Canarias propone gratificaciones de entre 750 y 1.800 euros para sanitarios por el esfuerzo durante la crisis de la COVID-19

La dirección del Servicio Canario de Salud (SCS) presentó este lunes, en el marco de una convocatoria extraordinaria de la mesa sectorial, una propuesta para iniciar la negociación con los sindicatos sobre las medidas de reconocimiento a los trabajadores que han ejercido durante el estado de alarma decretado como consecuencia del avance y desarrollo de la COVID-19.

En este documento, Sanidad plantea gratificaciones extraordinarias para 16.242 profesionales de un organismo autónomo que cuenta con una plantilla de aproximadamente 31.000. Las cuantías de estos complementos oscilan entre los 750 y los 1.800 euros para los 14.785 sanitarios incluidos en este primer documento de trabajo y de entre 500 y 750 euros para 1.457 profesionales no sanitarios. Las cantidades varían en función de las categorías de sus posibles beneficiarios y del grado de exposición al virus, esto es, de la participación que hayan tenido (directa o indirecta) en las actuaciones con pacientes infectados o en riesgo de contagio durante la crisis. Esta primera propuesta del SCS acarrea un coste de 18,8 millones para las arcas públicas.

El documento presentado a los representantes sindicales poco antes de la reunión de este lunes, la última a la que asistió el consejero interino saliente, Julio Pérez, fija dos criterios para la inclusión de los profesionales en estas medidas de reconocimiento. El primero de ellos, haber trabajado en una de las siguientes cuatro áreas: Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI), Sala de Reanimación (REA), Quirófano por Cirugía Mayor Ambulatoria (QxCMA) o Unidad de Recuperación Post-Anestésica (URPA). El segundo, haber ejercido en planta, en hospital de día o en otras modalidades asistenciales con experiencia o especialidad en medicina intensiva. Los facultativos (grupo A1) que hayan actuado directamente con pacientes contagiados o en riesgo percibirían, según este baremo, 1.800 euros; los enfermeros (A2), 1.200, y los técnicos especialistas o auxiliares de enfermería, 1.000. En caso de que la participación haya sido indirecta, las cuantías se reducen hasta los 1.350, 900 y 750 euros, respectivamente. Para el personal de administración, la gratificación prevista es de 750 euros y para otros grupos profesionales no sanitarios, de 500.

El organismo autónomo ha solicitado a los sindicatos que aporten sus propuestas para estudiarlas y negociarlas en próximas convocatorias de la mesa sectorial de Sanidad, ya con su nuevo titular, Blas Trujillo, al frente. En el sector ha causado revuelo la exclusión en el documento presentado por el SCS de algunas especialidades o áreas de asistencia, entre otras las urgencias, la Atención Primaria o la inspección médica. También las diferencias retributivas entre categorías profesionales, una decisión que ya originó malestar en la primera comunidad que aprobó conceder estos pluses, Catalunya, donde los sindicatos calificaron la medida de “clasista”. Desde la Consejería canaria de Sanidad remarcan que el documento está aún en una fase inicial y que la propuesta está sujeta a modificaciones. En reuniones previas, algunos representantes de los trabajadores ya habían planteado la necesidad de negociar los términos de estas gratificaciones y de valorar la opción de destinar los fondos a dar estabilidad a las plantillas, a potenciar la sanidad pública con nuevas contrataciones y reducir así las derivaciones al sector privado.

El documento del SCS incorpora otras nueve medidas compensatorias. Además de ampliar en dos días el cómputo de jornadas de libre disposición a las que tiene derecho el personal del organismo autónomo, Sanidad propone, de cara al programa de incentivos profesionales que se pagará en 2021, que se le reconozca a todos los servicios un grado de consecución de objetivos del 100% durante el primer semestre de 2020 o durante todo el periodo en el que se extienda la emergencia. Aquellos días en los que los trabajadores hayan permanecido de baja (incapacidad temporal) tendrían la consideración de tiempo de trabajo efectivo.

La propuesta del Gobierno canario también afectaría a los procesos selectivos y de provisión de puestos. En el baremo de méritos, cada uno de los días de servicio prestados durante la COVID-19 se valorarían el doble y haber trabajado en las instituciones sanitarias en el periodo de vigencia del estado de alarma se reconocería como primera causa de desempate en estos procesos. Los trabajadores beneficiados con estas medidas tendrían preferencia para la concesión de permisos para asistir a congresos y seminarios o para ser incluidos en las acciones formativas de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN).

El documento entregado por la dirección del SCS aboga por incrementar las plazas en los servicios de prevención de riesgos laborales para “adecuar su dotación respecto al número de empleados y al tipo de riesgos existentes”, por instar al Gobierno central a suprimir la tasa de reposición de efectivos, y por no descontar a los representantes de los trabajadores las “horas sindicales” consumidas durante este periodo dada su colaboración en esta crisis.