Es la hora de rectificar

Recientemente se ha producido un hecho inusitado, en el seno del Gobierno de Canarias, donde dos Consejerías se enfrentan- por cuestión de un tercero-, que tiene vital importancia para el conjunto de los canarios en general y de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria en particular. Hablamos de la llegada del gas a Canarias y en concreto, de la instalación de la empresa TOTISA Holding S.A. en el puerto de la luz, que incluirá depósitos de GNL (gas natural licuado), así como cuatro motores de gas natural, para la producción de energía eléctrica, con una potencia instalada de 70 MW.

Por un lado tenemos a la Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, que tiende una alfombra roja a la empresa TOTISA, que con la información inicial aportada por esta empresa, concluye que es una actividad carente de efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, y por consiguiente, sometido a un procedimiento de autorización ambiental SIMPLIFICADA y no a uno de evaluación de impacto ambiental ordinaria (decir que esta calificación reduce enormemente los plazos y los trámites a realizar).

El 20 de julio de 2022 se requiere a la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud, la emisión de un informe sanitario referido al proyecto de TOTISA, remitiéndole la información aportada por esta.

El 16 de agosto de 2022, la Dirección General de Salud Pública, informa desfavorablemente el proyecto presentado, en un informe sanitario motivado, ante la falta de información precisa aportada por el promotor en el documento ambiental, la naturaleza, complejidad, ubicación y dimensión del proyecto. Bajo estas mismas premisas, se estima que el proyecto debería someterse al procedimiento de evaluación ambiental ORDINARIA. En este informe hay un párrafo destacado en negritas que es demoledor: “La calidad del aire, junto al riesgo de accidente, incendio y explosión, por sus consecuencias catastróficas, son los de mayor peso para la salud pública por la proximidad de la población”.

Ante esto, de nuevo la Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, vuelve a mostrar su predisposición, al darle un plazo de un mes para que la empresa haga sus alegaciones, pero cuando éstas llegan, tan solo le da cinco días a Salud Pública para que emita un nuevo informe. A pesar de esta deslealtad institucional, se responde en tiempo y forma de manera contundente: “En consecuencia, ante la ausencia de alegaciones fundamentadas técnicamente por el promotor sobre el contenido del informe sanitario emitido el pasado 16/08/2022, la Dirección General de Salud Pública en el plazo de  5 días requerido, se ratifica en el contenido del mismo, e informa motivadamente, que el referido proyecto en la ubicación propuesta, supondrá un impacto local permanente para la ciudad con efectos negativos para la salud de la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”.

Como comprenderá el lector,  en Salto a la Transición Ecológica no hemos quedado petrificados, cuando después de aplaudir la publicación de las estrategias para la descarbonización de Canarias en el 2040, precisamente por la Consejería del señor Valbuena y en las que no se menciona, por innecesario, el gas por ningún lado, nos encontramos con una actitud connivente con una empresa privada, en contra de los intereses de los ciudadanos y desdiciéndose de la apuesta elaborada y que se ha publicado a los cuatro vientos. Pero añadiendo más leña al fuego, nos encontramos con que el autor de esas estrategias, léase el Instituto Tecnológico de Canarias, aparece en el informe, en la parte de la documentación aportada por la empresa como autor de: “Un análisis DE PARTE realizado por el Instituto Tecnológico de Canarias del impacto de la central eléctrica TOTISA en el sistema eléctrico de Gran Canaria”.

Todo parece indicar que tenemos al lobo cuidando de las ovejas, dado que nadie puede negar que el gas natural es un combustible fósil, que contamina de una manera importante y que es nocivo para ser instalado en las inmediaciones de lugares fuertemente habitados y ante esto, todo un viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, yendo contra las evidencias científicas, declara una instalación de ese calibre “Una actividad carente de efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, y por consiguiente, sometido a un procedimiento de autorización ambiental SIMPLIFICADA”.

Mucho nos tememos que volvemos a estar ante una operación política en que los actores de turno no dudan por un lado  en vendernos una utopía  para engrandecer su imagen, pero sin embargo no están dispuestos a tomar decisiones que suponen enfrentarse a intereses empresariales fuertemente instalados.

Con el buen hacer de los técnicos de Salud Publica emitiendo un informe desfavorable sobre estas instalaciones, la Consejería de Transición ecológica tiene la oportunidad de rectificar y paralizar unas infraestructuras que además de afectar a la salud de la población de forma permanente, va a retrasar de forma notable  la transición energética a las renovables en las islas.