El Gobierno central muestra “discrepancias” con dos apartados de la ley andaluza de memoria histórica

El Gobierno de la Nación ha expresado “discrepancias” sobre dos apartados de la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada el pasado mes de marzo por el Parlamento andaluz relativos a la recuperación de patrimonio documental “incautado” durante la Guerra Civil y la dictadura y ha acordado con la Junta de Andalucía designar un grupo de trabajo que proponga una solución.

La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Ejecutivo central en caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los dos apartados de la norma en los que mantienen “discrepancias”.

En concreto, Junta y Gobierno han decidido poner en marcha un grupo de trabajo al respecto en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según un acuerdo suscrito el pasado 19 de junio por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.

En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas” en relación con los apartados dos y tres de la disposición adicional tercera de la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada en marzo por unanimidad de los cinco grupos del Parlamento andaluz.

La incorporación al Archivo General de Andalucía

En concreto, el primer apartado de la nueva norma que cuestiona el Gobierno establece que la Junta emprenderá “en el plazo máximo de un año” desde la entrada en vigor de la ley “actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía, a excepción de los archivos judiciales, que se regirán por su normativa específica”.

Junto a ello, el Ejecutivo central también plantea objeciones a otro apartado que determina que la Junta “impulsará las medidas necesarias, en colaboración con las administraciones públicas, para la recuperación del patrimonio documental en materia de memoria democrática incautado por las fuerzas golpistas en Andalucía durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y su incorporación al Archivo General de Andalucía”.

Ante las “discrepancias” expresadas por el Gobierno sobre la regulación andaluza, ambas administraciones han decidido “designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda”, así como comunicar este acuerdo al TC “a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)”.

Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre “iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo”.