La bodega Stratvs está “incrustada” en el Espacio Natural de La Geria y mide más de lo autorizado, según los peritos

La bodega Stratvs del empresario Juan Francisco Rosa está “incrustada” en una montaña del Espacio Natural Protegido de La Geria y lo construido “no se corresponde con lo autorizado”. La arquitecta del Ayuntamiento de Yaiza Ana Isabel Díaz y el ingeniero de Obras Públicas de la misma corporación Vicente Bencomo han descrito de esta forma al complejo turístico en su declaración como testigos del caso Stratvs, que juzga la edificación de una industria vitivinícola en medio de un paisaje protegido. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha reanudado el juicio este lunes 22 de junio en Arrecife, Lanzarote, después del parón en las sesiones provocado por el estado de alarma.

Los peritos han apuntado también que la obra “de aproximadamente ocho o nueve metros de altura”, que en un primer momento se presentó ante las administraciones públicas como la rehabilitación de una vivienda abandonada de 900 metros para la creación de un almacén-bodega, cuenta ahora con un restaurante, una sala de exposiciones, una tienda, aseos, una cocina y sala de máquinas. La zona de la bodega, según las mediciones de la arquitecta, ocupa una superficie de 1.291,83 metros cuadrados. 

Una inspección truncada por Rosa

Tanto la arquitecta como el ingeniero recibieron la orden por parte de la entonces alcaldesa del Ayuntamiento de Yaiza, Gladys Acuña, de hacer una inspección en la bodega Stratvs. Ambos acudieron al complejo sin avisar en compañía de un agente de la Policía Local y dos técnicos más de la corporación municipal. La visita la realizaron en compañía de un trabajador del complejo. Sin embargo, una llamada de Juan Francisco Rosa al empleado que les acompañaba hizo que finalizara la inspección, y tuvieron que volver pocos días después. 

Ana Isabel Díaz apuntó que tampoco existía acta de replanteo, un documento que permite identificar el lugar exacto en el que se va ubicar la construcción. Asimismo, no hubo comunicación del inicio de la obra ni se presentó un proyecto que detallara la construcción que se iba a edificar finalmente. “A veces no es necesario presentar un informe del proyecto si este coincide con el mismo que se dio para obtener la licencia. Si el proyecto de ejecución tiene grandes distinciones respecto al original, sí hace falta”. 

Preguntada por la defensa del arquitecto acusado Miguel Ángel Armas Matallana, la perito respondió que la zona de la bodega “no tiene un fuerte impacto visual”, ya que la parte autorizada está soterrada. Además, añadió que era muy “confusa” la legislación aplicable a ese suelo.

La antigua jurista del Servicio de Patrimonio Histórico, Pilar Gómez Cortés, en su declaración como testigo insistió en que para la plantación de tres palmeras junto al complejo se destruyeron varios zocos. Se trata de muros de piedra colocados en semicírculo en torno a las viñas para protegerlas del viento. Un método de cultivo propio de este Espacio Protegido. “Cuando en Patrimonio se utiliza la palabra destrucción, quiere decir que lo que se ha hecho es muy grave, porque consideramos que se trata de un daño irreversible”, destaca. Además, Gómez añadió que a esta infracción había que sumar que se había hecho sin autorización. 

El jefe de la asesoría jurídica del Cabildo insular, Pedro Fraile, declaró que para la plantación de las palmeras, una de las condiciones era mantener los zocos y otra no realizar movimientos de tierra, una actividad que no está permitida en este tipo de espacios. Sin embargo, luego recibieron la notificación de que se había levantado una cueva, un molino, un poste e incluso una fuente. 

Análisis de aguas pagado por BTL Lanzarote

Miriam Bautista y María Sol Orgaz, que entonces formaban parte de la empresa Consultores y Ensayos Entre Islas, explicaron que la empresa acusada en el caso Stratvs BTL Lanzarote, propiedad de Juan Francisco Rosa, se dirigió a la compañía para solicitar un análisis de muestras de aguas residuales recogidas por miembros de la propia empresa. “Es el cliente el que pide los parámetros que quiere analizar y a quien se le pasa la factura”, señalaron. 

En otras sesiones anteriores, cinco agentes del Seprona declararon que el olor de las aguas residuales vertidas desde la bodega Stratvs era “nauseabundo” y se filtraban al Espacio Natural de La Geria: “El sistema de gestión de aguas residuales era totalmente ineficaz”. Otra de las conclusiones del informe elaborado por los agentes sostiene que las aguas de Stratvs son susceptibles de dañar el dominio público hidráulico. Interrogados por la defensa de José Juan Hernández Duchemín, entonces gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote y acusado de un delito contra el Medio Ambiente en su modalidad de prevaricación medioambiental por autorizar vertidos contaminantes, los agentes justificaron que se trata de dominio público porque su gestión dependía directamente de este organismo.