El PP andaluz llama a sindicatos y patronal a movilizarse como en el 28F contra la financiación “singular” de Cataluña

El PP andaluz ha hecho este miércoles un llamamiento a la movilización de la ciudadanía, apelando directamente a los sindicatos, la patronal y las universidades, para que salgan a la calle a rebelarse contra la financiación “singular” que el Gobierno de Pedro Sánchez negocia con los partidos independentistas catalanes.

Es un peldaño más en una escalada discursiva en la que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno quiere ejercer de contrapeso a las demandas de Cataluña, apoyándose en el legado de la lucha autonomista andaluza, para exigir que “no se rompa el principio de igualdad en el nuevo modelo de financiación autonómica”. El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, es quien ha formulado este llamamiento explícito a los agentes sociales, retrotrayéndose “al inicio de la autonomía andaluza”, esto es, las manifestaciones masivas del 4 de diciembre de 1977 y el propio referéndum por un Estatuto de Autonomía de primer nivel que se votó en 1980.

“Somos 8,5 millones de andaluces y eso hay que ponerlo en valor. En el pasado hemos sabido dar un golpe en la mesa y ahora estamos ante un momento así, igual que cuando se intentó que nuestra vía autonómica no fuera la de mayor cota de autogobierno -como Cataluña, Euskadi y Galicia-, sino como la del resto de comunidades. Los andaluces dijeron no a ser una comunidad de segunda división, y hoy hay que volver a decir no”, se ha reafirmado Martín.

Por ahora, detrás del pronunciamiento del portavoz popular en el Parlamento no hay una fecha ni una acción política coordinada para impulsar esa movilización en la calle. En caso de avanzar por ese camino, esta opción estaría pilotada personalmente por el presidente de la junta y líder del PP-A, Juan Manuel Moreno, avisan fuentes del partido. Moreno lleva días lanzando advertencias a Sánchez, coordinado con el resto de barones del PP, que el martes remitieron la misma carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que convocase el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano multilateral que tiene la potestad de consensuar el nuevo modelo de financiación autonómica.

El actual está caduco desde 2014 y tanto PP como PSOE coinciden en el diagnóstico: Andalucía está en el furgón de cola de las comunidades infrafinanciadas, junto a la Comunidad Valenciana y Murcia. Todas ellas piden, además, un fondo provisional de contingencia para paliar ese agujero en sus presupuestos hasta que se decida conjuntamente cómo será el nuevo reparto de fondos del estado entre comunidades. “Los andaluces debemos reaccionar a los ataques, de ello dependen nuestros servicios públicos”, ha dicho Martín.

Entretanto, los agentes sociales en Andalucía no se han posicionado abiertamente sobre la nueva encrucijada del debate de la financiación, traída al presente una vez más por la negociación del PSOE y ERC sobre la “gestión singular” para Cataluña. Los sindicatos y la patronal siempre se han alineado con el discurso de mejorar la financiación para Andalucía -que defienden tanto el PP como el PSOE-, pero CCOO y UGT también han ido más allá, reprochando a Moreno la falta de ejecución de sus presupuestos (fondos europeos, partidas finalistas, etc).

CCOO se manifestó el martes frente al Palacio de San Telmo -sede de la Junta de Andalucía- por el deterioro de los servicios públicos, cargando las tintas en el deterioro de la sanidad y la educación públicas, y acusando abiertamente a Moreno de permitir ese desgaste mientras gana terreno el negocio privado en Andalucía. “Nuestros derechos son su negocio”, decían. Unas 3.000 personas se manifestaron en la calle, con la participación de dirigentes del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Simultáneamente, Moreno se reunían en su despacho con los líderes de UGT -en España y en Andalucía- logrando una imagen de división de los sindicatos de clase en un momento especialmente crítico, precisamente por la incertidumbre del sector sanitario sobre cómo va a abordar la Junta el plan de verano con un 16% menos de plantilla ya reconocido por la propia consejera de Salud, Catalina García. La semana que viene, cuatro de los cinco sindicatos sanitarios con más representación han convocado un paro parcial en hospitales y centros de salud.

Sobre financiación autonómica, el PSOE andaluz se ha remitido a la propuesta de reforma del modelo que salió aprobada del Parlamento andaluz, en 2018, por mayoría de todos los partidos de entonces, excepto Vox. Aquel documento, de 50 páginas, fue promovido personalmente por la hoy ministra Montero, cuando era consejera de Hacienda, y respaldado por el propio Moreno, cuando era jefe de la oposición. Ningún partido ha llevado esa propuesta al Senado para abrir un debate en la comisión general de comunidades autónomas, donde se sienta Moreno y también el portavoz socialista en la Cámara Alta, Juan Espadas.

Espadas ha propuesto a Moreno ir juntos con esta iniciativa, algo que el presidente de la Junta rehúye porque cree que el marco de debate no es el Senado, sino el Consejo de Política Fiscal. El secretario general del PSOE-A sopesó llevar él mismo aquel borrador, que lleva la firma de Montero, en nombre de el PSOE federal, pero hasta la fecha no lo ha hecho. “No vamos a estar siempre siendo cuestionados en nuestro andalucismo”, ha dicho hoy la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, tras reiterar su compromiso con aquel documento “gobierne quien gobierne en España”.

La reforma del modelo de financiación autonómica que salió del Parlamento andaluz reclamaba 4.000 millones de euros extraordinarios para Andalucía, atendiendo a la singularidad de este territorio (un término que no aparece reflejado en el texto). El documento gira en torno a una premisa que Montero ha repetido hasta la saciedad, esto es, que son los ciudadanos, y no los territorios, quienes pagan impuestos y reciben los servicios públicos. Por tanto el reparto de fondos debe atender a la equidad entre ciudadanos, no entre comunidades.

“El nuevo modelo ha de ser justo y aceptable para todos, ha de ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad. Para ello, hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios. No son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino los ciudadanos que residen en ellos”, dice el documento. “Hay que hacer posible y compatible esa singularidad de Cataluña con las singularidades de otros territorios”, insiste hoy Espadas.