En Canarias se espera más de dos años por la atención a la dependencia, la demora más alta del país
En Canarias se espera más de dos años para que se tramite el expediente de reconocimiento de la Ley de Dependencia. Es decir, unos 785 días de demora, la más alta de todo el país. Unos datos que contrastan con la media del Estado, cuya demora es de 426 días y que se aleja de comunidades autónomas como País Vasco (137) o Navarra (155).
Se trata de datos que ha desvelado este mismo jueves un nuevo informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. En esta comunidad autónoma aún esperan por esta resolución 9.013 personas, una cifra que se encuentra estancada, según datos oficiales publicados por el IMSERSO y que corresponden al pasado mes de noviembre.
Actualmente, 23.967 personas son atendidas en las Islas en el marco de esta ley pero aún esperan por algún tipo de trámite. Además, 14.954 siguen esperando por la valoración de grado de dependencia.
Estos plazos evidenciados por este nuevo informe son tachados de “desesperantes” por la asociación. En el conjunto del Estado, en 2019 el número de personas en espera de algún procedimiento se ha incrementado en más de un 10% alcanzando actualmente la cifra de 423.000 expedientes en tramitación.
El borrador de la nueva estadística del IMSERSO es fruto del compromiso de transparencia integrado en el Pacto de Estado por la dependencia. Con motivo de la Comisión Delegada del Sistema celebrada el 2 de octubre de este año, el IMSERSO remitió a las Comunidades Autónomas el borrador de la nueva estadística del SISAAD que añade como novedad el tiempo de demora.
El informe destaca que los motivos de estos “impresentables retrasos”, después de trece años de implantación de la Ley, son múltiples pero destaca dos: los recortes sufridos en los últimos años. “Lo realmente increíble es que, gracias a la alarmante incapacidad política generalizada, a la falta de voluntad decidida y a la consiguiente ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el colapso del sistema y la violación de derechos están ahí”.
Por otro lado, también destaca que “el disparatado y proceloso entramado burocrático” que se “convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios”.
La consecuencia más injusta de este sistema y de esta demora es el número elevado de personas que fallecen sin recibir la ayuda a pesar de que tienen derecho a ella. Según los datos de la asociación, 85 personas fallecen al día sin haber sido amparada por este derecho a la Ley de Dependencia.
“Otra consecuencia es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres ya que otro dato interesante de los ofrecidos es que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas. Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes”, subraya el informe.
