Agricultura ya acumula un retraso de casi seis años para pagar ayudas por los temporales de 2010
Son casi seis años; sí, seis años a poco de cumplirse… En esos casi seis años, el periodo que ha transcurrido desde la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de los decretos 12/2010 y 21/2010 (ambos de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por los temporales de los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de ese año, el primer decreto, y del 15 y 16 de ese mismo último mes y ejercicio, el segundo), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, como ahora se denomina y que lidera Narvay Quintero (de AHI-CC), no ha tenido tiempo ni recursos económicos para resolver las peticiones de los agricultores y ganaderos de Canarias que se vieron afectados por esos días de fuertes precipitaciones y vientos y que además, acogiéndose a lo establecido por los mencionados decretos, solicitaron apoyo público a la Comunidad Autónoma con el objeto de reparar los daños que entonces se ocasionaron en sus producciones e infraestructuras agrarias.
Pese a que, como ha quedado demostrado en este caso, el Gobierno de Canarias y sus departamentos autonómicos no cumplen todos los compromisos adquiridos, esta misma semana, tras los fuertes destrozos producidos por una borrasca en Gran Canaria y el resto de islas orientales, se ha vuelto a poner en marcha la máquina de proclamar más apoyos públicos para echar una mano y reconstruir lo que se llevó por delante la tromba de agua, también en el sector agrario de esas islas, por cierto no muy afectado. Lo que aún no se sabe con exactitud es si la resolución de las ayudas que se soliciten a partir de la publicación de la nueva convocatoria específica va a tener que ponerse a la cola y esperar, como ocurre con las equivalentes por los temporales de principios de 2010, casi seis años; cerca de seis, que se dice pronto.
Aquella vez, en enero y febrero
En el caso de Tenerife, por los temporales de enero y febrero de 2010, ya han pasado mucho más de cinco años desde que se presentaron las solicitudes correspondientes de petición de apoyo público y aquí, por ahora, todo ese tiempo después, nadie dice nada y el apoyo comprometido no aparece por ningún lado, que es lo peor y en lo que no repara la Consejería de Agricultura.
Solo se sabe que ese mismo departamento autonómico hizo un intento de pago a finales del año 2013, acción que no llegó a consolidarse, otra vez más, con el argumento de la falta in extremis de recursos económicos.
Los temporales de lluvia y viento de los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2010, más el siguiente del 15 y 16 de ese mismo mes y año, ocasionaron cuantiosos destrozos en el campo de las Islas, en especial en los territorios más occidentales.
El impacto negativo de esas intensas y continuas precipitaciones (más el viento) en explotaciones agrícolas y pecuarias de Canarias, en especial en Tenerife, propició que el Consejo de Gobierno dictara los decretos 12/2010 y 21/2010, que, por lo que se ve, casi seis años y medio después y pese a sus rasgos de “urgentes” elementos reparadores, no han servido para aliviar el impacto económico sufrido por los profesionales del sector agropecuario local.
Como parece que ya es norma habitual, la razón de que aún no se haya pagado con cargo a esas convocatorias de apoyo público (al menos para lo que los decretos recogían dentro del epígrafe Producciones e infraestructuras en el sector agrario) guarda relación, como era de esperar, con la escasez de recursos económicos que afecta a la Consejería de Agricultura (y a todo el Gobierno autonómico), que, de seguir con el actual olvido, seguro que batirá un récord Guinness a la mala gestión pública.
Sin noticias del gestor público
En todo este tiempo transcurrido, lo único positivo que se ha apreciado en la Consejería hoy regida por Narvay Quintero respecto a este problema ha sido la puesta en orden de todos los expedientes a finales de 2013, en lo que entonces se consideró un intento de pagar las ayudas pendientes y tan esperadas por los beneficiarios potenciales, hoy más hartos de tanto infortunio y de tan nula eficacia administrativa.
Mientras en la Consejería de Agricultura sus gestores ven qué hacen con esta papa caliente, de las que ya queman mucho, hay agricultores y ganaderos locales que siguen cruzados de brazos a la espera de noticias, sobre todo por si alguien es capaz de decir qué, cómo y en qué cantidades se pretenden reparar los daños ocasionados en producciones y estructuras agrarias isleñas por la intensa lluvia y viento de principios de 2010. Es lo que dicen y a lo que obligan los reseñados decretos, aunque tenga que ser casi seis años después…
