Los que faltan en la sentencia del juez Alba

La judicatura española tiene un nuevo delincuente en sus filas: Salvador Alba Mesa, condenado a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación pero aún dentro de la carrera judicial a la espera de que la sentencia dictada este 10 de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) adquiera firmeza en el Supremo. Alba nunca estuvo solo en el compló que ejecutó contra su compañera de carrera y de promoción Victoria Rosell, diputada de Podemos antes y ahora, por eso siempre sostuvo en público y en privado que no se iban a atrever a condenarlo, que la víctima de la conspiración en todo caso era él y que todo se aclararía en el juicio. Le fallaron los cálculos, seguramente porque se produjo una confluencia de fenómenos que llevaron a sus compañeros de viaje a dejarlo solo.

Para los denunciantes y las acusaciones resultaba muy arriesgado, tanto desde el punto de vista procesal como político y mediático, meter en la misma causa a todas las personas sin cuyo concurso hubiera sido imposible que Alba se atreviera a actuar como actuó. Si bien es cierto que en su comportamiento habitual constan episodios muy propios de quien se cree impune o, en su defecto, tocado por un don divino que impide a los demás condenarle siquiera moralmente.

Estos son algunos nombres sobre los que muchos se preguntan qué papel habrían tenido en esta conspiración:

Guillermo García-Panasco Morales (fiscal). Con él empezó todo. Era fiscal jefe de Las Palmas en noviembre de 2015 cuando puso en marcha una investigación “pre-procesal” contra Victoria Rosell a partir de recibir un anónimo que en realidad ha tenido hasta ahora dos padres: el exministro José Manuel Soria, por entonces titular de Industria, y el juez Salvador Alba. Aquella cacería sumarísima fue tan irregular que resultó anulada primero por el TSJ de Canarias y luego por el Supremo, lo que dejó en ridículo no solo al fiscal García- Panasco, sino también a la subordinada a la que puso al frente de las pre-procesales, Evangelina Ríos, además de al inductor del procedimiento, José Manuel Soria, y al fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, que la avaló en todo momento.

El Tribunal Constitucional dilucida en estos momentos si aquella vulneración flagrante de los derechos de la magistrada Rosell aconsejerían prohibir a la Fiscalía investigar presuntas conductas disciplinarias de los jueces españoles, que fue lo que realmente hizo García- Panasco con menos respeto por la legalidad que el que se tributa a sí mismo.

Pese a las dos sentencias que afearon a Panasco su flagrante falta de respeto por los derechos fundamentales, el ministro Catalá y su impagable José Manuel Maza lo premiaron con un ascenso a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Había que sacarlo de Las Palmas, donde su prestigio había quedado a la altura del betún, y lo mejor que se le ocurrió al PP fue mandarlo a la sala de máquinas del Ministerio Público, donde aún lo mantiene incomprensiblemente el Gobierno del PSOE.

Evangelina Ríos Dorado (fiscal). Fue el brazo armado de García-Panasco en la investigación pre-procesal contra Victoria Rosell, es decir, la que bajo el amparo de su inmediato superior se pasó por el arco del triunfo todas las garantías procesales con el único objetivo de encontrar cualquier atisbo de irregularidad que pudiera incriminar a la magistrada en alguna irregularidad disciplinaria o, en su defecto, penal. Su animadversión hacia Rosell es sobradamente conocida en el foro canario, donde fue muy comentada su denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra la instrucción de Rosell al empresario Miguel Ángel Ramírez, que se saldó con una resolución en la que se le atribuían a ella los retrasos que precisamente quería endosar a la jueza instructora.

Ríos fue decisiva en la conspiración del juez Alba porque, lejos de acatar el mandato constitucional que obliga al Ministerio Público a velar por la pulcritud legal de los procedimientos, participó activamente del compló al permitir que el empresario Ramírez fuera interrogado por contratos absolutamente ajenos a la causa por la que estaba siendo investigado en el juzgado que ocupaba el magistrado ahora condenado en sustitución de Rosell. De hecho, esta fiscal hizo más preguntas a Ramírez (más de 80) sobre esos contratos que las que formuló el propio Alba.

