El principal acusado del “mayor atentado medioambiental” de Canarias se siente “muy sensibilizado” con el entorno natural

El empresario y principal acusado del caso Stratvs, Juan Francisco Rosa, ha declarado como inculpado en la tercera sesión del juicio por las presuntas irregularidades cometidas en la edificación de la bodega de La Geria, de la que es dueño. Interrogado por el Ministerio Fiscal, figura representada en esta ocasión por Elena Herrera, sobre el delito de usurpación que se le imputa, el promotor ha asegurado que él y el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana eran dueños de todas las fincas sobre las que se levantó el complejo, ya que él mismo compró “de palabra” a la familia de los Negrín el 18% del terreno que le faltaba.

“En el año 98 compré un 4% del terreno a un familiar de Armas, en 2001 otro 4%, más adelante adquirí un nuevo porcentaje y finalmente le compré de palabra a los Negrín el 18% restante”, aseguró Rosa. Sin embargo, no fue hasta 2018 cuando materializó el pago a una familiar de Domingo Negrín que le exigió “su parte”, a pesar de que el acuerdo con el antiguo propietario, ya fallecido, había sido la cesión por parte de Juan Francisco Rosa de las explotaciones de una finca ubicada en frente de la bodega de una superficie de 26.000 metros cuadrados. 

Con este mismo argumento, el empresario negó que los titulares de fincas colindantes presentaran alguna denuncia contra el proyecto de Stratvs. “No lindaba con nadie, sino con mis propiedades tanto por la izquierda como por la derecha”, aseveró.

Se edificó más de lo autorizado

Al igual que el arquitecto Armas, Rosa también reconoció en su intervención que se construyó más de lo autorizado. “Unos 400 o 500 metros más entre aseos y otras pequeñas construcciones totalmente enterradas”, aseguró. De este modo, el acusado puso en cuestión la veracidad del informe pericial aportado en el escrito de acusación. Las conclusiones del mismo establecen que, a pesar de que la licencia fue concedida para una obra de 900 metros cuadrados, se habían empleado 12.000. “Las rampas no cuentan como construcción, ni tampoco el altillo de la bodega, la terraza pavimentada, ni los aparcamientos, porque es un parking público que me expropió el Cabildo”, señaló. “Solo cuentan los que son sobre tierra”, valoró.

Asimismo, confesó que construyó sin licencia el restaurante de Stratvs en el “precioso aljibe” porque “estaba muy entusiasmado con rehabilitarlo” y no consideró necesario solicitar una nueva. Rosa declaró que el restaurante “apenas estuvo en funcionamiento” y que lo cerró “antes de que nadie le dijera nada”. Sin embargo, fue el Ayuntamiento de Yaiza quien forzó a clausurarlo porque “no tenían autorización”, tal y como señaló la exalcaldesa de Yaiza Gladys Acuña, condenada por los delitos de prevaricación y contra el territorio dada su implicación en este mismo caso. 

En el interrogatorio, el empresario también confesó que desde el primer momento fue el promotor de la construcción de Stratvs, a pesar de que en las solicitudes de las licencias apareciera el nombre de Piedad del Río Sendino, pareja del arquitecto Armas, como promotora. Además, admitió que presentó alegaciones al informe desfavorable (y que luego fue favorable) emitido por el entonces jefe de Ordenación Urbanística del Gobierno de Canarias Faustino García Márquez porque “no era justo que no permitieran esa edificación”.

Los técnicos del Ejecutivo aseguraron en su declaración como acusados que no notificaron a la promotora sobre la resolución de este informe. Sin embargo, la Fiscalía afirma que el empresario tenía constancia de las conclusiones porque fue informado “por mensajería privada”. “No lo recuerdo”, respondió él. 

“Soy muy sensible con el medio ambiente”

Entre los distintos delitos de los que se acusa a Juan Francisco Rosa, se encuentran delitos contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes y por la excavación y extracción con afectación al Espacio Natural Protegido, delito de hurto de bienes de valor histórico y contra el Patrimonio Histórico. Interrogado por la Fiscalía acerca de si considera a La Geria un Espacio Natural Protegido, el empresario ha respondido que “sí, igual que a Timanfaya o a cualquier calle de Arrecife. Yo estoy muy sensibilizado con el medio ambiente”, apuntó.

Además, insistió en que la vivienda que se rehabilitó para después construir el complejo Stratvs estaba “totalmente abandonada, como si fuera un vertedero”. “Qué pena que si era un lugar protegido las administraciones no lo cuidaran”, lamentó. Preguntado por su defensa, el letrado José Antonio Choclán, Rosa explicó que dispone de 43 hectáreas en La Geria, adquiridas a bajo precio, y donde mantiene el sistema de cultivo basado en los zocos propios de la zona por el “interés familiar por la vid que ha heredado”.

En el momento de la compra, asegura, “no había picón, sino piedra caliza”, porque el primero de estos recursos solo se mantiene en zonas llanas y sus terrenos cuentan con desniveles. En cuanto a las excavaciones, Rosa también Rosa puntualizó que extrajo 10.000 metros cúbicos de recursos y escombros que fueron después trasladados a terrenos de su propiedad.

Respecto a los vertidos contaminantes derivados de la actividad de su bodega, Rosa asegura que mientras la bodega estaba abierta, su hija hacía análisis mensuales de la calidad del agua que se trasladaban con posterioridad al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote. Según el empresario, las muestras daban resultados “fantásticos, fabulosos y ejemplares para el resto del municipio” y el agua era apta. Sin embargo, la Fiscalía planteó que solo constan tres análisis al Consejo Insular de Aguas. 

El Ministerio Fiscal también atribuye a Rosa un delito continuado de estafa en grado de tentativa por presentar documentos en los que se asegura que el proyecto urbanístico sobre suelo rústico se levantará en una finca distinta a la real y peor valorada. Mismo documento que presentaría a los bancos para obtener créditos de 3 millones de euros, en el caso del obtenido por el BBVA. “Nunca tuvimos problemas para pagarlo, de hecho lo liquidé cinco años antes de lo previsto”, apuntó. La inclusión de una finca distinta ha sido calificada por Choclán como un “error parcial”, ya que la bodega está edificada sobre dos fincas distintas.

Las penas que la Fiscalía pide para Rosa son quince años de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo, multa de 77 meses con cuota diaria de cien euros y la prohibición de ejercer durante seis años cualquier profesión relacionada con la promoción inmobiliaria y turística o la construcción.

En esta tercera sesión celebrada en Lanzarote, también han declarado el entonces gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote José Juan Hernández Duchemín, y el funcionario del catastro de Yaiza Blas Noda. El juicio se reanudará el 11 de febrero en Arrecife.