Las cinco claves del macrojuicio por el saqueo (o no) de la empresa pública Plaza

Veinticinco acusados, entre ellos algunos de los empresarios y ejecutivos de moda de los años del ladrillo; peticiones de condena que rondan los dos siglos de cárcel y los diez millones de euros en multas, indemnizaciones por casi 150 millones de euros, una empresa del Íbex (Acciona) señalada como presunta responsable civil del mayor presunto desfalco documentado en Aragón, otras cuatro docenas de sociedades bajo sospecha: la sala de vistas número 3 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza acoge a partir del próximo lunes, 24 de septiembre, la primera de las sesiones del macrojuicio por el saqueo (o no) de la empresa pública Plaza, la plataforma diseñada para ser el referente de la logística en Europa y que acabó teniendo que ser rescatada por el Gobierno de Aragón ante su inasumible deuda.

Estas son algunas de las claves en torno a las que girará el juicio, que se prolongará durante varios meses hasta el 31 de enero y que constituye, con permiso del caso La Muela, la causa judicial por el mayor episodio de presunta corrupción instruida en Aragón.

¿Dónde está la pasta?

El caso Saqueo, en el que ejercen la acusación la Fiscalía Anticorrupción, el Gobierno de Aragón y la propia empresa pública, consta de tres líneas de investigación básicas. Por una parte, la presunta malversación de 147 millones de euros mediante obras no realizadas que la unión de empresas liderada por Acciona con el Grupo MLN como socio minoritario contrataba con empresas locales a costa del Gobierno de Aragón. Por otra, las presuntas corruptelas del exgerente Ricardo García Becerril, acusado de cobrar mordidas a algunos empresarios a cambio de adjudicaciones. Y, en tercer lugar, las supuestas comisiones recibidas en forma de obras en sus casas por algunos ejecutivos, caso del exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco.

Sin embargo, apenas hay rastro de los eventuales ‘retornos’ del dinero supuestamente malversado o ilegalmente cobrado a cambio de favores, con la excepción, según los informes de la Policía, de los 400.000 euros en metálico bajo un colchón en una de las casas del exgerente o del yate registrado a nombre de la empresa de sus hijas, cuya principal actividad consistía en gestionar una guardería. El llamado caso Paraísos, en el que un juzgado de Zaragoza investigaba la supuesta evasión de grandes cifras al extranjero terminó archivado por falta de pruebas.

Otra cosa son las obras, algunas de ellas pagadas, según varios testigos, por la propia Unión Temporal de Empresas que gestionaba los trabajos en Plaza. Anticorrupción las cifra en unos 150.000 euros.

¿Habrá pactos previos con confesiones?

No se sabrá hasta que comience el juicio. Los acuerdos en los procesos penales suelen consistir en una modificación a la baja de las peticiones de penas de prisión que eviten en la práctica el encarcelamiento manteniendo las reclamaciones económicas de multas e indemnizaciones. Y, en este punto, aunque las defensas insisten en que su postura es acudir al juicio a pelear las absoluciones, las miradas y los rumores se centran en Ricardo García Becerril.

El exgerente, que ya ha sido absuelto en dos ocasiones y tiene otras causas sobreseídas, se enfrenta a peticiones de condena de hasta 28 años de prisión (Anticorrupción solicita 25) y va a compartir banquillo con su esposa y sus dos hijas, que afrontan, respectivamente, propuestas de seis y medio y de trece. Una de las dudas que planean sobre las vísperas del juicio consiste en saber si intentará cerrar un acuerdo con las acusaciones que, al menos, libre de la prisión a su familia.

En cualquier caso, los hechos confesados en un acuerdo únicamente tienen carga penal para quien los admite, pero no para el resto de imputados. Los cargos contra el resto deben ser probados, o descartados, en la vista oral.

Los informes periciales

Las obras de Plaza fueron presupuestadas en 167 millones de euros y acabaron costando 397, según las estimaciones de la propia empresa pública. Las acusaciones sostienen que buena parte de esos sobrecostes se habrían volatilizado en obras de movimientos de tierras que no habrían sido ejecutadas en realidad o que no incluían los volúmenes facturados.

Una de las claves de la sentencia estará en las valoraciones que los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza realicen sobre los informes periciales de las acusaciones y de las defensas, que les llevará a determinar si los trabajos existieron o no.

Varios VIP en el banquillo

La Fiscalía estima en algo más de un millón de euros los ingresos de la guardería por este tipo de trabajos bajo sospecha para seis sociedades entre 2006 y 2009. “Dichos servicios por los cuales cobraba dichas cantidades de dinero no existieron. Se trataban de dádivas”, señala en su escrito de acusación, en el que sostiene que la firma de las mujeres “no tenía actividad durante esos años” y que, a pesar de ello, adquirió el yate y dos coches, asumió una costosa reforma en la casa de una de las propietarias, cubrió gastos notables en viajes, joyería y hostelería y llegó a negociar la compra de una casa valorada en 981.000 euros.

El banquillo del caso Saqueo reunirá a varios empresarios y ejecutivos como el propietario de Porcelanosa, Manuel Miguel Colonques, o el expropietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, que hasta ahora ha salido indemne de todos sus pasos por el banquillo de los acusados. Ambos se enfrenta a peticiones de condena de cinco años y diez meses de cárcel por, según sostienen las acusaciones, haber pagado sus empresas sendas mordidas varias decenas de miles de euros al ex gerente mediante desembolsos a la empresa de sus hijas a cambio de informes. En el caso de Iglesias, la falsedad que se hallaría en el origen de la imputación estaría prescrita, lo que abre las puertas a una nueva absolución.

La acusación civil contra Acciona y MLN

Dos de los principales acusados en el caso Saqueo son los exgerentes de la UTE José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, para quienes Anticorrupción pide sendas condenas de nueve años y diez meses y de seis años y nueve meses de cárcel. El ministerio público sostiene que el primero urdió en 2002 con García Becerril un plan, al que se fueron sumando el resto de acusados, que derivó en “una sucesiva merma y apropiación en su patrimonio” para la empresa pública que se prolongó hasta 2013. Sus defensas lo niegan y reclaman su absolución.

Esas imputaciones han llevado a las dos empresas que gestionaron las obras, Acciona y el Grupo MLN, a estar encartadas como eventuales responsables civiles subsidiarias de las indemnizaciones derivadas de “los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”. Es decir, que a estas empresas no se les imputa una participación directa o intelectual en el presunto desfalco, sino que pueden ser declaradas responsables económicas de los delitos por los que puedan ser condenados los exgerentes de la UTE. Ambos eran empleados de la constructora de los Entrecanales, mientras que MLN no tiene personal imputado.