ANDALUCÍA

Moreno prorrogó los contratos a dedo con clínicas privadas para “desatascar” 1,6 millones de pacientes en lista de espera

El Gobierno de Juan Manuel Moreno prorrogó los contratos de emergencia con clínicas privadas durante dos años –sin publicidad ni concurrencia competitiva– para “desatascar” 1,58 millones de intervenciones sanitarias a pacientes en listas de espera, según datos del Sistema Andaluz de Salud (SAS): 1,46 millones de pruebas diagnósticas y 117.367 operaciones quirúrgicas.

La Junta se acogió al marco extraordinario legal estatal de la pandemia, derogado en mayo de 2021, para ampliar un contrato original de 70 millones de euros hasta los 242,7 millones, encadenando prórrogas y ampliaciones de gasto durante dos años, desde enero de 2021 hasta junio de este año.

A día de hoy, no existe la presión asistencial ni la situación epidemiológica de contagios que justificó aquel Acuerdo de Emergencia del que emanan los 79 contratos a dedo con clínicas privadas –20 de enero de 2021–, pero la Junta defiende que, en la actualidad, “el SAS todavía arrastra las secuelas de la pandemia”, y por tanto, justifica la contratación de emergencia dos años después de la derogación del marco legal estatal (mayo de 2021).

Esas secuelas se dan, sobre todo, en el abultado volumen de pacientes en listas de espera que ha dejado la pandemia para recibir un diagnóstico o para ser operado. Al declararse el primer estado de alarma, el 13 de marzo de 2020, el Gobierno andaluz suspendió todas las intervenciones quirúrgicas no oncológicas, para centrar todos sus recursos y personal en contener la propagación de la Covid-19. Entonces las muertes diarias, hospitalizaciones e ingresos en UCI desbordaban la sanidad pública, y la Junta echó mano de todos los recursos disponibles en la privada.

El 19 de junio de 2020, la Consejería de Salud aprobó una orden para activar una serie de medidas preventivas contra el coronavirus, entre ellas, “mantener sin efecto provisionalmente” los decretos de garantías de plazos de respuesta quirúrgica (para enfermos no Covid) en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el sistema sanitario público. El 29 de octubre, el decreto de garantías volvió a activarse, en vías del regreso paulatino a la normalidad.

En 2021, cuando el SAS empieza a firmar los contratos a dedo con clínicas privadas, más las prórrogas y las adendas de ampliación de gasto, la pandemia había empezado a remitir –un tercio de la población andaluza ya estaba vacunada– y las comunidades empezaron a replegar efectivos sanitarios. En octubre de ese año, el Gobierno de Moreno rescindió el contrato de 8.000 sanitarios de refuerzo que habían contratado con fondos extraordinarios del Estado.

“No habrá equilibrio” hasta 2024 o 2025

Pero al reabrirse la atención asistencial ordinaria, camino de la nueva normalidad, el SAS recibió de golpe “una avalancha de consultas tanto de Atención Primaria [donde se sitúa el gran embudo] como hospitalaria”, explican fuentes de Salud. A finales de ese año, el Gobierno de Moreno contabilizó 843.945 pacientes en lista de espera, casi el 10% de la población andaluza (la mayoría para especialista, y un 20% para quirófano). Esta cifra excluye a los pacientes que esperaban una prueba de diagnóstico, porque la Consejería de Salud dejó de contabilizarlos en esta estadística en 2019 [hasta entonces eran más de 40.000].

A enero de 2023, el SAS registra 1,2 millones de “consultas hospitalarias resueltas” en un año, 200.000 más que las que se contabilizaron en 2018 y 2019 [1.000.020 consultas], según datos de la Consejería de Salud. Tras el parón de actividad por la pandemia, el volumen de atención a pacientes se disparó un 20% y, aún así, “casi el doble de consultas hospitalarias siguen en lista de espera, pendientes de resolver”.

