El Gobierno devolverá al sector del tomate 14 millones por las ayudas retenidas en 2011
La Delegación del Gobierno en Canarias ha acordado devolver a los exportadores de tomates 14,23 millones de euros por las ayudas que les fueron retenidas en 2011, debido a sospechas sobre un posible mal uso de esos fondos que luego el Tribunal Supremo consideró infundadas.
De la cantidad que se va a devolver a la Federación Provincial de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex), 12,56 millones corresponde a la ayuda retenida y 1,67 millones a los intereses de demora acumulados en este litigio, según ha informado la propia Delegación, en un comunicado.
El origen de esta devolución se produce en 2011, cuando la Delegación del Gobierno ordenó a Fedex que reintegrara al Estado la subvención recibida nueve años antes, en virtud de un informe de la Intervención Territorial de Las Palmas que ponía de manifiesto ciertas irregularidades relativas, principalmente, a la determinación del “flete promedio” para calcular la subvención.
Fedex recurrió esa decisión en los tribunales y el pasado mes de marzo el Tribunal Supremo emitió la sentencia definitiva sobre este litigio, que resultó favorable a los exportadores.
El Tribunal Supremo consideró que si la Administración creía que que la determinación del “flete promedio” no era acertada, debió iniciar otro tipo de procedimiento administrativo de revisión, sin cuestionar el “flete promedio” por la vía de un expediente de reintegro de una subvención concreta a una compañía.
La Delegación del Gobierno en Canarias destaca a ahora que esta subvención del Estado al transporte de mercancías “constituye una ayuda de vital importancia, recogida dentro de los incentivos económicos del Régimen Económico y Fiscal, que está más que justificada en base a la lejanía y los altos costes de transporte de mercancías que soportan los productores agrícolas”.
Estas ayudas, añade, permiten equiparar los costes del transporte en Canarias con las empresas que operan desde la península, lo que resulta de “vital importancia para el sector primario canario y para el mantenimiento del empleo en el ámbito rural”.
