El Gobierno de PP-Cs tendrá que publicar en 15 meses “un informe con testimonios de la represión franquista” en Andalucía
El pasado 10 de octubre se constituyó el Consejo andaluz de la Memoria Histórica, una especie de “comité de sabios” integrado por historiadores y representantes de asociaciones memorialistas e instituciones que vela por el cumplimiento de la Ley andaluza de Memoria. Fue la primera reunión de este órgano bajo el anterior Gobierno socialista, y este jueves se ha vuelto a reunir presidido por Patricia del Pozo, consejera de Cultura en el Ejecutivo de PP y Ciudadanos. Al reactivar este organismo, el primer Gobierno andaluz de centro derechas asume que tiene 15 meses por delante -según el plazo legal establecido- para presentar el primer informe “sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas desde la Guerra Civil, durante el franquismo, y hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía”.
Según la legislación en vigor, el Consejo andaluz de Memoria debe reunirse cada tres meses y el Gobierno de Juan Manuel Moreno no ha interrumpido esta dinámica, a pesar de su propósito de derogar la norma actual para sustituirla por una Ley de Concordia que satisfaga las exigencias de su socio de investidura, Vox. La recopilación oficial de testimonios víctimas del franquismo es otro imperativo de la ley, probablemente más difícil de cumplir, porque uno de los aspectos de la norma que los populares consideran “una barbaridad” es que el marco temporal de la Ley andaluza de Memoria llegue hasta la Transición. Los grupos de izquierda incluyeron el periodo preautonómico, considerando víctima, por ejemplo, al joven sindicalista Manuel José García Caparrós, asesinado de un disparo el 4 de diciembre de 1977 durante la multitudinaria manifestación de andaluces por una autonomía plena.
Todos los mecanismos y herramientas de la Ley de Memoria siguen funcionando bajo el nuevo Gobierno andaluz, pese a las protestas diarias de la formación de extrema derecha en el Parlamento. Durante la reunión del Consejo de Memoria, este jueves, Del Pozo ha confirmado que las prioridades de actuación este año en materia de Memoria Histórica se centrarán en la exhumación de fosas de víctimas del franquismo, la recuperación de restos y la realización de pruebas de identificación genética, a los que se destinarán al menos 1,16 millones de euros, cantidad similar a la de 2018. En una reciente entrevista, el portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha garantizado que, pese a la presión de Vox, “el Gobierno andaluz va a culminar los trabajos de exhumación en las fosas comunes, que el PSOE no ha sabido terminar en los 40 años que ha gobernado esta comunidad”.
La Consejería de Cultura también ha avanzado un acuerdo con el departamento de Salud para incorporar al “biobanco” del Sistema Andaluz de Salud (SAS) las muestras de los familiares que buscan a sus seres queridos en fosas del franquismo. Es un protocolo que ya esbozó el anterior Gobierno socialista y que el nuevo Ejecutivo hace suyo. Se trata de integrar las muestras ya depositadas en la Universidad de Granada a toda la red de la sanidad pública andaluza, con objeto de ampliar los puntos ya existentes para recoger las pruebas de ADN que se utilizarán para la identificación de los restos hallados en fosas . También se pondrá este instrumento al servicio de aquellos ciudadanos afectados por casos de bebés robados, recién nacidos sustraídos y adoptados sin autorización de sus padres. Del Pozo también quiere agilizar las solicitudes de información de personas que denuncian casos de bebés robados en sus familias, creando un protocolo de gestión más dinámico con Salud.
Comisión de la Verdad
Son los primeros pasos en la actuación del Consejo andaluz de Memoria pero, en realidad, el cometido de este órgano según la ley tiene mucho más alcance y sus objetivos pueden chocar de lleno con el veto que trata de imponer Vox al Gobierno de Moreno en esta materia. “No dejaremos que un Ejecutivo al que hemos investido desarrolle proyectos del anterior Gobierno socialista, y menos en este asunto”, advirtió el diputado ultraderechista Benito Morillo a la consejera durante la comisión parlamentaria de Cultura. Del Pozo censuró poco después los insultos de Morillo, que en un debate previo había llamado “buscadores de huesos” a los socialistas.
Las fricciones entre el PP y Vox se van a intensificar, previsiblemente, cuando el Consejo andaluz de Memoria Histórica avance en sus principales cometidos. El más ambicioso, quizá, es la creación de una especie de 'Comisión de la Verdad' para esclarecer los crímenes de la Dictadura: “un grupo de trabajo o comisión independiente con el fin de recopilar testimonios y documentos para establecer un informe sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas desde la Guerra Civil, durante el franquismo, y hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía”. La ley establece que el Consejo debe tener listo el primer archivo de testimonios y víctimas del fascismo en esta comunidad en 18 meses desde su creación, es decir, en abril de 2020.
Este órgano consultivo, adscrito a la Consejería de Cultura e integrado por 16 profesionales (incluido representantes de la Federación de Municipios), hará las veces de una Comisión de la Verdad, pero no en sentido estricto. La Ley de Memoria fue aprobada en 2017 en el Parlamento sin ningún voto en contra. PP y Ciudadanos se abstuvieron, y la formación morada respaldó el texto que habían empezado a negociar PSOE e IU en la pasada legislatura, a cambio de introducir la creación de este órgano. Pero no es una Comisión de Verdad al uso, con las funciones ejecutivas que tuvo, por ejemplo, en Argentina, para depurar la responsabilidad del Gobierno de Jorge Videla en los asesinatos y desapariciones de opositores a la Dictadura. La Junta de Andalucía carece de competencias para crear un órgano con ese poder.
El Consejo andaluz de la Memoria también tiene entre sus atribuciones la de informar del desarrollo del Plan Andaluz de Memoria Democrática y estudiar la retirada de simbología franquista que sigue existiendo en calles y edificios públicos de Andalucía.
