El juez del caso ERE vuelve a reclamar a la Junta de Andalucía información pedida en enero

El PP-A ha dado a conocer este domingo una reciente providencia emitida esta misma semana por el juez Álvaro Martín, que investiga las seis primeras piezas en que se ha dividido el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta de Andalucía presuntamente fraudulentos, para insistir en criticar la postura “obstruccionista” de la institución. En concreto, la providencia, fechada el 11 de marzo de 2016, vuelve a requerir a la Intervención General de la Junta de Andalucía una serie de información solicitada en enero de este año.

El juez recuerda que “por auto de fecha 27 de enero de 2016 se acordó requerir a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que remitieran cualquier tipo de informe o documento elaborado por la misma en el periodo 2000-2012 y destinado a los miembros de los órganos de gestión de las agencias y empresas públicas, en particular a las personas de la Consejería de Hacienda que formaban parte del Consejo rector de IFA/IDEA”.

También se pide a la Junta de Andalucía la relación de las personas que participaron en los trabajos y elaboración de los informes de control financiero de dichas agencias, detallando funciones desarrolladas en cada ejercicio y un listado de ERE tramitados en diversos periodos, entre otras cuestiones. “Dado el tiempo transcurrido desde que se libraron los oportunos despachos, recuérdese su urgente cumplimiento”, reza el auto del juez.

En este contexto, la vicesecretaria de Organización del PP-A, Patricia Navarro, ha aseverado que el Gobierno de Andalucía “no ha puesto todo su empeño por llegar al fondo de las cuestiones relacionadas” con el caso ERE “y otros muchos de corrupción”, ni “en depurar al máximo las responsabilidades políticas, y, por supuesto, en recuperar el dinero defraudado”.

De esta manera, y a pesar de que la Junta de Andalucía alertó en varias ocasiones desde 2013 del riesgo de prescripción de delitos imputados y de la posibilidad, por tanto, de que no pudiera recuperar el dinero presuntamente defraudado en el marco del caso ERE, según se desprende de avisos realizados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Patricia Navarro ha restado importancia a esto. En este sentido, ha puntualizado que esa advertencia que sus abogados “pudieron hacer en un momento dado a los juzgados no exime al Gobierno de Andalucía (...) de ni un ápice de responsabilidad en lo que ha ocurrido y puede ocurrir en el futuro”, en relación la reciente prescripción de parte de los supuestos delitos.

“Todos sabemos las permanentes trabas y obstáculos que se le han puesto a la solicitud de mayores recursos materiales y humanos que se han hecho por parte de los juzgados”, ha agregado la popular, que ha abundado en que “en todo esto ha habido una clara intencionalidad política, y la actitud del Gobierno de Andalucía, antes con José Antonio Griñán y ahora con Susana Díaz ha sido la de obstruir y dificultar los procedimientos, así como desprestigiar a los jueces”.