“El 75% de la población con discapacidad intelectual sufre abusos en algún momento de su vida”

A raíz de que la Policía Nacional les pidiera colaboración para atender un caso, Atades impulsó en 2015 la creación de una Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual en Aragón, que coordina Victoria Ledesma (Málaga, 1982). Desde entonces, la Unidad ha atendido a 61 víctimas, 17 de ellas por abuso o acoso sexual. Ledesma lamenta que es una realidad todavía muy invisibilizada. La Unidad tiene disponible el teléfono 900 33 55 33, que no deja rastro en la factura telefónica.

¿Por qué es tan difícil detectar los abusos a personas con discapacidad intelectual? 

Son personas especialmente vulnerables por diferentes circunstancias; algunas originadas por la propia discapacidad intelectual y otras por el contexto, por la sociedad, por el tipo de educación, por la cultura... también por los mitos socialmente extendidos sobre la discapacidad. Estas circunstancias que les hacen más vulnerables, a la vez, complican detectar los abusos. Por ejemplo, tenemos el mito de pensar que las personas con discapacidad intelectual mienten más que el resto de la población. También influye su forma de relatar los sucesos: las personas con discapacidad intelectual son menos propensas a dar muchos detalles, hablan más de aspectos periféricos que del propio hecho en sí, tienen dificultades a la hora de incardinar un hecho en el espacio y en el tiempo... Es decir, aunque hayan aprendido cuáles son los días de la semana, muchos tienen dificultades a la hora de decir si lo que les ha ocurrido fue el 27 de octubre o el jueves pasado. Estas circunstancias reducen la credibilidad que damos a los testimonios de las personas con discapacidad intelectual. Solemos poner el ejemplo de que si una mañana te cruzas con tu vecina en el rellano del portal y te cuenta que está asustada porque en el trayecto del ascensor otro vecino le ha metido mano, le ha tocado... inmediatamente, actúas, intentas protegerla, acudir a la policía. Sin embargo, por las dificultades que comentábamos antes, por cómo va a ser la verbalización, no se tiende a reaccionar de la misma manera si esa vecina es una persona con discapacidad intelectual. Además, la discapacidad intelectual es un añadido que hace aún más vulnerables a las mujeres; de los casos que hemos atendido, el 60% eran mujeres.

¿Qué más dificultades tienen su origen en el contexto social que comentaba antes?

Por ejemplo, hacemos más vulnerables a las personas con discapacidad cuando no les ofrecemos una formación y una información suficiente acerca de cuáles son las relaciones afectivo-sexuales sanas y razonables. Hoy en día nadie se plantea que los niños en la escuela no tengan información acerca de cuáles son las partes del cuerpo, cómo se llaman, qué medidas de protección hay que tomar en las relaciones sexuales… En el colectivo de la discapacidad intelectual no ocurre lo mismo. Si en sus contextos cercanos no se les ofrece una información completa, probablemente, las víctimas de abuso o agresión sexual con discapacidad intelectual también tendrán dificultades para saber si esto que les ha ocurrido está bien o está mal, si tienen derecho a pedir ayuda o si pueden exigir que no les vuelva a pasar. Por eso, nosotros en la unidad trabajamos también la prevención.

Dependiendo del grado de discapacidad intelectual, ¿todas las posibles víctimas serían capaces de denunciar el abuso? ¿Quién suele dar la voz de alarma?

Nosotros hablamos de casos individuales; no podemos englobar a las personas con discapacidad intelectual por su grado de discapacidad, porque su reacción depende también de en qué familia han crecido, qué educación han recibido, qué acceso han tenido a determinados recursos, qué nivel de autonomía tienen, qué nivel de relaciones sociales... Entonces, efectivamente, dependiendo de todas estas circunstancias, la persona con discapacidad intelectual que sufra una situación de abuso o de violencia podrá contarlo o pedir ayuda mejor o peor, tendrá más o menos recursos. La realidad que observamos es que el número de verbalizaciones es muy escaso. Sólo el 3% de las personas con discapacidad intelectual que hayan sufrido abuso o violencia van a ser capaces de verbalizarlo. Sin embargo, entre el 70 y el 80% de la población con discapacidad intelectual va a sufrir abusos en algún momento de su vida. Con estos dos datos, es más que obvio que los entornos cercanos tenemos que estar especialmente atentos para dar la voz de alarma. En las formaciones que damos a los profesionales, siempre les comentamos que es importante que siempre tenemos que actuar ante cualquier indicio, no podemos dejarlo pasar.

