Los ayuntamientos concentran en el año previo a las elecciones la mitad del gasto en obras públicas de toda la legislatura

Meses previos a las elecciones y el gasto en obra publica se dispara, para sorpresa de nadie. La relación se da cada vez que hay llamada a las urnas, sin importar el lugar ni la fecha. Las entidades locales de Canarias se esfuerzan en demostrar a los ciudadanos que finalmente sí han podido asfaltar aquella calle que prometieron durante la campaña, que sí pudieron proyectar la rotonda anunciada o que sí dejaron el municipio más limpio que como lo recibieron, en vistas de un mejor resultado electoral.

Los datos de Gobierto, una herramienta de transparencia y contratación que permite la búsqueda legible de todos los contratos publicados en La Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), demuestran que, de los 1.262 millones de euros invertidos en licitaciones de obra pública por parte de ayuntamientos y cabildos del Archipiélago desde junio de 2019, un mes después de los últimos comicios, prácticamente la mitad, unos 613 millones, han sido programados entre 2022 y marzo de 2023.

De esta forma, vemos que administraciones como el Cabildo de La Gomera, que ha destinado cerca de unos 23 millones de euros a la obra pública esta legislatura, ha aglutinado el 95,17% de ese gasto en los últimos 15 meses, justo cuando se aproximan las elecciones municipales, el próximo 28 de mayo de 2023. Lo mismo ocurre con otras instituciones importantes, como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (80,19%), el Cabildo de Tenerife (72,18%) o el Cabildo de Fuerteventura (67,05%).

De las diez licitaciones de obra más cuantiosas de toda la legislatura, seis tuvieron lugar después de 2022. Estamos hablando de la redacción de 152 viviendas protegidas (VPO) en la calle Doctor Alfonso Chiscano, en Las Palmas de Gran Canaria, por un valor de 14,1 millones de euros; la rehabilitación del inmueble de Bien Interés Cultural (BIC) del Complejo Viera y Clavijo, en la capital tinerfeña, que costó 11,6 millones; la ejecución del proyecto de 74 domicilios de VPO en Tamaraceite, también en la capital grancanaria, con un presupuesto de 8,5 millones.

En Fuerteventura, por su parte, la corporación insular licitó por 8,3 millones de euros las obras del Edificio Polivalente en el Parque Tecnológico; el Cabildo de Tenerife presupuestó la restauración de la fachada del Palacio Insular por 7,74 millones; y también en la isla del Teide el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo, que gestiona un presupuesto de apenas 20 millones, comenzó en 2022 el procedimiento de adjudicación de las obras de ampliación del centro sociosanitario y construcción de un recinto de rehabilitación por 7,5 millones, más de un tercio del total de las cuentas locales.

Es conveniente recordar que Gobierto no recoge todos y cada uno de los contratos formalizados por las administraciones públicas. Solo puede registrar los publicados en la PCE, que no son todos. Decenas de entidades retrasan e incluso dejan sin publicar las licitaciones en la plataforma, tal y como ocurrió durante la pandemia, según informó la fundación CIVIO. De ahí que, con los datos de Gobierto en la mano, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria casi triplique el gasto en obra pública en comparación con el Cabildo de Tenerife, una corporación mucho más grande, previsiblemente debido a la no difusión de las adjudicaciones.

Aun así, las cifras del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) redundan en la misma línea seguida durante todo el artículo: el presupuesto en 2022 en licitación de obra pública por parte de las distintas administraciones (entes territoriales y Estado), de unos 1.024 millones de euros, fue excepcional, tanto, que no se veía un registro así desde antes de la crisis financiera, cuando se alcanzó en 2008 los 1.147 millones.

Durante esos tiempos de burbuja inmobiliaria, las Islas experimentaron repuntes especialmente importantes en este sentido los años previos a las elecciones. En 1998, por ejemplo, habiendo comicios 12 meses más tarde, la licitación de obra pública supuso 1.067 millones de euros, un aumento de alrededor del 100% con respecto a los cursos previos, 1997 (491 millones), 1996 (478) y 1995 (521); en 2002 y 2006, también sabiendo que había llamada a las urnas próximamente, pasó más de lo mismo.

Después de la Gran Recesión, el gasto se moderó. El incremento en obras no llegó en 2010 ni 2014, y quizá empezó a asomar la cabeza en 2018. Pero este 2022, después de haber superado la pandemia y con la inflación desbocada, sobre todo desde mitad de año, el binomio construcción-elecciones ha vuelto a las cifras de antaño.