El presupuesto de Canarias de 2025 ascenderá a 11.678 millones de euros, un 3,3% más

El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025 ascenderá a 11.678,2 millones de euros, 376 millones más que el de 2024, lo que supone un incremento del 3,3%.

Así lo ha avanzado tras la reunión del Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, acompañado de la consejera de Hacienda, Matilde Asián.

Cabello ha hecho hincapié en que las cuentas de la Comunidad Autónoma dan prioridad al gasto social, incluido el acceso a la vivienda, y que están orientadas, en definitiva, en “poner a las personas en el centro de las políticas” del Ejecutivo regional.

Ha subrayado también que todas las administraciones públicas deberían aprobar unos presupuestos, “o al menos intentarlo”, y ha hecho votos por que el Gobierno de España saque adelante los de 2025 para que “las incertidumbres” que marcan las cuentas canarias “puedan ser despejadas” y éstas puedan verse mejoradas.

Matilde Asián ha remarcado esa incertidumbre por la falta de presupuestos estatales, pero ha añadido que, si salen adelante, puede haber una ampliación de las partidas para Canarias.

La consejera ha insistido en que en las cuentas para 2025 el Ejecutivo regional ha priorizado garantizar la sostenibilidad del gasto social, con un enfoque especial en sanidad, educación, bienestar social y acceso a la vivienda.

Ha subrayado al respecto las exenciones fiscales para arrendamiento y compra de viviendas, para incentivar la puesta en el mercado de viviendas vacías y para acometer obras de reforma en las casas para alquilar.

El Gobierno de Canarias ha elaborado sus cuentas, que ahora serán remitidas al Parlamento para su tramitación, haciendo énfasis en cumplir con la estabilidad presupuestaria, la deuda pública, la regla del gasto y el saldo estructural, si bien se desconoce la senda de consolidación fiscal que se aplicará en 2025.

Se ha decidido contar con el plan presupuestario 2023-2027, en el que se exige un superávit del 0,1% para las comunidades autónomas, y en el caso de Canarias estará cerca en el 0,2%.

En las previsiones macroeconómicas, el Gobierno trabaja con una desaceleración del crecimiento del PIB en 2025 hasta un 1,9% en términos reales, frente al 3,3% estimado para 2024, con una inflación media anual del 2,5%, mientras que la tasa de paro bajará una décima el próximo año, del 14,4% al 14,3 % de la población activa.

La deuda pública estará en el 11,4% del PIB (unos 6.620 millones de euros).

En cuanto a los ingresos, se ha calculado “con cautela” los anunciados por el Gobierno de España para financiar las comunidades autónomas en julio pasado.

Respecto a los ingresos por el bloque de financiación canaria, fondos procedentes de los impuestos propios como el IGIC, serán en 2025 de 2.675 millones de euros, frente a los 2.500 millones de este año.

A la vez, bajarán los fondos de la Unión Europea procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que se refleja en descensos presupuestarios en algunos departamentos y políticas, entre ellas la de aguas y la de ciencia.

En cuanto a la reducción de un 16% en el presupuesto de obras públicas, está relacionado con que las anualidades del convenio de carreteras financiado por el Estado es variable año a año.

En general, la prioridad por el gasto social y por la promoción del acceso a la vivienda se hace en detrimento de otras políticas como las de reactivación económica, ha dicho Asián.

La consejera ha destacado que en las deducciones para el IRPF se amplía el número de perceptores hasta el 80 % de los contribuyentes, ya que antes estaban limitadas a 38.000 euros en la base liquidable y se amplía en 45.500 en las declaraciones individuales y a 60.500 en las conjuntas.

En términos absolutos, la sanidad crece en 220,81 millones de euros (5,04% más), la acción social en 63,65 millones y la educación en 63,27 millones (2,93 % más), mientras que en términos relativos crecen más industria y energía (30,7%), cooperación y relaciones exteriores (16,5%) y vivienda (13,1%).

Otra de las novedades es la ampliación a Fuerteventura y Lanzarote de la bonificación de los combustibles que se aplica en las islas verdes siempre que la media de precios supere a los de las islas capitalinas.

A la vez, se abre la posibilidad a los cabildos para que, si lo estiman oportuno, recarguen los combustibles con hasta dos céntimos el litro para financiar programas de lucha contra el cambio climático.