Santa Julia, un barrio malagueño bajo la amenaza del desahucio

El barrio malagueño de Santa Julia vivió este lunes una mañana muy agitada. Por dos veces se presentó por allí un agente judicial con la intención de ejecutar sendos desahucios. Para el primero, fijado a primera hora de la mañana, llegaron a desplegarse agentes de la Policía Nacional, listos para ejecutar el desalojo por la fuerza en la Calle Serrana. Para el segundo, apenas un par de horas después y en la calle aledaña, no fue necesario. Ambos se pararon, y tanto Mari Carmen, Carlos y sus tres hijos (dos de ellos menores), por un lado, como Abdelghafour, su esposa y sus cuatro niños, que viven a unos metros de distancia, recibieron una gran bocanada de aire: un plazo extra que pospone la amenaza de verse en la calle, pero no la elimina.

El primer desahucio (Carlos, Mari Carmen y sus tres hijos) ya había sido pospuesto la semana pasada. La familia cumple, según aseguran, los requisitos para beneficiarse de la posibilidad excepcional de frenar su desahucio, prevista en el Decreto de “escudo social” prorrogado hasta el 30 de septiembre. El pasado 5 de abril, presentaron ante el juzgado un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales del Ayuntamiento. Sin embargo, el escrito se registró de forma irregular. “La asistenta social lo envió, pero al no tener abogado no se aceptó. La gente no sabe ni que existe un abogado de oficio o el derecho a la asistencia jurídica gratuita. El lenguaje técnico que se emplea no lo conocen”, lamenta Paco Álvarez, al frente de Abanico Solidario, una asociación que intermedia entre vecinos y propietarios para frenar los desalojos.

En un auto fechado el día después, la jueza rechazó suspender el desahucio porque no se había aportado la documentación que, según la norma, acredita la situación de vulnerabilidad económica. Así que este lunes volvió la Policía, que se topó nuevamente con vecinos y concejales de Unidas Podemos y PSOE. Estos partidos, otros como Equo y plataformas antidesahucios habían hecho una llamada a concentrarse ante la posibilidad del desalojo.

Finalmente, la familia logró un nuevo plazo extra con el consentimiento del propietario. “Llevábamos nerviosos toda la mañana, con la inquietud de si tendríamos que salir. Ya teníamos cosas en la puerta por lo que pudiera pasar”, comenta Carmen Carmona, la hija mayor de la familia, poco antes de marcharse al trabajo. Deberán irse, pero cuentan con 30 días más para encontrar una alternativa. El precio más frecuente del alquiler en Málaga supera con mucho lo que pagaban hasta ahora, así que necesitan tramitar alguna ayuda extraordinaria que les permita al menos pagar la fianza de un alquiler asumible.

“La pelota está en el tejado del alcalde”

El alquiler de vivienda en Málaga sufre desde hace años un aumento de precios, impulsado por la conversión de vivienda habitual en vivienda turística (7.133 viviendas turísticas con más de 36.000 plazas registradas en la ciudad) y, últimamente, por su posicionamiento entre empresas tecnológicas que trasladan a personal cualificado a la ciudad.

Para paliar las dificultades de encontrar alojamientos, el ayuntamiento ha ido ofreciendo planes de ayuda al alquiler, que van ya por su quinta edición, pero apenas suponen una raya en el agua. Hace un mes, en un Pleno celebrado para tratar la situación de los vecinos en riesgo de expulsión en El Perchel, el alcalde aseguró que existen 16000 peticiones en la lista de espera de vivienda en alquiler. Muchos tienen aprobada la ayuda, que sirve para completar el pago del alquiler, pero no encuentran viviendas para alquilar. Cuenta Francisco Álvarez que el año pasado llamó a un centenar de propietarios para preguntarles: “Nadie quería la ayuda al alquiler. Nadie. El 70% por sistema, y el 30% porque el Ayuntamiento pagaba mal y tarde o por la experiencia que habían tenido”.

“La pelota está en el tejado del alcalde y de Francisco Pomares [concejal de Derechos Sociales] para que tramiten las ayudas pertinentes para conseguir una alternativa habitacional digna para esta familia. No basta con meterlos unos días en un hostal. Hace falta una intervención firme para defender a las familias vulnerables”, alega Nicolás Sguiglia, concejal de Unidas Podemos. “El problema es que esta familia no había encontrado otra vivienda que poder pagar. No cobran más de 1200 euros y necesitan ayuda de emergencia para poder pagar la entrada a otra vivienda”, explica Pablo Orellana (PSOE).

Viviendas en condiciones precarias

Mientras Carmen y su familia espantaban por ahora la amenaza de verse en la calle, apenas a unos metros de distancia Abdelghafour se esforzaba por enseñar a la prensa el documento que demuestra que ha depositado el juzgado más de 5000 euros, obtenidos de un préstamo, para pagar al propietario de su vivienda, y que así no los echen. También enseñaba papeles y facturas que muestran que ha puesto bastante de bolsillo en adecentar una vivienda que se cae a pedazos, con la autorización del anterior administrador. “Yo he pagado con los arreglos más de lo que debo”.

