto del país, 96,8%, lo que indica claramente que fuera de este entorno hay más mujeres que hombres.
La presidenta de Fademur, Teresa López, es tajante. “Se habla de las mujeres rurales para evitar uno de los problemas en el que se está poniéndose mucho énfasis últimamente, la despoblación, y sin embargo, se las ignora en la PAC”. Y llama la atención sobre lo que las cifras esconden: “Se dice que el 30% de las explotaciones agrarias de la UE están gestionadas por alguna mujer y puede parecer que no está tan mal pero mirando los datos se ve que tienen una superficie media de 6,4 hectáreas frente a las 14,4 de las que llevan los hombres”.
Sobre la Ley de Titularidad Compartida, cree que ha fracasado “por la desidia de los gobiernos que no han hecho una campaña en condiciones para dar a conocer las ventajas”. En este sentido, incide en que “cambiar las dinámicas es muy complicado”, por lo que reivindica: “Las administraciones deberían también dar ventajas por ejemplo para determinados programas a este tipo de explotaciones”.
Lo dice mientras asiste a la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales en Córdoba, donde se han entregado los premios de Fademur 2018. El que más ha brillado ha sido el que se ha llevado la cantante Luz Casal, por su reconocimiento y promoción del medio rural a través del Festival de la Luz, cada año en su pueblo, Boimorto (2.000 habitantes). Pero ha habido más premiadas. Dos de Andalucía, Maribel Montaño y Rosa León, “por su trayectoria en la lucha feminista del mundo rural”. Y otras tantas de La Rioja, dos artesanas del pequeño municipio de Castañares, como “ejemplo de superación” después de que en pocos años hayan conseguido impulsar su proyecto de emprendimiento, La despensa del jabón, en el panorama internacional.
Una jornada que se acompañaba también de un guiño del Consejo de Ministros, con la aprobación de un real real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de carácter nacional para impulsar su papel. De este modo, no han faltado a la celebración la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que se han unido a la reclamación de perspectiva de género para la PAC. “Ya vale de decir en Bruselas que las mujeres rurales de Europa contribuyen de una manera fundamental al sostenimiento de los territorios despoblados, pero cuando se negocia se toman decisiones que no tienen en cuenta las brechas que las afectan”, ha dicho Carmen Calvo. En términos parecidos se ha expresado Susana Díaz, de cara la elaboración de la PAC para el horizonte 2020-2027, para la que ha pedido esa “sensibilidad”.