Antonio Doreste Armas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es una pieza fundamental en el compló porque se prestó abiertamente a las pretensiones de Alba de ser nombrado sustituto de Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando ya había rebasado los seis meses anuales que se permiten a cada juez realizar sustituciones. Una gestión suya ante el Consejo General del Poder Judicial bendijo la necesaria prórroga y, de paso, se hizo una para sí mismo.

En la grabación que el empresario Miguel Ángel Ramírez hace en el despacho de Alba se escucha a este decir en varias ocasiones que tiene a su presidente (Antonio Doreste) al tanto de todas las operaciones que se están aplicando a la causa objeto de aquella investigación, las famosas diligencias previas 644/2014.

La relación de Doreste y Alba está probada, tanto por esa grabación como por las que posteriormente realiza este último de los encuentros furtivos que ambos celebraron posteriormente en los garajes de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde se puede escuchar al presidente del TSJC advertir a su subordinado de la conveniencia de que tenga cuidado con sus denuncias contra Miguel Ángel Ramírez a raíz de que este entregara su grabación ante la Justicia.

Doreste se presenta en estos momentos al proceso de renovación de los TSJ de España, que deberá dilucidar en noviembre el Consejo General del Poder Judicial. Alcanzó ese puesto gracias al apoyo del PP (José Manuel Soria) y de Coalición Canaria, partido para el que en su día ejerció como consejero de Industria del Gobierno regional.

Emilio Moya Valdés, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. No desempeñó un papel especialmente activo en la trama, pero tras conocer que Alba estaba conspirando para perjudicar a Victoria Rosell y descubrir personalmente la reunión en la que todo se prepara entre el juez y el empresario Ramírez, no hizo absolutamente nada por impedir el desenlace. Al contrario, en los meses posteriores al compló, actúa con absoluta normalidad con su compañero en la Audiencia Provincial de Las Palmas, con el que solo rompe relaciones cuando Alba graba a todos los magistrados de la Sección Sexta deliberando acerca de varios asuntos y, de manera más informal, insultando a mujeres rumanas y a las personas naturales de Rusia e Italia. Se le escucha en la grabación REC004, la que finalmente incriminó a Alba, animando al empresario Ramírez a participar en la conspiración contra Victoria Rosell con expresiones tan poco confusas como “adelante, adelante”.

Fernando Lázaro y Manuel Reyes, periodistas. Su concurso fue decisivo para que la maquinación pudiera funcionar porque era necesario que se publicaran en la prensa los informes y las resoluciones de Alba de modo que Soria y sus abogados (Nicolás González- Cuéllar y Eligio Hernández) pudieran alegar que se enteraban de ellos por la prensa y no directamente de la mano del juez corrupto. Lázaro y Reyes fueron reiteradamente advertidos de que estaban siendo cómplices de la conspiración, pero aún así continuaron adelante con ella, cada día con más inquina, si cabe.

Aunque el TSJC ha absuelto a Alba del delito de revelación de secretos, era evidente que las filtraciones partieron todas de él con destino a estos dos periodistas. En el caso de Lázaro, había antecedentes: la sentencia del caso Kárate -de la que el juez Alba fue ponente- fue publicada por él en el blog que mantiene en el diario El Mundo más de un mes antes de que se firmara por el tribunal, y en la conversación grabada por Ramírez, el juez corrupto reconoce una comida entre ambos la víspera de que el periódico publicara las primeras investigaciones de la fiscal Ríos. Y en el caso de Manuel Reyes, de La Provincia/Diario de Las Palmas, no hubo disimulo alguno en las constantes visitas a la vista de todos los funcionarios que realizaba prácticamente todos los días al despacho del juez en pleno proceso conspirativo.