Cobra una pensión holandesa de unos 1.000 euros y no tendría inconveniente en pagar algo más de los 300 euros de alquiler mensual, siempre que fuera por una vivienda habitable. Pero no por lo que tiene. Invita a subir a su casa: son visibles las humedades, los desconchones y una instalación eléctrica deficiente que ya ha provocado varios sustos. “Yo no quiero estar aquí, pero siento que no puedo salir. Pienso solamente en mis cuatro niños. Yo puedo dormir en cualquier sitio, pero ellos no”. De hecho, los niños duermen sobre una alfombra en el salón, evitando unas habitaciones con las paredes renegridas de la humedad y el mal olor.

Finalmente, llega a un acuerdo con la administradora. Deberá pagar los 5000 euros depositados, y otros 4000 por las rentas desde que se interpuso la demanda, pero a cambio logra dos meses de plazo en los que negociará el pago final, pidiendo un descuento por lo que dice haber arreglado. “Las casas no están arregladas, pero los vecinos temen que los echen por alzar la voz”, dice Álvarez.

Mientras media en el segundo desahucio, hace un aparte con otra mujer. Ella también tiene la amenaza del desalojo. Según José Hernández, un vecino que lleva 58 años en su casa, hay una veintena de peticiones de desahucio. Los vecinos, muchos con contratos de renta antigua, pagan alquiler de en torno a 200 euros, un precio fuera de mercado, que se complementa en muchos casos con ayudas municipales.

Álvarez, que con Abanico Solidario ha asumido la defensa de decenas de estos vecinos, celebra el acuerdo como el menos malo posible. Dice que con el diálogo y “sin alboroto” su asociación ha parado un centenar de desalojos, así que se disgusta cuando alguien cuestiona a gritos el acuerdo y la calidad de un sistema que fía el techo de dos familias con niños y sin recursos a la movilización social de última hora.

Santa Julia, un barrio “vulnerable”

Santa Julia es un pequeño barrio enclavado en el Distrito Cruz de Humilladero que se sale de la tipología de vivienda habitual en la zona. Lo forman tres de las últimas promociones del franquismo en la ciudad, levantadas en 1959 para acoger a la población rural que llegaba a la ciudad en busca de trabajo. El arquitecto Enrique Atencia, un ilustre de la ciudad, las proyectó en la línea autárquica de la época: núcleos autosuficientes, con un planteamiento cercano a la de ciudades satélites. Sus bloques de colores crema y granate flanquean una zona central peatonal, donde lucen exóticos brachichitos australianos. Sin embargo, las viviendas pronto se vieron rodeadas y absorbidas por la trama urbana desplegada por el desarrollismo de los 60 y 70. El barrio está protegido por su “valor arquitectónico”.

Los casos de estas dos familias ejemplifican la situación de un barrio lastrado por la precariedad de muchos de sus habitantes. El propio Ayuntamiento lo califica como “vulnerable”. Los vecinos de Santa Julia denuncian desde hace meses que los arrendadores de las viviendas, herederos de los dos propietarios originales, pretenden echarlos para especular o vender a fondos de inversión las casas en las que llevan toda la vida. Se asume una revaloración ante la perspectiva de que no muy lejos se instale alguna universidad privada. Entre tanto, los propietarios estarían dejando envejecer las viviendas, que ya tienen graves carencias.

200 familias

Esto podría afectar a unas doscientas familias. “Los grandes propietarios, que son dueños de esta vivienda y de medio barrio, están poniendo en marcha un proceso de acoso inmobiliario con la intención de especular con estos bloques”, denuncia Sguiglia. De hecho, algunas viviendas ya fueron vendidas a SOCIMIS hace pocos años.

Hace apenas un mes, el consistorio aprobó por unanimidad, a propuesta de PSOE y Unidas Podemos, exigir a los dueños que realicen las obras necesarias para devolver las condiciones de “seguridad, salubridad, funcionalidad o accesibilidad universal” a las viviendas. La moción es la prueba de cargo de la inacción: en 2008, la Inspección Técnica de Edificios fue negativa, sin que conste que el equipo de gobierno haya hecho nada para revertir las graves anomalías que encontraron los técnicos. “Ahora la moción dice que van a exigir a los propietarios que arreglen las viviendas. ¿Ahora? ¿Después de ocho años?”, se pregunta Álvarez, que sabe que dentro de poco tendrá que volver a lidiar con una situación similar. “Se ha conseguido una cosa que no es parar un desahucio. Nos hemos quitado una astilla de un lado, para clavárnosla en otro”.