Una de las cosas que hemos comprobado durante el estado de alarma decretado por el gobierno para controlar la pandemia COVID-19 es la solvencia de nuestro sistema agroalimentario asegurando el abastecimiento de alimentos de la población. Es toda la cadena alimentaria en su conjunto (producción, trabajo agrícola, transporte, comercio minorista y mayorista, gran distribución…) la que ha superado la importante prueba de stress a que ha estado sometida en estos meses, desempeñando la empresa pública MERCASA un papel fundamental en todo ello.
Se ha demostrado algo que, en épocas de normalidad, se nos olvida. Me refiero a la importancia estratégica que tiene para la seguridad alimentaria de cualquier país disponer de un sector agroalimentario capaz de abastecer los mercados internos cuando se cierra el flujo de las importaciones.
En situaciones de mercados abiertos, el abastecimiento de alimentos se garantiza a través de los intercambios comerciales entre países. Nuestras tiendas de barrio y los supermercados están bien abastecidas de productos procedentes de todo el mundo. Son momentos en los que el consumidor no valora, o valora poco, si el origen del producto que compra es nacional o foráneo, ya que lo que le importa es la relación calidad/precio. Tampoco se interesa por los problemas del sector productor, tan alejado como está del mundo de los consumidores, un mundo mediado, salvo excepciones, por el pequeño comercio o por la gran distribución.
Sin embargo, en situaciones de excepcionalidad, como la del actual estado de alarma, la sociedad toma conciencia de la importancia de contar con un sector agroalimentario que funcione con eficacia. Ésta ha sido una de las enseñanzas de la pandemia del coronavirus, junto a la importancia de disponer de un eficiente sistema público de salud. Pero esa toma de conciencia no debe quedar sólo ahí, olvidando, cuando se vuelva a la normalidad, los problemas pendientes que tiene el sector agrario. Son problemas que se pusieron de manifiesto en las grandes movilizaciones de protesta que se extendieron por toda España en los últimos meses del año pasado y primeros de este 2020.
Entonces, los agricultores revindicaban precios justos, eliminación de la venta a pérdidas y control de las importaciones; protestaban por la subida arancelaria impuesta por la administración Trump a las exportaciones de aceite de oliva, y denunciaban el elevado coste de la energía y de los insumos agrícolas (fertilizantes y pesticidas). Protestaban por las exigencias cada vez más duras que les imponen los departamentos de medio ambiente, y se rebelaban contra el desprecio y escaso reconocimiento (agribashing) recibido por su actividad.
Pero la realidad es que esas reivindicaciones seguirán estando presentes cuando finalice el estado de alarma, y que volverán a ser planteadas por las organizaciones profesionales agrarias (OPAs). El problema es que esas demandas son de difícil solución, ya que se refieren a cuestiones que escapan al control del propio sector agrario, y al ámbito competencial del Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, en un mercado de libre competencia los precios no pueden ser fijados por las autoridades públicas; tampoco se puede fijar el coste de la energía, ni el precio de los insumos agrícolas o de los piensos para el ganado; la venta a pérdidas es un asunto a perseguir por la inspección de comercio y siempre que suponga competencia desleal. El tema de las importaciones de terceros países es un asunto incluido en los acuerdos bilaterales de la UE, y que tiene su contrapartida, permitiendo la exportación de los productos europeos a esos otros países, algo de lo que se beneficia una parte de la agricultura española de vocación exportadora.
En cuanto a las exigencias medioambientales, forman parte de los compromisos internacionales de la UE en la lucha contra el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero (Acuerdo de París). Además, todo esa “ola verde” está en sintonía con la creciente conciencia ambiental de la población europea en pro de una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Es una conciencia proambiental, que se refleja en el nuevo Pacto Verde Europeo (European Green Deal) y, dentro del mismo, en las Estrategias sobre “Biodiversidad” y “De la granja a la mesa” (Farm to Fork) recientemente presentadas por la Comisión Europea.
