El Cabildo de Gran Canaria valida la gestión del Instituto Risco Caído con la abstención de la oposición

El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este viernes con 19 votos a favor y seis abstenciones la forma de gestión de las competencias insulares del Instituto Risco Caído que, según asegura la oposición, requiere de informes de la asesoría jurídica.

El grupo de Gobierno (NC-PSOE-Unidas Podemos) ha desestimado las enmiendas presentadas por el PP, Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria en lo relativo al Instituto Insular para la gestión integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Risco Caído.

En ellas, la oposición proponía elevar el número de miembros del Consejo de Administración de nueve a 11, pues aunque incluirá a un representante de la oposición en él, no contará con uno de cada grupo.

Además, el gobierno de la corporación ha descartado la opción de reunir el consejo de forma trimestral, aprobando que sea convocado cada seis meses con la posibilidad de reuniones extraordinarias. En este sentido, se ha creado su reglamento y un órgano especializado sin personalidad jurídica que trabajará con personal funcionario o laboral del Cabildo.

El portavoz de Ciudadanos, Ruymán Santana, ha valorado que se añadiera parte de las solicitudes de la oposición, ya que incorporará a uno de sus representantes.

Para Santana ello favorecerá “una gestión más transparente” y ha celebrado que se les escuche “para mejorar y no para responder”, como un “paso en una buena dirección”.

En cambio, el portavoz de Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha explicado la abstención de su grupo al considerar que la estructura de gestión “es un lío competencial”, que no “cumple con garantías”.

Como ha recordado, los jefes de servicio solicitaron un informe completo sobre el expediente y “mientras los jefes de servicios tengan dudas” su grupo prefiere la abstención.

En la misma línea ha opinado la portavoz del PP, Aurora del Rosario, que ha defendido que “hay errores que no se solventan”, como el paso de fundación a instituto, el rechazo a ampliar el número de miembros del Consejo y la periodicidad de sus reuniones.

Como ha adelantado, “los errores se verán con el tiempo y la ocupación de los cargos”, ya que aunque “se han solicitado informes” parece “una gestión hecha a medida”.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, ha informado de que la asesoría jurídica “visó” el expediente dándolo por válido, lo que exime al órgano de los informes solicitados, ya que de esta forma “se tienen las mismas garantías”.

En cuanto a la negativa a ampliar el número de miembros del Consejo de Administración, ha hecho hincapié en la necesidad de “incluir un cuerpo técnico”, que sería imposible en el caso de añadir un portavoz por grupo.