Esto es lo que pierde Canarias tras el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2019

El rechazo a los Presupuestos Generales del Estado de 2019, rubricado este miércoles en el Congreso con las enmiendas a la totalidad presentadas por Coalición Canaria, Partido Popular o Ciudadanos, cancela el aumento del gasto global del Estado en el Archipiélago de 416 millones de euros (partidas no nominadas) y el incremento de 339 millones de euros en inversiones directas en las islas (partidas nominadas) en comparación a la Ley de Presupuestos de 2018, que se mantiene prorrogada.

Coalición Canaria (CC) ha sostenido su rechazo a las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez principalmente por no incluir las medidas recogidas en el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) y en el Estatuto de Autonomía, especialmente referidas a situar al Archipiélago por encima de la inversión media por habitante, pues la formación nacionalista afirma que el Archipiélago presenta un déficit en este sentido.

De hecho, la diputada de CC, Ana Oramas, justificó el rechazo de su partido porque “se han recortado los acuerdos de las cuentas de 2018”, que cifra en más de 300 millones de euros, “y se han reducido las partidas para los presupuestos de 2019”, en el apartado de partidas nominadas en comparación a las del año anterior. También ha sostenido que se “vulneran el Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal”. Por ello, defendió que “lo mejor para Canarias sería que no salieran adelante y se prorrogara el anterior”.

Sin embargo, otro de los argumentos esgrimidos por Coalición Canaria para defender su rechazo en los presupuestos se basaba en la acusación sin pruebas de que el Gobierno central desviaba fondos pertenecientes al Archipiélago para Cataluña, sin embargo, tanto el PDeCat como Esquerra Republicana han rechazado también las cuentas de 2019.

Además, el Ejecutivo central se comprometió a corregir con las enmiendas la corrección del artículo 64 del proyecto de ley, para que la reforma del Impuesto de Sociedades, recogida en el artículo 65, no afectase a la deducción por inversiones, en producciones cinematográficas y audiovisuales, por gastos en I+D+i y por la creación de empleo, respetando el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Esto hubiese supuesto una ventaja para el Archipiélago porque consolidaba un diferencial fiscal más claro y más favorable del reflejado en las cuentas de 2018 y, por otro lado, con la bajada del 25 al 23% del tipo del impuesto de Sociedades a aquellas empresas que facturaran menos de un millón de euros se hubiese beneficiado al 80% de las entidades en las islas, es decir, se habrían ahorrado un 8% de su factura fiscal.

Aí lo anunciaron tanto el secretario general de los socialistas en Canarias, Ángel Víctor Torres, como el presidente de Nueva Canarias, Román Rodriguez, quien considera que el “derribo” de los presupuestos es “malo” para las islas, porque supone perder muchos recursos para el Archipiélago. En este sentido también se pronunció UGT en Canarias, pues tras analizar cuentas concluyó que suponían un “giro social” beneficioso para la autonomía.

Y es que el aumento en mas de 400 millones de euros de la inversión en el sistema de financiación, que se entrega a la administración regional sin regla de gasto para invertir en educación, sanidad o políticas sociales, queda en el limbo. También se pierde el incremento en dos millones de euros de la financiación estatal directa en puertos o aeropuertos.

Las subvenciones con las que el Estado aumentaba la bonificación al transporte aéreo de personas, de 255 a 328 millones de euros, así como el transporte marítimo, de 63,3 a 85 millones. Los fondos que el Estado destinaba a Canarias por cuestiones fijadas en el REF ascendía a 152 millones de euros más que en la Ley de Presupuestos de 2018.

Por otro lado, se producía un incremento significativo en las partidas no nominadas. Las ayudas a la dependencia en Canarias aumentaban en más de 20 millones de euros respecto a las cuentas de 2018. Las becas, ayudas al estudio y libros de texto se incrementaban en 30,8 millones de euros. Tampoco tendrán las islas los 15 millones de euros que el Gobierno central destinaba para vivienda; el Archipiélago no tendrá los 10 millones de euros para luchar contra la violencia de genero, o los 10,2 millones de euros que suponían un incremento del permiso de paternidad hasta las ocho semanas.

Sin embargo, cabe destacar que hay medidas incluidas en los presupuestos que han sido aprobadas por decreto-ley, como la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros o el aumento de todas las pensiones un 1,6%, así como un incremento del 3% de las mínimas y no contributivas.