El Ministerio de Industria paga por las incineradoras de biomasa hasta un 70% más que por la energía eólica
Primero fueron las prospecciones petrolíferas, luego la regasificadora y ahora, las incineradoras de biomasa. La pretensión de la empresa ENCE de instalar en el Muelle de la Esfinge del Puerto de La Luz y de Las Palmas una planta destinada a quemar residuos forestales y vegetales para producir electricidad ha abierto otra vía en el debate sobre el modelo energético de Canarias. En septiembre, el Gobierno regional declaró el proyecto de interés estratégico por la elevada inversión (unos 150 millones de euros) y su incidencia en el empleo (la promotora estima que creará medio centenar de puestos de trabajo de forma directa). Y ello a pesar de que dos meses antes el departamento de Sanidad Ambiental del Ejecutivo canario había emitido un informe desfavorable por los efectos nocivos que provocaría la emisión de gases contaminantes de la incineradora, que afectarían a la salud de los habitantes de la mayor ciudad del Archipiélago.
Al igual que argumentara con el gas, el Gobierno ha defendido que se trata de una tecnología “de transición” hacia las renovables y que permitirá abaratar el coste de la producción de energía en el Archipiélago. Según los últimos datos publicados por Red Eléctrica de España en su página web, correspondientes al pasado domingo, el precio medio de generación en el Archipiélago se sitúa en 146,81 euros por megavatio/ hora, con una tendencia a la baja iniciada en 2013. En la Península, esta cifra desciende hasta los 53,07 euros.
Al tratarse de una planta con una potencia superior a los 50 MW brutos (tendría 70, convirtiéndose así en la mayor de este tipo en toda España), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo deberá fijar una retribución específica para la incineradora de biomasa que Ence ha proyectado en la capital grancanaria, La horquilla en la que se movería esta retribución, según diversas fuentes del sector consultadas por este periódico, oscilaría entre los 130 y los 150 euros por megavatio/ hora, muy cerca del coste actual de producción en las Islas y muy por encima, hasta en un 70% en sus valores máximos, de la prima a la energía eólica, que se balancea entre los 85 y los 89 euros.
Para el economista Rafael Molina Petit, presidente de la asociación ecologista Amigos de los árboles y el paisaje (Adepa), se trata de un negocio “artificial” que logra ser rentable gracias a la elevada retribución a la biomasa fijada por el Ministerio de Industria y que se beneficia de unas subvenciones que al final “repercutirán en el bolsillo de los canarios”.
Molina Petit explica que el régimen tarifario establecido para la biomasa está pensado para producciones a pequeña escala, donde los riesgos están acotados, y considera “un contrasentido” que el Estado pague “un dineral” por una incineradora “muy peligrosa”, perjudicial para la salud de unos ciudadanos por otro lado muy habituados a desarrollar alergias respiratorias, y que, además, depende de la importación de madera de Brasil, África y la Península (el proyecto prevé el arribo de 14 barcos al año cargados con residuos forestales), lo que incrementará de forma considerable los gastos de explotación, además de suponer un riesgo añadido de entrada de plagas.
En términos análogos se pronuncia Agustín González, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que si bien reconoce que la biomasa puede ser útil para pequeñas instalaciones en terrenos baldíos y con un impacto reducido, que permitan plantar “cultivos energéticos”, opina que “no tiene sentido” una planta a gran escala en un territorio como Canarias, que tiene los niveles de desertificación “más elevados” de toda Europa. “En el Archipiélago no sería una energía renovable”, afirma González en relación a la necesidad de importar la madera del exterior en unas islas que adolecen de una fuerte dependencia energética.
Informe desfavorable de Sanidad
Los colectivos ecologistas y partidos políticos como Podemos y Nueva Canarias ya han expresado su rechazo al proyecto para instalar la incineradora de residuos en el Puerto de La Luz, arguyendo razones de salud y medioambientales y resaltando que esta iniciativa camina en sentido contrario a la anhelada soberanía energética en la isla. El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, y el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, también consideran inviable el proyecto si afecta a la salud de los ciudadanos.
El informe remitido el pasado 27 de junio por la jefa de servicio de Sanidad Ambiental del Gobierno regional, María Luisa Pita, a la Dirección General de Industria y Energía del mismo Ejecutivo, es contundente a este respecto: “La combustión de madera supone, en general, un riesgo para la salud”, “emite contaminantes más peligrosos que combustibles tradicionales como el gasoil o el gas natural” y “daña la salud respiratoria y contribuye a otras enfermedades”.
Según el proyecto de ENCE, la planta de biomasa tendría un régimen de funcionamiento de entre 325 y 340 días al año las 24 horas del día y consumiría 62,5 toneladas de residuos forestales por hora, la mayor parte procedente del exterior. Sólo un pequeño porcentaje sería procesado dentro de la isla con restos agrícolas y de jardinería. La planta contaría con una superficie de 15.000 metros cuadrados que permitiría almacenar 62.000 toneladas de residuos, a una altura máxima de apilado de 19 metros, materia orgánica que garantizaría 31 días de producción.Una chimenea de tres metros de diámetro y 65 metros de altura expulsaría gases contaminantes a una temperatura de 249 grados.
El informe de Sanidad Ambiental pone de manifiesto que la empresa promotora del proyecto proporcionó datos incorrectos acerca de la dirección de los vientos en la zona. María Luisa Pita explica en este documento que Las Palmas de Gran Canaria está situada en la línea de vientos de la instalación proyectada, lo que convierte a la ciudad en un área sensible a las emisiones. “Cualquier contaminante susceptible de ser transportado por ese medio va a afectar a la salud de la población residente”, agrega.
Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, señala que el proyecto supera en un 50% las emisiones máximas permitidas de óxido de nitrógeno, que la incineradora también expulsaría azufres y dióxido de carbono y que ENCE no prevé ningún tipo de actuación ni control frente a las plagas que podrían llegar a la isla a través de los desechos forestales procedentes de Brasil, África y la Península.
Reyes añade que el aumento de la temperatura del agua “en unos tres o cuatro grados” en el entorno de la central podría facilitar la entrada de “especies marinas invasoras propias del clima tropical” que encuentran en los cascos de los barcos el “nido perfecto para desarrollarse” y también contribuiría a “la destrucción de los sebadales y corales”. Advierte además de los riesgos de la combinación de los vientos alisios que soplan en la zona, la denominada panza de burro y la salida de gases a una gran temperatura (249 grados) de la chimenea.
Ben Magec ya ha anunciado que llevará este asunto a la Fiscalía al entender que puede haber delito en la actuación del Gobierno de Canarias, al haber declarado el proyecto de interés estratégico con un informe desfavorable de Sanidad cuando el artículo 3 de la denominada Ley de Inversiones Estratégicas establece que no pueden tener esta consideración aquellas iniciativas que perjudiquen al medio ambiente.
Por su parte, el viceonsejero de Industria del Gobierno de Canarias, Adrián Mendoza, ha insistido este martes en una entrevista en la cadena Ser en que la declaración de interés estratégico significa “exclusivamente” que se acortan los plazos de tramitación del proyecto y que en ningún caso se van a incumplir los condicionantes técnicos y medioambientales del mismo. Mendoza ha defendido que la biomasa es “una energía renovable, un nido de posibles empresas y una fuente de trabajo espectacular”.