¿Supone una dificultad añadida la dependencia que pueden tener las víctimas de su cuidador?

Sí, pero esa dependencia les hace más vulnerables no sólo de sus cuidadores, sino también por el aprendizaje que reciben de sumisión. Por poner un ejemplo, si una mujer con discapacidad intelectual siempre ha requerido de apoyo para su higiene y siempre ha tenido una persona que le ha ayudado a la hora del baño, va ver más normal que un cuidador nuevo acceda a su cuerpo con total libertad. Me estaba centrando en los ejemplos anteriores en casos de abusos o agresiones sexuales, pero también nos encontramos con situaciones de abuso económico o patrimonial: son personas especialmente expuestas porque una de sus carencias suele ser el manejo del dinero. Aunque mejoremos su educación para que alcancen la mayor autonomía posible, va a haber personas que jamás puedan adquirir el aprendizaje de realizar por sí solos gestiones económicas muy sencillas como comprar ropa o alimentación y saber exactamente qué cambio les tienen que dar, no digamos gestionar una cuenta bancaria. Por tanto, es muy fácil que un vecino o un conocido tenga control del dinero de una persona con discapacidad y haga un mal uso. Nos hemos encontrado con estas situaciones tanto con personas que son simples conocidos como incluso con los propios tutores encargados de gestionar correctamente los bienes patrimoniales de la persona con discapacidad intelectual y que, sin embargo, les dejaban sin recursos necesarios para su vestido o su ocio. Estas situaciones abusivas que no son delitos tan graves también tenemos que atenderlas.

¿Cómo suelen reaccionar las familias?

La reacción depende del contexto, de la familia, de la persona... Obviamente, en aquellas familias en las que la persona con discapacidad está dentro de un contexto de protección la situación es de alarma. A veces, también nos encontramos con una sensación de negación ante el hecho, por el propio dolor que les causa y quizá también por sentirse culpables de no haber podido protegerle, a pesar de que son situaciones muy difíciles de evitar.

¿Supone un impacto para el entorno saber que un discapacitado intelectual ha sido víctima de abusos sexuales frente a la tendencia a verles como menores asexuados?

Sí, por supuesto. Además, en los mitos nos encontramos con los dos extremos: desde que son personas asexuadas, que no tienen ningún tipo de instinto sexual, hasta justo lo contrario, que tienen una sexualidad exacerbada y desproporcionada. En ese sentido, nos hemos encontrado con sorpresas de todo tipo, desde ideas como “mi hijo, ¿cómo puede resultar atractivo?”, “jamás me habría imaginado que alguien se hubiera podido aprovechar de mi hija, que es como una niña” o “¿quién va a mirar a mi hijo?” a todo lo contrario, que sería pensar que a lo mejor era una relación amorosa o que es una chiquillería. Estos mitos impiden que se pueda hacer una buena intervención desde el primer momento. Aquí influye, de nuevo, la formación: si las personas con discapacidad intelectual no tienen espacios privados donde relacionarse a nivel sexual, si sólo han recibido mensajes de “eso no se hace”, al final, manifiestan el cariño, los abrazos o los besos en zonas más públicas que el resto de la población, que busca contextos de privacidad.

Más allá de la denuncia al entorno, ¿llegan a formalizarse denuncias judiciales por abusos sexuales a discapacitados? 

Hay de todo. En la mayoría de los casos, por supuesto respetando la decisión de cada persona, nosotros animamos a denunciar porque, si no hay denuncia, se puede generar muy difícilmente un contexto de protección suficiente. La Unidad tiene su razón de ser precisamente en apoyar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias a la hora de tomar la decisión y de interponer la denuncia, acompañándoles y con una evaluación previa de capacidades de la persona con discapacidad que nos permita obtener la testifical en las mejores de las condiciones.