La Junta de Andalucía impulsa un modelo de contrato hipotecario con más garantías
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de Ley para la Protección de los Consumidores de Productos Hipotecarios. Contempla la creación de un contrato hipotecario de confianza al que voluntariamente podrán acogerse las entidades bancarias. Se trata de un contrato tipo con el que las entidades financieras podrán asegurar que las condiciones de sus hipotecas están bendecidas por la Junta de Andalucía y las asociaciones de consumidores en cuanto a transparencia y garantía de que no incluyen cláusulas abusivas. Con el Decreto de la Función Social de la Vivienda recurrido por el Gobierno de la Nación, la Junta de Andalucía da otro paso en su empeño por evitar los abusos de la banca e intenta poner freno especialmente a las famosas cláusulas suelo tumbadas por el Tribunal Supremo en el caso de varias entidades bancarias.
Por otro lado, y ya con carácter general, este anteproyecto prevé ampliar de 15 días a un mes el plazo en el que se deben mantener las condiciones de la propuesta que se haya hecho a un cliente para que este pueda compararlas con otras ofertas. Se obliga, igualmente, a que los contratos hipotecarios sean personalizados, es decir, para cada cliente, así como a informar detalladamente sobre los productos que llevan aparejados, como por ejemplo los seguros de vivienda. Las mismas garantías se extenderán a las personas que avalen los préstamos, y contemplarán igualmente los créditos destinados a la rehabilitación de inmuebles.
Fuentes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales han explicado que el anteproyecto recoge la doctrina de la sentencia de Tribunal de Justicia de la UE, que dictaminó la legislación hipotecaria española viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, ya que permite la introducción de cláusulas abusivas en las hipotecas y, en caso de incumplimiento, acaban en desahucio. Las mismas fuentes han precisado, no obstante, que con esta norma se está hablando de una “cuestión previa”, dado que no puede invadirse la legislación hipotecaria española.
El borrador fue presentado a finales del año pasado y durante este tiempo se ha estado negociando con las asociaciones de consumidores, que todavía no conocen cuáles de sus alegaciones han sido aceptadas. De hecho, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, está a la espera de ver en qué medida han sido tenidas en cuenta “porque el borrador dejaba mucho que desear y era necesario incluir muchos puntos”.
Desde la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), su presidente, Juan Moreno, espera que la norma esté “bien amarrada jurídicamente para evitar lo que le pasó a la ley de función pública de la vivienda”, en referencia a esta norma que ha sido recurrida por el Gobierno de la Nación en el Tribunal Constitucional. “Es necesario tener muy presente cualquier vía que se pueda abrir en relación a la invasión de competencias”, ha advertido, si bien se ha mostrado satisfecho con que “Andalucía dé este paso en la protección adicional del hipotecado”.
