Sáhara Occidental: la moneda de cambio del Estado español

   El problema del Sáhara Occidental ha vuelto a la palestra gracias al reconocimiento y apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al plan de autonomía de Marruecos (presentado en 2007) sobre ese territorio ocupado. Esta decisión en solitario es un acto de suicidio político y un posicionamiento unilateral, sin que haya tenido en cuenta la opinión de los grandes afectados: los saharauis. 

   Se trata de un nuevo ejercicio de injerencia de España sobre el presente y el futuro de un territorio sobre el cual actúa como si aún fuese su colonia, pero además legitima la invasión de Marruecos, desarrollada con su política expansionista de la Marcha Verde (1975), y su dominio pleno sobre ese espacio, reconociéndolo como propio.  

   Esta actitud es propia de un político y una fuerza, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que niegan el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El ejemplo más cercano ha sido el de Catalunya, donde Sánchez se comprometió a plantear un diálogo abierto con el pueblo catalán, tras la represión del Partido Popular por el referéndum de independencia de 2017. A día de hoy, no solo no se ha convocado el referéndum por su autodeterminación, sino que Sánchez se niega a ello. Si esto ocurre en un territorio como este, es comprensible su actitud de mercadeo con el Sáhara Occidental, convertido así en la moneda de cambio para mejorar las tensas relaciones que mantiene España con Marruecos desde que en 2021 prestó atención médica al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.    

   De este modo, el mal llamado Gobierno progresista de Pedro Sánchez pretende desarrollar una política internacional que le posicione con cierto prestigio frente a otras potencias. Por eso, España se suma al reconocimiento de dicho plan de autonomía, que además está respaldado por Francia y Alemania, con amplia trayectoria colonial en África. En ningún momento, el presidente Sánchez ha tenido en cuenta la situación de los saharauis ni menos aún los ha escuchado. En cambio, ha tomado esta determinación con un corte totalmente personalista, al modo y semejanza de Mohamed VI, lo cual conlleva una doble lectura. 

   Por un lado, es un arriesgado golpe de carácter propagandístico, en vista que a finales del próximo año está prevista la celebración de elecciones generales, y ya debe desarrollar acciones para desmarcarse de sus rivales en la lucha por el poder. Por otro, y esto sí es crucial, el apoyo a Marruecos se concibe como medio para frenar la migración ilegal proveniente desde dicho país, que es la puerta de salida de muchos africanos con dirección hacia España. De este modo, el aval socialista a la dinastía alauita sobre la cuestión saharaui ralentizaría este flujo migratorio, que ha estado impulsado precisamente por el propio Estado marroquí tras la referida crisis. En este sentido, se establecería una reciprocidad: España disminuiría su inversión de recursos públicos para la cuestión de la migración ilegal, incluidos la que lleva a cabo en el propio territorio marroquí, y a cambio apoyaría a Marruecos en su plan para legitimar su dominio sobre el Sáhara Occidental.   

   Desde el mismo momento en que comenzó la actual guerra en Ucrania, el Gobierno español declaró su más enérgico apoyo a los intereses de la OTAN con el envío de buques de guerra al Mar Negro. Al respecto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, manifestó que “Rusia no le puede decir a ningún país lo que puede hacer, y la OTAN va a defender a cualquier país que quiera entrar”. Por su parte, Pedro Sánchez se sumó a la condena internacional por esa invasión, esgrimiendo el argumento de la vulneración de la soberanía nacional y el desarrollo de una actitud imperialista, que rompía la armonía de Europa.

   No deja de ser paradigmático que, criticando la postura de Putin y mostrándose a favor de la desarrollada por la OTAN, estos mismos políticos defiendan a su vez la invasión de Marruecos sobre el Sáhara, que ha obligado al ostracismo a una parte importante de su población, refugiada en el Tindouf (Argelia).  

   Además, este reconocimiento oficial implica también aceptar que Marruecos tiene derecho a perseguir y torturar a los activistas, periodistas y blogueros saharauis que se han posicionado a favor de la República Árabe Saharaui Democrática y en contra de dicha invasión, como por ejemplo Aminatou Haidar y Mohamed Lamine Haddi, este último recientemente torturado en la prisión Tiflet 2 por denunciar las atrocidades cometidas por Marruecos contra sus paisanos. 

   España siempre mantuvo su actitud de dominio hacia el Sáhara Occidental, como toda metrópoli lo ejerce con su colonia. Ese territorio era una fuente de extracción de recursos naturales, sobre todo las minas de fosfatos y el caladero pesquero, claves en el posterior proceso de enfrentamiento con el Frente Polisario y la expansión de Marruecos. 

   Para los distintos Gobiernos formados desde la llegada de la democracia, ese espacio fue una cuestión molesta políticamente, pero también una importante baza económica para la geopolítica, de la cual no quería desprenderse. Para ello, era necesario mantener buenas relaciones con Marruecos, que generasen beneficios económicos para el Estado español. 

   A la par, el factor humano quedó en un segundo plano. A los saharauis se les trató con desprecio y dejaron de tener un estatus de españoles para tener otro de apátridas. Curiosamente, distintas generaciones, que han nacido y viven en la actualidad en Tindouf, han oído las historias y los comentarios referentes a que su país tiene una franja de costa bañada por el océano Atlántico, pero nunca la han visto. Solo está en el recuerdo de sus mayores, que van desapareciendo poco a poco. 

   Mientras España cerraba acuerdos pesqueros con Marruecos, aprovechándose del caladero pesquero saharaui, y que marcaron una parte importante de la economía española durante y después de la Transición, la solidaridad de distintos colectivos españoles e internacionales garantizó una cadena de ayuda a este pueblo, que perdura hasta la actualidad como muestra de la eternización de este problema.

   No obstante, no queremos que los saharauis vivan al amparo de la solidaridad ni pendientes de ayudas de organismos externos, que siempre están condicionadas a pactos en los despachos y a intereses geopolíticos y económicos. Cuando hay una ayuda de por medio, es que el problema subsiste y solo es una forma de mitigarlo. Lo que realmente queremos es que aquellos vuelvan a su país y que se les devuelva la soberanía sobre su territorio.

   Estos días se ha hablado mucho de que los países de la Europa Occidental y Oriental deben apoyar con ímpetu a Ucrania, como una muestra de la defensa de la paz mundial y de la democracia frente a la actitud bélica de Rusia. Esto ha supuesto el desarrollo de mecanismos que implican sanciones económicas hacia esta última para que cese su actitud. Por tanto, y con otro paralelismo, los saharauis tienen derecho a que otros países les apoyen e impongan restricciones a España en el suministro de recursos naturales por su política de apoyo imperialista a Marruecos, tal y como lo está haciendo Argelia, principal suministrador de gas natural de nuestro país y valedor de la causa saharaui.

   Al final, la historia se repite: el PSOE sabe mucho traicionar a los saharauis. Felipe González y el exrey de España, Juan Carlos II, siempre mostraron su apoyo abierto a rey Hasan II; mientras cenaban y reían en lujos ambientes de poder, los saharauis esperaban en el desierto por una respuesta que nunca llegó. Ahora, Pedro Sánchez también comercia con ese pueblo y decide en su nombre, un derecho que no le pertenece.