Costas desarma los planes de edificación en la joya urbanística de Lanzarote, el Islote del Francés

Ni edificios residenciales de siete plantas, ni grandes superficies comerciales. El último expediente de Costas tumba los planes de construcción que los propietarios del Islote del Francés, Lanzarote, tenían previstos para la joya urbanística más disputada y codiciada de Arrecife. El Ministerio para la Transición Ecológica publicó el pasado 3 de octubre un nuevo plano que extiende a la totalidad de la pieza de suelo la superficie afectada por la servidumbre de protección, de acuerdo con la Ley de Costas de 1988 que establece que dicha herramienta legal “imprescriptible” “recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar”, ampliando los 20 establecidos en el deslinde anterior.

El jefe de gabinete de Presidencia del Cabildo insular, Carlos Espino, explica que esta resolución “no implica expropiación”. Sin embargo, desde su punto de vista, el Islote “acabará siendo dominio público”. Fuentes conocedoras del expediente revelan que “se abre ahora la posibilidad de que Costas comience un proceso de expropiación porque el valor de la pieza sin derecho edificatorio sería una cantidad poco significativa”.

Por su parte, Jaime Cortezo, promotor urbanístico y dueño del Islote, insiste en que una sentencia firme del Tribunal Supremo que data de 1993 “declara el suelo como urbano”. “Eso indica que la anchura de servidumbre es de 20 metros”. Cortezo ha asegurado a este periódico que la pieza de suelo “es edificable siempre, lo único que cambia son los usos”. Asimismo, añade que el expediente de Costas “prohíbe el uso residencial, pero sí dejará hacer uso comercial, industrial u hotelero. Si solicitamos que quede adscrito a la Autoridad Portuaria, también podrán darse todos los usos relacionados con los puertos”.

El conflicto sobre el Islote del Francés soporta sobre sus espaldas más de 20 años de desacuerdo entre administraciones, propietarios y sociedad. El promotor, en una entrevista radiofónica, señaló a los colectivos ecologistas y la Fundación César Manrique (FCM) como líderes de una corriente de opinión contraria a cualquier edificación en ese suelo. “La Fundación, que parece una sucursal del PSOE, se permite el lujo de opinar sobre lo que los empresarios canarios podemos construir en nuestros solares”, valoró. Por su parte, la FCM ha preferido no hacer declaraciones al respecto.

Las controversias sobre la posibilidad de sustituir una de las zonas vírgenes de la Isla por un “mamotreto” abrió la opción de trasladar los derechos de edificación de Cortezo a otra zona de la Isla, pero no prosperó. Hasta ahora, el bloqueo derivado de una falta de convenio suponía para el Ayuntamiento de Arrecife una acumulación de intereses sobre el empresario al no definirse el uso del suelo. Sin embargo, según Carlos Espino, la ampliación del deslinde y la consecuente reducción de la capacidad de edificación, reduce el valor económico del Islote. “Costas dice que ahí no hay suelo. Antes cabía el debate sobre qué se podía construir, porque el concepto de suelo urbanizable abarca todo (apartamentos, hoteles, viviendas…), pero ahora ya no”, añade Espino.

La propuesta de Astrid Pérez en su candidatura a la Alcaldía se centró en la “necesidad de recuperar el Icono del Islote del Francés [...] para construir un edificio emblemático en altura, un sello que distinga nuestra ciudad, y dejar el 80% del suelo restante para uso público”. “Firmaré, con absoluta transparencia, un convenio con la propiedad del Islote del Francés para permitir que Arrecife cuente con una gran bolsa de suelo público a coste cero para las arcas municipales”, añade. “De este modo [...] recuperaremos un importante espacio de nuestra marina para dotar a la capital del mejor Parque Marítimo Urbano de toda Canarias”.

Sin embargo, la Corporación municipal ha señalado a este periódico que “poco tiene que hacer” hasta que no concluya la tramitación del nuevo expediente publicado por Costas, que puede prolongarse “hasta dos años”. “El suelo es nuestro, cuando lo paguen y sea de ellos, podrán hacer lo que quieran. Esto solo sirve para pagar más intereses, que computan desde marzo de 2011 y que ya superan el 34%. Cuando empiecen a pagar superará el 50% y cobraremos el 80%. Después, llevaremos a los tribunales el 20%”, advierte Cortezo.

El abogado y presidente de la plataforma Transparencia Urbanística, Javier Díaz-Reixa, considera que edificar en el Islote del Francés es “un auténtico disparate” y que “el interés particular nunca debe estar por encima del general”. Asimismo, el jurista explica que el Plan General de Ordenación Supletorio de Arrecife debe revisarse al ser previo al nuevo pronunciamiento del Estado. En este documento, se contempla la posibilidad de edificar, pero con algunas condiciones: reservar, al menos, el 50% del suelo a usos con acceso público y “preferentemente libres de edificación”, mantener la continuidad visual del paisaje desde el Charco de San Ginés y la “preservación de los valores en presencia”. Asimismo, se refiere al Islote como “punto referente de la ciudad” por su ubicación cercana al puerto de Arrecife y entrada de grandes cruceros, “por lo que las soluciones edificatorias resultantes deben ser de calidad, de arquitectura singular”.