Hambre y desolación tras otro incendio en el asentamiento de temporeros de Palos, el más grande de Huelva

Atraviesa el terreno con la destreza de quien conoce el camino. Sortea las ramas calcinadas y los escombros que delatan la virulencia de un fuego que ha calcinado 200 infraviviendas y reducido a cenizas todo lo de quienes apenas tienen nada. Mory, un joven de 27 años natural de Gambia, lleva dos viviendo en el asentamiento agrícola de Palos de la Frontera y es uno del centenar de migrantes afectados por el incendio que, de nuevo, hizo arder el pasado domingo el mayor asentamiento de la provincia de Huelva, según el informe realizado en 2022 por Andalucía Acoge sobre las consecuencias de la discriminación que sufren las personas migradas en estos núcleos.

Mientras se dirige al camión de Cruz Roja que los visita por tercera vez esta semana, Mory cuenta a elDiario.es Andalucía que la chabola en la que vivía hasta hace cuatro días pertenece a ese 95 % de infraviviendas que han desaparecido como consecuencia del fuego. Ahora no tiene donde dormir y tampoco comida. “Falta mucho”, alcanza a decir antes de incorporarse a la fila en la que otros africanos y marroquíes aguardan su turno para recoger una de las 100 almohadas que hoy les proporcionan los voluntarios de Cruz Roja “para que estén más cómodos a pesar de las circunstancias”.

De acuerdo con fuentes de la citada organización humanitaria, algunos han conseguido realojarse en casas o chabolas de conocidos, pero la mayoría está durmiendo a la intemperie, usando los sacos de dormir que repartió Cruz Roja la madrugada del domingo. Esa noche, atendieron a unas 96 personas, proporcionándoles también agua, galletas y apoyo psicológico. Ya el lunes repartieron kits de higiene, ropa y zapatos. Y durante los próximos días, según informan las mismas fuentes, seguirán pendientes de las necesidades que vayan surgiendo y continuarán con el seguimiento que se activa ante este tipo de emergencias.

A la espera de comida

Además de Cruz Roja, otras entidades sociales como La Carpa o Andalucía Inserta se están encargando de atender sobre el terreno a estas personas que demandan fundamentalmente comida, agua y un lugar donde resguardarse, pero que necesitan también de orientación sociolaboral para mejorar sus condiciones de vida. “No tenemos nada, está todo quemado; la chabola, la ropa, todo”, lamenta Mohamed, otro migrante que lleva cuatro años en el asentamiento de Palos y ahora mismo duerme junto a otros temporeros “fuera en el bosque”.

Le aqueja, sobre todo, el hambre, pues dice tener “bastante agua”, gracias a “lo que trae Alfonso”. Se refiere a Alfonso Romero, el presidente del colectivo La Carpa que movilizó el pasado lunes 5.000 litros de agua en garrafas de ocho litros. Para este viernes, según avanza Romero a este periódico, tienen previsto realizar una nueva expedición con la misión de repartir una tonelada de alimentos mediante lotes que incluyen un total de diez productos (aceite, leche, arroz, pasta, tomate frito, atún, sal, azúcar, café y galletas).

“Son gente sana, trabajadores imprescindibles”, afirma este médico jubilado dedicado en cuerpo y alma a ayudar a quienes viven “en condiciones infrahumanas”. Por eso, el presidente de La Carpa critica que desde el Ayuntamiento no se haya dispuesto “ningún recurso habitacional” para dar “cobijo” a aquellos que se dedican a sacar adelante la campaña de recogida de frutos rojos. La redacción de elDiario.es Andalucía ha tratado de contactar con el Consistorio de Palos, pero los intentos han sido infructuosos.

Precisamente, el estar fuera de campaña es lo que hace que la población actual del asentamiento ronde las 120 personas, frente al millar que llega a alcanzar entre marzo y abril, cuando comienza la recolecta y esta zona de infraviviendas alcanza su punto más álgido debido a la proximidad que ofrece respecto a los campos de trabajo, según explica Andalucía Acoge.

Si bien el fuego ha sido “fulminante”, en palabras de Alfonso Romero, a lo largo de las cinco hectáreas de propiedad privada que se despliegan junto al polígono industrial se pueden distinguir algunas pocas chabolas. Para Keita, es al azar de las llamas lo que ha llevado a que esas sigan en pie y no otras. Este profesional del campo de 53 años nació en Mali y lleva desde los años 90 trabajando en la fresa. Él no vive en el asentamiento (sino en el pueblo con su mujer y sus hijos), pero lo frecuenta a menudo porque le gusta estar cerca de sus “compatriotas” y compartir con ellos “lo bueno y lo malo”.

En su nombre, reivindica que “hace falta más ayuda”, así como “hablar con la Junta de Andalucía para acabar con esto”. “Esto no es vida”, apostilla Keita, que siempre aconseja a sus compañeros “que salgan de aquí” y hace unos años impulsó la creación de una asociación entre los temporeros para abordar esta cuestión con los servicios sociales, sin haber obtenido ningún avance hasta el momento.

De ahí el hartazgo que manifiesta un compatriota, al que Keita llama cariñosamente “alcalde” por ser uno de los que lleva más tiempo viviendo en el asentamiento. Este temporero rechaza responder a más preguntas de periodistas porque está cansado de hablar “y después, nada”. Se despide entonces apuntando a que prefiere reservar sus fuerzas para conversar con el regidor de Palos, “que es quien puede darme una vivienda”.

Por lo pronto, el alcalde de este municipio de Huelva, Carmelo Romero (PP), en declaraciones a los medios locales el día después del incendio, señaló que se trata de “un problema que rebasa a todos los ayuntamientos”, señalando como “responsable principal” al Gobierno central. “Lo que no puede hacer es dejarlos pasar y que sean los ayuntamientos quienes se hagan cargo de la situación en la que están viviendo y en la que desarrollan sus trabajos”, añadió en ese sentido el regidor, para terminar comprometiéndose a “seguir trabajando para que se pueda dignificar a estas personas y erradicar los asentamientos”.

¿Voluntad política?

Entretanto, la Junta de Andalucía insta al resto de instituciones y entidades sociales a que “se involucren de manera activa” en la elaboración y ejecución del I Plan Estratégico para erradicar los asentamientos irregulares en Andalucía, impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y cuya formulación ya fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio. Un texto que apela expresamente a “la implicación de la administración local”, y anuncia que “serán los ayuntamientos, dentro de su autonomía local, los que decidirán sobre la implantación de su plan municipal”.

Sin embargo, a ojos de, Antonio Abad, uno de los activistas históricos en los asentamientos onubenses, el problema es que “no hay voluntad política” por parte de ninguna administración para que la situación cambie. Lo sostiene con rotundidad porque en las últimas tres décadas ha sido testigo de cómo después de cada incendio (se repiten con frecuencia a lo largo del año), los migrantes se han de conformar con la “ayuda puntual” de algunas organizaciones que les suministran los recursos más imprescindibles, por lo que la única alternativa que encuentran es “reconstruir la chabola”. De modo que se exponen de nuevo al riesgo de “volver a perderlo todo”, incluso “la vida”, recuerda el activista.