Nicolás González-Cuéllar y Eligio Hernández, los abogados. Los escrúpulos y la deontología profesional también brillaron por su ausencia entre los abogados que intervinieron en la conspiración contra Rosell. Nicolás González-Cuéllar Serrano maquinó con su cliente José Manuel Soria desde que se puso en marcha la investigación pre- procesal de la fiscalía en noviembre de 2015, y presumió ante sus colegas del Colegio de Abogados de Madrid de lo que iba a publicar el diario El Mundo la víspera de que todo estallara, el 2 de diciembre de aquel mismo año. Editor y amigo del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, cuando la querella de Soria contra la magistrada entra en el alto tribunal cede el testigo al ex fiscal general del Estado con el PSOE Eligio Hernández para cuidar las apariencias, pero es evidente que su ascendencia sobre el todopoderoso magistrado hace que parezcan creíbles los argumentos del exministro y luego el contenido de los informes del juez Alba. Para que no quedara duda de su implicación en el compló, aceptó la defensa del juez corrupto sin recatarse lo más mínimo en la aplicación de argucias procesales marca de la casa, como la de atraerse a su causa a un testigo que era de las acusaciones y presentarlo por sorpresa el mismo día de comienzo del juicio. En el caso de Eligio Hernández, su animadversión hacia la jueza Rosell por no haberle atendido en determinadas pretensiones con clientes imputados en el Juzgado de Instrucción 8, desembocaron en una sucesión impertinente de artículos de opinión insultándola y luego en su ofrecimiento para sustituir a González-Cuéllar en la ampliación de las querella de Soria contra ella ante el Tribunal Supremo. Todavía no ha sido capaz de explicar cómo es posible que en esa ampliación aparecieran textos íntegros de uno de los informes reservados que el juez Alba terminó enviando al alto tribunal, con distinta tipografía respecto al resto del texto, y con expresiones como “este magistrado”, que el Pollo de El Pinar no se molestó ni en corregir al hacer su corta y pega.

Su falta de profesionalidad se vio aún más acentuada cuando ni siquiera se dignó aparecer en el interrogatorio a la jueza cuando la causa fue trasladada -muy a su pesar- al Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras dimitir como miembro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

José Manuel Soria López, exministro de Industria. Es el autor intelectual de toda la cacería contra Rosell, desde la investigación pre-procesal que inicia la Fiscalía de Las Palmas en noviembre de 2015, hasta las acciones que ejecuta el juez Alba cuando fue colocado al frente de Instrucción 8. Fue José Manuel Soria, a la sazón ministro de Industria, el que se hizo con un contrato de arrendamiento de una frecuencia de radio entre la productora audiovisual de la UD Las Palmas y la empresa Clan de Medios, de la que soy administrador único. Es Soria quien entrega ese contrato a Alba para que este a su vez lo haga llegar a la Fiscalía y dé comienzo el primer intento de acabar con la carrera profesional y política de Rosell.

Fracasada esa primera acción con unas sentencias demoledoras, Soria pone en marcha la segunda fase con su querella contra Rosell ante el Supremo, tras hacer gestiones para que Alba fuera colocado en el juzgado de la magistrada con el fin de buscar algo debajo de las alfombras. Alba se prestó de inmediato, sabedor de que el poder del entonces ministro de Industria podía hacer realidad su acariciado sueño de ser alguien en los puestos de alcurnia de la judicatura en Madrid, o como mínimo, al frente del TSJ de Canarias.

¿Qué buscaba Soria? Muy sencillo: dos por el precio de uno. Con el asesinato cívico de Victoria Rosell por unas supuestas relaciones mías con Miguel Ángel Ramírez acababa con su principal adversaria política, que a punto estuvo de ganarle las elecciones en 2015, y de paso, liquidaba al periódico que más le incomodó durante sus 21 años de carrera política, la que acabó con su dimisión tras ser descubierto en los papeles de Panamá y publicar Canarias Ahora el dato definitivo de sus empresas en el paraíso fiscal de Jersey.