Ese el agujero negro que justifica, a ojos de la Administración andaluza, la perpetuación de la contratación de emergencia hasta la actualidad, remitiéndose siempre a un Real Decreto ley derogado en mayo de 2021. “Todo está dentro de la legalidad”, insisten en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, subrayando que los hospitales públicos estaban y están “al 100% de su capacidad”, que el nivel de concertación con la sanidad privada en Andalucía es “de los más bajos de España” y que, por tanto, fueron necesarios más contratos de emergencia de los que han hecho otras comunidades.

“Un efecto en cadena”

“Fue un efecto en cadena”, explican desde el SAS: al reabrir las puertas de hospitales y centros de salud, empezaron a multiplicarse las solicitudes de pruebas diagnósticas y luego las operaciones programadas. La “avalancha” hace inviable cumplir el decreto andaluz de plazos de atención al enfermo, que fija por ley un tiempo máximo garantizado de 90, 120 y 180 días para ser operado, según la dolencia. De exceder esos plazos, la Junta está obligada a pagar al paciente la intervención en el hospital privado que elija.

“Los plazos de intervención en 2021 se habían triplicado en algunas especialidades y en 2022 seguían disparatados”, explican desde el SAS, para justificar que la contratación a dedo y las prórrogas de esos acuerdos hasta la fecha son necesarios parra “corregir esos tiempos de espera”, que también son “secuelas vivas de la pandemia”. De hecho, la consejera de Salud, Catalina García, advierte ya de que hasta 2024 o 2025, el SAS no habrá recuperado el equilibrio previo a la pandemia.

En total, los contratos de emergencia han servido para derivar más de 100.000 operaciones y casi 1,5 millones de pruebas diagnósticas a clínicas privadas en dos años. En 2021, las intervenciones quirúrgicas en la sanidad privada representaron un 20,43% del total de las realizadas en Andalucía; y en 2022, ese porcentaje de derivaciones descendió al 13%.

Sin embargo, si se cruzan estos datos con las ampliaciones de gasto de los contratos con clínicas privadas aprobados en 2021 y 2022, vemos que en el primer año el presupuesto inicial de 70 millones de euros se incrementa con 55,7 millones más (a través de adendas y una primera prórroga); mientras que en 2022 el aumento es el doble, de 100,9 millones de euros, según los datos del Portal de Transparencia. Es decir, un 7% menos de intervenciones derivadas a la privada en 2022, pero el doble de gasto.

79 de 96 clínicas privadas en Andalucía

El Acuerdo de Emergencia del que nacen todos los contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, se puso a disposición de todas las clínicas privadas y hospitales de Andalucía, aseguran desde el SAS. Se “invitó” a las 96 empresas del sector implantadas en la comunidad, entre centros hospitalarios y centros radiológicos, porque en ese momento “necesitábamos a todas”.

Se firmaron 79 contratos y el resto se desvinculó o bien “porque no lo interesó o porque no podía asumir las derivaciones que contratamos, pero ninguna puede denunciar trato de favor porque todas estaban informadas. Algunas, de hecho, firmaron y luego se echaron atrás”, explican estas fuentes.

El Gobierno andaluz, además del PP, se ha volcado estos días en defender que todos los contratos a dedo prorrogados hasta la actualidad están “dentro de la legalidad”, visados por la Intervención General de la Junta y con dos informes específicos de la asesoría jurídica del SAS. Acto seguido, y tras la publicación de estas informaciones, el Ejecutivo de Moreno ha anunciado la cancelación de los contratos el próximo 30 de junio, cuando expira la cuarta y última prórroga del Acuerdo de Emergencia original.

La oposición de izquierdas –PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía– ha emprendido una dura ofensiva contra el Ejecutivo andaluz, primero con iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones en la Cámara, luego sugiriendo que acudirán a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas si de la revisión de la documentación confirman algún tipo de irregularidad.