El empresario más influyente de Lanzarote vuelve al banquillo de los acusados por la construcción de un complejo turístico en un Espacio Natural Protegido

El empresario Juan Francisco Rosa y nueve acusados más, entre ellos exmiembros del Gobierno de Canarias, vuelven este lunes a sentarse en el banquillo de los acusados tras el parón que la pandemia de la COVID-19 provocó en la actividad judicial. El juicio del caso Stratvs, que juzga la construcción de una bodega turística en el Espacio Natural Protegido de La Geria, Lanzarote, se reanuda este 22 de junio con la declaración de siete testigos. Entre ellos están el técnico medioambiental Andrés Curbelo y el jefe de la asesoría jurídica del Cabildo insular, Pedro Fraile. Además de ellos, están citadas la arquitecta Ana Isabel Díaz, Vicente Bencomo, Pilar Gómez, Miriam Bautista, María Sol Orgaz,

Para Rosa, la Fiscalía pide quince años de prisión por los delitos de falsedad en documento público, delito continuado de estafa en grado de tentativa, delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes y por la excavación y extracción con afectación al Espacio Natural Protegido, delito de hurto de bienes de valor histórico, delito de usurpación y contra la ordenación del territorio, y contra el Patrimonio Histórico. El empresario ya declaró en enero de 2020, asegurando que era un fiel defensor del medio ambiente y que solo se construyeron 500 metros más de los autorizados para la bodega Stratvs. Por su parte, el informe pericial establece que, frente a los 900 metros aprobados en licencia, se construyeron 12.000. El arquitecto del complejo turístico, Miguel Ángel Armas Matallana, también coincidió en que la edificación superaba “muy poco” el espacio legal permitido y que había sido levantada antes de que tuvieran la autorización.

La defensa del principal acusado del caso Stratvs, José Antonio Choclán, y la letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, Ana María Quintana, insistieron en las primeras sesiones del juicio en que La Geria no era un Espacio Natural Protegido de Lanzarote, una declaración otorgada en 1987 pero que califican de “inoperante” por no haber sido recogida en un Plan de Ordenación de Recursos Naturales en el plazo de un año. El Ministerio Fiscal y la Acusación Particular rebatieron que la designación de La Geria como espacio natural está protegida por la Comunidad Económica Europea y, por tanto, “debe prevalecer el Derecho Comunitario”.

Tres antiguos técnicos del Ejecutivo regional también están siendo investigados en esta causa: los exjefes de Ordenación Urbanística Faustino García Márquez y Armando Villavicencio y el exdirector general de Urbanismo Juan César Muñoz. Los tres coincidieron en que se firmaron informes favorables a la edificación de la bodega a pesar de que el proyecto contuviera supuestas irregularidades por “falta de tiempo” y “volumen de trabajo”.

Los denunciantes, miembros de la asociación insular Transparencia Urbanística, lamentaron en su intervención en el juicio la “impunidad” de Juan Francisco Rosa en Lanzarote, señalando su influencia en las administraciones públicas de la Isla como el Cabildo insular, en especial, durante el mandato del expresidente Pedro San Ginés (CC), a quien invitó a la inauguración de la bodega en 2008 junto a otros dirigentes políticos. Además, apuntaron que la tierra que se extrajo de La Geria terminó en la vivienda particular del empresario para levantar muros. San Ginés también fue citado como testigo del caso en febrero. La Fiscalía centró su interrogatorio en cuestionar el interés del expresidente en desbloquear la bodega tras su cierre por las irregularidades en su construcción. El político firmó dos informes periciales judiciales que estudiaron las posibilidades de legalizar el complejo.

Los propietarios de las tierras donde se construyó Stratvs aseguraron ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas también en febrero que Juan Francisco Rosa pagó los terrenos quince años después de que comenzaran las obras, ya que cuando empezó a levantar la bodega les dijo que “no tenía dinero para pagarles”. Estas reformas, que fueron autorizadas solo para rehabilitar una vivienda propiedad de la familia de Miguel Ángel Armas Matallana, terminaron en un inmueble “totalmente nuevo” con restaurante, aparcamientos e incluso sala de exposiciones. Además, en la solicitud de licencia aparece como promotora la pareja del arquitecto, Piedad del Río Sendino, y no su promotor real: Rosa.

Además de esta edificación, según la Fiscalía y agentes del Seprona que declararon como testigos, en Navidad fueron destruidos varios zocos para levantar un Portal de Belén de gran tamaño con un sendero para que los turistas pudieran visitarlos. “Había farolas y un camino para que los turistas lo visitaran”, señaló un agente. Además, también se levantó una cueva de gran tamaño con piedras importadas para poner las figuras principales.

Aguas residuales

Cinco agentes del Seprona también declararon que el olor de las aguas residuales vertidas desde la bodega Stratvs tenían un “olor nauseabundo” y se filtraban al Espacio Natural de La Geria: “El sistema de gestión de aguas residuales era totalmente ineficaz”. Otra de las conclusiones del informe elaborado por los agentes sostiene que las aguas de Stratvs son susceptibles de dañar el dominio público hidráulico. Interrogados por la defensa de José Juan Hernández Duchemín, entonces gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote y acusado de un delito contra el Medio Ambiente en su modalidad de prevaricación medioambiental por autorizar vertidos contaminantes, los agentes justificaron que se trata de dominio público porque su gestión dependía directamente de este organismo.

.