Los letrados de la Junta de Andalucía niegan ahora que los trabajadores de violencia de género estén obligados a colegiarse como exigía Vox
El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ha denegado a la administración autonómica la posibilidad de obligar a colegiarse a los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) y de los equipos psicosociales, pese a la predisposición a ello que había mostrado el Gobierno de PP y Ciudadanos tras las exigencias de Vox en ese sentido.
El informe jurídico sobre la colegiación de estos trabajadores, del que estaba pendiente la Consejería de Justicia, que previamente había detectado que el 44% del personal no estaba colegiado, concluye que, en cuanto al personal interno de la Junta de Andalucía, solo sería obligatoria la colegiación en el caso de los médicos forenses, no así para los psicólogos y trabajadores sociales. En cambio, para el personal externo la colegiación es obligatoria para todos, tanto psicólogos como trabajadores sociales, según han informado a este periódico fuentes de la Consejería.
A raíz de este informe, desde la Junta de Andalucía se ha pedido al gabinete jurídico que aclare “la forma en que debe llevarse a cabo esta colegiación por parte de los médicos forenses”. “No obstante, y dado que existe una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que se ha venido haciendo desde la Consejería de Justicia es recomendar esta colegiación”, añaden las fuentes. “Sólo el 12,5% no lo están desde que dimos la instrucción de hacerlo”, detalló recientemente Marín en comisión parlamentaria.
Tras el informe conocido ahora, que señala que la colegiación es obligatoria para todos los profesionales externos, se va a reclamar la colegiación obligatoria de estos trabajadores en los pliegos de condiciones de los contratos para externalizar estos servicios, como ya informó en marzo este periódico. El informe jurídico dice ahora que no es obligatoria la colegiación de psicólogos y trabajadores sociales internos. “Los médicos forenses, pertenecientes a las UVIVG, sí tienen que colegiarse”, señalan las fuentes, que hacen hincapié en que precisamente se pidió el informe jurídico “antes de dar ningún paso para que se valorase la aplicación de la sentencia” del Constitucional.
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos había cedido a la presión de Vox, su socio de investidura, y anunció una profunda reforma para mejorar la formación de sus profesionales que evalúan los casos de violencia machista, y a los que el partido de extrema derecha había puesto en el punto de mira desde el primer minuto. La primera iniciativa parlamentaria de Vox en Andalucía fue pedir los nombres y apellidos de los trabajadores de las citadas UVIVG. El grupo ultraconservador, negacionista de la desigualdad de género y la violencia machista, no sólo cuestiona la cualificación profesional de este colectivo, sino que lo ha acusado de emitir informes “ideológicos” inspirados en un “feminismo supramacista de género”.
Plan de choque
Por otra parte, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha elevado este martes al Consejo de Gobierno el informe relativo a los refuerzos que permitirán mejorar la atención que reciben las víctimas de la violencia de género en los juzgados andaluces. La Junta va a invertir 2,9 millones de euros del Pacto de Estado en reforzar los órganos judiciales con competencias en esta materia con 95 interinos, además de crear una UVIVG en cada una de las provincias.
El plan de choque de estas unidades, dependientes de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), permitirá que todas las provincias andaluzas cuenten con dos unidades, salvo Cádiz, que tendrá tres, pues ya cuenta con una en la capital y otra en Algeciras, según ha informado la Junta. Esto supone dotar de un equipo multidisplicinar completo a cada uno de los IMLCF, ya que se reforzarán en total con ocho médicos forenses, ocho psicólogos, ocho trabajadores sociales y ocho administrativos del cuerpo C1 de la Junta de Andalucía.
El coste de esta medida será de más de 740.000 euros con cargo a las cuantías del Pacto de Estado. El objetivo de la Consejería es que estos ocho nuevos equipos estén operativos a mediados de junio hasta el próximo 31 de diciembre, aunque la medida puede ser prorrogable con la dotación del Pacto de Estado para 2020.
Asimismo, se invertirán otros dos millones de euros para nombrar a 95 funcionarios interinos del cuerpo de tramitación que irán destinados a los juzgados andaluces que tengan competencias en materia de violencia de género. En concreto, se van a reforzar los 51 juzgados mixtos con competencias en esta materia, los juzgados Penales dedicados al enjuiciamiento exclusivo de estos casos, los juzgados de Violencia sobre la Mujer y secciones de las audiencias provinciales que conozcan asuntos de esta materia.
El objetivo de este plan es agilizar la tramitación de los expedientes y mejorar la atención a la ciudadanía. Los refuerzos se nombrarán inicialmente para un semestre, hasta el próximo 31 de diciembre, aunque como el plan de choque de las UVIVG podrá ser prorrogado en 2020.
