Más del 90% de los funcionarios de Justicia en Asturias secundan la primera jornada de huelga indefinida

La primera jornada de la huelga indefinida convocada en la Administración de Justicia por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT ha sido secundada este lunes por más del 90 por ciento de los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio de Justicia en Asturias. El paro afecta a un colectivo de 45.000 personas en todo el país, de los que alrededor de 1.400 trabajan en el Principado.

Los funcionarios han acordado incrementar las medidas de presión a través de una huelga indefinida después de que el ministerio que dirige la socialista Pilar Llop mostrara una “nula voluntad de negociar con el colectivo”, según han expresado desde el comité de huelga.

Además, han dejado patente su malestar por el hecho de que se haya “ninguneado” al 93 por ciento del personal de la administración de Justicia ya que, según han explicado, el otro siete por ciento lo integra el colectivo de Letrados con los que sí se ha llegado a un acuerdo.

A este malestar se suma el hecho de que Justicia priorizara las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales ante su amenaza de huelga, siendo convocadas a reuniones para llegar a posibles acuerdos, mientras que al colectivo de funcionarios ni siquiera se les plantean posibles soluciones a un conflicto que está bloqueado.

Las principales reivindicaciones de los funcionarios

Los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales exigen una subida salarial digna, en línea con la aprobada para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), así como la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) que, según indican fuentes del comité de huelga, les impone nuevas condiciones laborales sin una negociación previa.

Hasta llegar a esta situación límite, los funcionarios habían venido realizando varias jornadas de paros parciales, entre las diez de la mañana y la una de la tarde, durante el mes de abril e incluso una jornada de huelga general que llevaron a cabo el 19 de abril y que culminó con una manifestación en Madrid a la que acudieron representantes de Asturias.

Desde entonces se han sucedido las concentraciones ante las sedes judiciales de las principales ciudades asturianas como Oviedo, Gijón y Avilés. El comité de huelga también se ha desplazado estos días a otras sedes judiciales, como Llanes y Villaviciosa, para animar a otros compañeros a sumarse a las movilizaciones.

Las organizaciones sindicales dieron un salto cualitativo este mes de mayo, pasando de los paros parciales a jornadas de huelga completa los días 16, 17 y 18 y ya de forma indefinida desde este lunes, día 22. Con esta huelga, según fuentes del comité, quieren seguir reclamando el derecho a la negociación de sus condiciones laborales “a la vista de las nuevas leyes en trámite y el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que se realizan efectivamente”.

También hacen hincapié en la defensa de la conservación de destinos y el incremento del Complemento General del Puesto, así como en el desarrollo efectivo de la carrera profesional reconocida desde el año 2018 en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

En un comunicado, el comité de huelga advierte de que ya se llevan más de 500.000 juicios suspendidos y más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas por esta huelga. Para esta semana hay convocadas nuevas concentraciones y pitadas en todo el país que tendrán su culminación en una manifestación que ha sido anunciada para el próximo día 25 en Madrid.

La huelga no afecta a guardias, menores, incapaces, ni a temas de violencia de género

En Asturias, según fuentes del comité, la huelga ha tenido hoy un seguimiento masivo durante la totalidad de la jornada. Se han suspendido actuaciones judiciales. En otros casos, las vistas sufrían retrasos como se podía apreciar en los paneles informativos desde primera hora de esta mañana donde en la mayoría de los casos junto a la referencia de cada vista y del juzgado correspondiente aparecía inscrita la misma palabra: “retrasada”. La única excepción han sido los servicios considerados como esenciales, que no pueden paralizarse, entre los que figuran la guardia, menores, incapaces y violencia de género.

Por lo que se refiere a las causas relacionadas con la violencia de género, fuentes del comité han confirmado que sólo se atiende a los detenidos, las solicitudes de órdenes de alejamiento y la adopción de medidas cautelares.

“La actitud del ministerio es incomprensible. No es capaz de convocar a la Mesa de Negociación, ni de desbloquear este conflicto que afecta al 93 por ciento de la plantilla. No encontramos respuesta en una Administración de Justicia que ha firmado un acuerdo con el siete por ciento que representan los letrados y con los jueces y fiscales está a punto de hacerlo”, subrayan las mismas fuentes.