En ese contexto de restricciones y condicionalidades, el sector agrario debe ser más eficiente y competitivo, reduciendo los costes de producción y mejorando su posición negociadora en los mercados si quiere dar un salto cualitativo y seguir teniendo un valor estratégico. Y para ello tiene por delante unos retos concretos y factibles, que pueden resumirse en los siguientes: digitalización, relevo generacional, eficiencia energética, interacción con los consumidores, vertebración profesional, e investigación y transferencia.
La diferencia con respecto a los problemas citados en el apartado anterior (los relativos al comercio, los precios y los mercados, muy condicionados por el contexto internacional y la libre competencia), es que el logro de estos otros retos que estamos comentado ahora no depende de factores externos, sino exclusivamente de la capacidad del sector agrario para afrontarlos y de los recursos financieros a los que pueda acceder.
Respecto a la digitalización, cabe señalar que, así como en los años 1950-1960 la electrificación rural fue uno de los grandes desafíos de los poderes públicos, es hoy un reto de similar envergadura que la banda ancha de las telecomunicaciones llegue a cualquier rincón de los territorios rurales. Y eso por tres motivos: i) por un derecho de ciudadanía (todo ciudadano, viva donde viva, tiene derecho a acceder a las nuevas fuentes de información); ii) para que los territorios rurales estén interconectados y puedan ser atractivos a la instalación de pequeñas empresas, neutralizándose así el problema de la despoblación“, y iii) para que la agricultura pueda afrontar el reto de la transición energética, utilizando las nuevas tecnologías para permitir a los agricultores ser más eficientes en la utilización de los recursos hídricos y los insumos.
Pero la digitalización, siendo necesaria, no es suficiente. Es preciso que haya agricultores dispuestos a utilizar las ventajas que les ofrecen las nuevas tecnologías digitales. Y ahí nos encontramos con el problema del envejecimiento de la población agraria española (el 60% de los titulares de explotaciones tienen más de 55%). Por eso, es urgente afrontar este problema impulsando el relevo generacional mediante la instalación de jóvenes agricultores con proyectos innovadores de desarrollo.
Respecto al tema del relevo generacional, cabe añadir que no es necesario sólo para asegurar la sucesión al frente de las explotaciones y afrontar el reto de la transición energética y la modernización (digital) dada la mejor formación de los jóvenes en la cultura de la digitalización, sino también por otros motivos. Son los jóvenes los que tienen más capacidad y actitudes para diseñar estrategias innovadoras en la relación con los consumidores (mercados de proximidad, tanto físicos, como virtuales; plataformas inspiradas en los principios de la agroecología…). Son también ellos los que pueden implicarse en proyectos novedosos de vertebración económica, impulsando nuevas formas de asociacionismo cooperativo e implicándose en fórmulas de vertebración interprofesional. Sin embargo, la magnitud y complejidad de los problemas de la agricultura del siglo XXI exige que los agricultores innovadores encuentren un sistema adecuado de investigación, transferencia, formación y asesoramiento (público/privado), que los informe, guíe, forme y asesore en el camino de la sostenibilidad, la digitalización y la transición energética.
Pero para que puedan lograrse todos esos retos, es necesario que se avance en el escenario político de la negociación de la PAC post-2020, y, dentro de ella, en la elaboración de los “planes estratégicos nacionales”. No olvidemos que los temas agrarios están integrados en la política común europea PAC) y depende financieramente de sus fondos (FEAGA y FEADER).
Es éste un escenario incierto por dos razones: las restricciones presupuestarias ocasionadas por el Brexit, y las inversiones que tendrá que hacer la UE para la recuperación de la economía europea después de la pandemia COVID-19. Difícilmente se podrán abordar los retos agrarios antes mencionados si la PAC no dispone de recursos suficientes para financiarlos (al menos similares a los de la programación que ahora termina).
Por eso es necesario disponer de una PAC 2021-2027 bien dotada financieramente, tanto para mantener la posición competitiva de la agricultura europea, como para que el sector agrario siga teniendo el valor estratégico que ha demostrado en estos meses de estado de alarma. La agricultura no sólo es importante para la seguridad alimentaria, sino también para el desarrollo de los territorios rurales.
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